Bolivia en la encrucijada : La crisis ética y moral bajo el regimen del MAS

 

Bolivia se encuentra hoy sumida en la más profunda decadencia moral y ética. Bajo el régimen del MAS de Evo Morales y sus secuaces, el país ha sido testigo de una escalada de corrupción, violencia, abusos sexuales y narcotráfico, que ha destruido los valores más básicos de nuestra sociedad. Lo que en su día fue una nación en busca de justicia y equidad, hoy se ha convertido en un escenario de impunidad, atropello, opresión, cinismo y muerte.

El propio Morales es ahora el símbolo de la corrupción. Desde hace años que se comenta sobre sus preferencias sexuales con menores de edad, un hecho que cualquier otra persona pagaría con la cárcel. Morales, sin embargo, ha gozado de impunidad, protegido por el aparato judicial que él mismo manipuló para sus intereses.

Este caso es solo la punta del iceberg de una corrupción que ha podrido las entrañas del Estado. Entre 2016 y 2023, más de 2,500 casos de violación y abuso sexual fueron registrados, y una gran parte de ellos quedaron impunes. La justicia en Bolivia es un fantasma, un aparato zombi corroído por el MAS, que prioriza la protección de los suyos antes que los derechos de las víctimas. ¿Dónde está la justicia para estas mujeres y niñas? ¿Dónde está la ética en una sociedad que permite que estos crímenes se multipliquen bajo la sombra de los poderosos?

Bolivia ha sido entregada en bandeja de plata a los cárteles del narcotráfico. En 2021, el excomandante de la Policía Nacional, Maximiliano Dávila, fue arrestado por sus vínculos con el narcotráfico internacional, el caso más sonado de una larguísima lista de autoridades vinculadas al narcotráfico, incluyendo militantes, dirigentes, concejales, diputados, senadores, viceministros, ministros y autoridades policiales y de justicia del MAS. La narcopolítica ha tomado el control del Estado, mientras los ciudadanos honestos viven con miedo.

La violencia contra las mujeres y los niños ha alcanzado niveles epidémicos. En 2023, más de 100 feminicidios sacudieron la nación, y la respuesta del gobierno ha sido poco más que discursos vacíos. El sistema judicial, completamente politizado y sumiso al MAS, no puede garantizar justicia para las mujeres que mueren a manos de una sociedad que las ignora.

Los niños tampoco han sido inmunes a esta ola de decadencia. En 2022, más de 4,000 casos de abuso infantil fueron registrados, la mayoría perpetrados por familiares cercanos. Pero en un país donde la impunidad reina y el gobierno se preocupa más por proteger a sus cómplices que por hacer cumplir la ley, estos crímenes han sido sistemáticamente ignorados.

El saqueo al Estado es otra marca indeleble de la gestión masista. Desde 2006 hasta 2024, varios casos de corrupción económica y saqueo al Estado marcaron la gestión.  Desde el “Fondo Indígena” hasta el “Evo cumple”, se desviaron millones de bolivianos destinados a proyectos sociales para comunidades indígenas entre 2010 y 2015, afectando a cientos de comunidades que nunca recibieron los beneficios prometidos sino sobreprecios, obras fantasmas y una gestión opaca de los recursos.

El desastre ecológico también ha sido una constante bajo la administración del MAS. Los incendios provocados que devastaron la Chiquitanía en 2019 y de nuevo en 2024 son una muestra más de la indiferencia criminal del gobierno. Más de cuatro millones de hectáreas de bosque fueron consumidas por el fuego, destruyendo la vida de comunidades indígenas y poniendo en peligro la biodiversidad del país. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada. Los responsables quedaron impunes, mientras el gobierno continuaba con su agenda de expansión agrícola sin freno ni conciencia ambiental.

Bolivia no puede continuar en este estado de decadencia. Se necesita una revolución ética y moral que devuelva a la nación sus valores fundamentales. El primer paso es una reforma integral del sistema judicial, para que la justicia deje de ser una herramienta al servicio del poder y se convierta en lo que debería ser: un escudo para los más débiles y una espada contra los corruptos.

Es imperativo también que se implementen políticas reales de protección para las víctimas de violencia, que se depure a las fuerzas de seguridad de los elementos corruptos y que se tomen medidas drásticas contra el narcotráfico y la corrupción. Solo un compromiso firme con la justicia, la transparencia y el respeto por la dignidad humana podrá salvar a Bolivia de esta catástrofe.

El MAS, con Evo Morales a la cabeza, ha traicionado a su pueblo. Bolivia merece algo mejor. Necesitamos una nueva era de integridad y decencia, una era en la que el gobierno sirva al pueblo, y no se sirva de él.

El mundo entero ha conocido lo que que era vox populi en Bolivia

 

El mundo entero ha conocido en los últimos días algo que era vox populi para los bolivianos, la afición del señor Evo Morales por las jovencitas, incluyendo en no pocos casos las menores de edad. Un secreto a voces dentro de las fronteras nacionales la noticia se volvió global así como las reacciones de censura y desaprobación, con obviamente excepciones como la del grupo de puebla que sin rubor ni vergüenza declaró que se trataba de un caso de “Lawfare” (guerra judicial políticamente motivada) a lo que el foro de Madrid respondió diciendo que el primero “avala delitos de pedofilia y trata y tráfico”

En Bolivia, el Código Penal establece que cualquier persona que tenga relaciones sexuales con un menor de 18 años, aprovechándose de una situación de superioridad o dependencia, comete el delito de “estupro”. Este delito está regulado en el artículo 309 del Código Penal boliviano y se considera un crimen en casos donde la persona mayor tiene una relación de poder o influencia sobre la menor, con penas de hasta 6 años de prisión. Adicionalmente, si se comprueba que la víctima era menor de 14 años, el acto se clasificaría como violación, un delito más grave con penas de hasta 20 años de prisión, según el artículo 308 del mismo código.

Morales no ha negado formalmente las acusaciones, después de todo el mismo expreso su deseo de retirarse al Chapare “con una quinceañera” y bromeó que cuando el “va a los pueblos, quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice Evo Cumple" entre muchas otras expresiones de machismo y humor mal entendido.

El acusado no puede desmentir las denuncias puesto que existen una infinidad de indicios, fotos, certificados de nacimiento, videos, hijos reconocidos y no reconocidos entre otras evidencias de su comportamiento, el de un hombre público que no se casó, reconoció a duras penas y luego de presiones políticas a algunos de sus hijos y a quien no se le conoce una relación estable con ninguna pareja.

Lejos de rechazar las acusaciones las huestes del ex mandatario amenazan con acabar con el gobierno en funciones si “tocan a Evo Morales” como lo hizo el ex ministro Juan Ramon Quintana en su momento sindicado de varios casos de asesinato y corrupción, igualmente impune hasta hoy, así como los productores de coca para cocaína del Chapare  que amenazan a militares y policías en caso de que se lo lleve ante la justicia.

Lo que ha generado igual polémica es la reacción de ciertos sectores de la prensa, cuando a pesar de la gravedad de las denuncias, algunos de ellos continuaron entrevistando a Morales sin cuestionarlo. En diversas entrevistas, Morales fue invitado como figura política clave, pero pocos periodistas mencionaron las acusaciones o indagaron sobre el tema. Esta falta de rigor ha sido ampliamente criticada tanto dentro como fuera de Bolivia, donde algunas organizaciones periodísticas han señalado que se está permitiendo la impunidad y una normalización de la supuesta conducta del exmandatario.

Para algunos, esto refleja una parcialidad hacia Morales, mientras que otros creen que los medios confeccionan sus agendas en base a la pauta de publicidad estatal o las presiones y extorsiones del oficialismo.. Esta respuesta de la prensa ha sido interpretada por muchos como una falta de compromiso con los derechos de las víctimas y una omisión de su responsabilidad de informar con objetividad.

El caso de Evo Morales permanece sin resolver y continúa siendo motivo de indignación pública, especialmente en el contexto de la legislación boliviana, que establece protecciones claras para los menores de edad. La falta de respuestas y de una cobertura crítica en ciertos medios ha dejado en evidencia una disonancia entre algunos sectores de la prensa y la demanda popular de justicia y transparencia.