La Corrupción populista

La revelación de que son mas de dos mil millones de dólares los que el gobierno contratará en forma directa, sin licitación, marca el inicio de una inédita era en la administración publica y resume la idea oficialista de “meterle nomas”  al manejo de los recursos públicos haciendo gala de una deliberada indiferencia a todo lo que pueda significar vigilancia , transparencia , arbitraje objetivo, o contra peso.

 Cual si se tratase su finca particular, el vicepresidente ha declarado muy suelto de cuerpo que la eventual planta de urea de  Bulo Bulo (1.100 millones de dólares aproximadamente) se realizará mediante una "licitación pública internacional", una falacia de proporciones descomunales ya que la empresa que se haga cargo será  contratada según establece el decreto de excepción 224 que el mismo se encargó de aprobar en uno de sus interinatos presidenciales no habiéndose ni por asomo cumplido con ninguno de los pasos para que ni siquiera se parezca la contratación a una licitación internacional como esta estipulado en la ley 1178.

Ningún supuesto negociado del pasado, ni la “autopista mas cara del mundo” de los años de Banzer, ni la  construcción de Karachipampa, ni las piedras  preciosas de García Mesa, ni las privatizaciones del acuerdo patriótico, ni siquiera los desmanes que cometió Mariano Melgarejo en sus días puede ser comparada con el descarado arbitrio y discrecionalidad que caracteriza al gobierno actual en el manejo de los recursos que son de todos. 

El avión presidencial, el satélite chino, la carretera por el corazón del TIPNIS, el teleférico paceño, casi todo el manejo de dinero de YPFB, y la planta de urea de bulo bulo todas han sido o se ha anunciado serán hechas sin ni siquiera la apariencia de un mínimo de transparencia, todas impuestas sobre las espaldas del pueblo boliviano sin que hayan estado  en su mayoría ni siquiera en un programa de gobierno, ni  medie mas que la opinión de un puñado de individuos.  

Cuando estos sean juzgados, lo que inexorablemente ocurrirá mas temprano que tarde, son presumiblemente varios aspectos que caerán bajo el escrutinio jurídico e histórico. Los muertos y heridos  producto de la represión estatal,  el crecimiento de los cultivos de coca excedentaria y su correlación con el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, la desinstitucionalización nacional y el aviamiento de las confrontaciones étnicas así como la manipulación política de la justicia, son solo algunos de los temas que será objeto de un procesamiento.  

Pero cuando el juicio empiece a investigar la corrupción de este régimen, es bastante seguro que concluirá que ningún otro periodo en la historia de Bolivia, ni siquiera en las más obscura épocas militares se caracterizó por este nivel de rapacería, discrecionalidad y unilateralidad.  Un recuento de todos los caso de corrupción denunciados, que necesariamente será hecho, revelara que mas que ningún otro rasgo el mentado “cambio” se concentró en implementar mecanismos para manejar el erario publico en una forma difícil de siquiera imaginar. 

En una época en la que las corrientes de definición de las políticas públicas a nivel mundial han puesto en valor el concepto de accountability, cuya traducción aproximada es el de rendición de cuentas, el gobierno de Bolivia exhibe un comportamiento de forajidos y prueba  su brutal intención de no someterse más que al control de sí mismo. Es el despotismo cocalero, que  lejos de ser ilustrado, es  corrupto y pendenciero.

Una contienda desigual

En pocas áreas de la administración de la demagogia activa que le caracteriza, es más hábil el populismo chavista que en la de legitimar mediante la apariencia democrática y electoral el eventual respaldo a sus acciones. Es evidente que a casi cuatro años de gobierno, la popularidad individual de Evo Morales se mantiene robusta, y que el resultado de los últimos comicios es, en gran medida, reflejo de ello. Pero ambos hechos son ante todo la consecuencia de una administración del poder estatal, comunicacional y prebendal que, desde un comienzo, a violado los mas elementales parámetros de lo aceptable en democracia así como de una economía relativamente firme, una herencia del modelo inaugurado en 1985 y potenciado mediante la capitalización, que se mantiene a pesar de los esfuerzos retóricos por destruirla, así como del exponencial crecimiento del narcotráfico.

Morales no ha dejado de estar en campaña electoral desde su inauguración como presidente y a substituido la ausencia de políticas de su gobierno en casi todas las áreas y su total desinterés por la administración estatal mediante el recurso de eludir el examen periodístico, durante más de un año ni siquiera respondía a los periodistas bolivianos, y a través del inmisericorde bombardeo mediático de consignas falaces y las puestas en escena de toda índole.

No solo se negó a debatir con nadie, sino que amenazó con meter preso al principal candidato opositor y a su acompañante vicepresidencial, encarcelado arbitrariamente hace más de un año, no se le permitió ni siquiera comunicarse con la prensa, adicionalmente al hecho de que las relaciones presidenciales con los medios consistieron en insultos recurrentes y en amedrentamientos terroristas, incluyendo casos en que estuvieron implicados miembros de la propia guardia presidencial, y otros donde periodistas linchados como Carlos Quispe o amenazados ni siquiera fueron investigados.

La relación de gastos de campaña, solo en el periodo propiamente eleccionario, con todos sus oponentes sumados debe haber sido, fácilmente, de 100 a 1 empezando por el uso y abuso de bienes estatales y el cohecho activo mediante la prebenda abierta financiada con recursos no presupuestados, así como la distribución de bonos a los funcionarios públicos y la utilización de un estándar politizado en el tratamiento de los casos de corrupción, para lo cual sin rubor se sustituyó en la contraloría a un funcionario elegido por diez años por dos tercios del congreso por un diputado oficialista.

Luego de casi 50 millones de dólares gastados en un padrón biométrico supuestamente para asegurar la transparencia electoral, la Corte Nacional amenazada de juicio por los ministros de defensa y gobierno y de acciones violentas por los paramilitares que el gobierno denomina “movimientos sociales” acabó otorgando en cuestión de horas, el derecho al voto de casi medio millón de ciudadanos que había observado como irregularmente inscritos, en un proceso en el que se involucraron a funcionarios venezolanos y en el que no se cumplió como manda la ley, con la distribución del padrón a los partidos políticos. Este panorama no estaría completo sin la mención a los ataques al tribunal constitucional y a la corte suprema que descabezaron ambas instancias hechos que viabilizaron la total impunidad oficialista. Es en esas condiciones que se llevo a cabo la campaña electoral y en las que votaron los ciudadanos en muchos casos obligados bajo la consigna del voto “comunitario”.

Controlarme a mi ?

El asalto a la contraloría, uno de las pocos resabios de institucionalidad que aun funcionaba, no es más que la confirmación de una constante en el gobierno de Evo Morales, próximo a cumplir tres años y casi una década ejerciendo una influencia decisiva sobre la realidad nacional habiendo transformado a Bolivia en una sociedad confrontada y al borde del colapso. La aversión a todo lo que pueda significar control, fiscalización, arbitraje objetivo o contra peso es un reflejo pavloviano del populismo cocalero .

El puñado de opositores que hacen la diferencia en el Senado podrían obligar a concertar ? Se organizó a hordas de a miles para amedrentarlos. El poder judicial podría constituirse en un factor de equilibrio, de respeto por la constitucionalidad? Turbas de lanza dinamitas, procesos, y chantajes fue la respuesta. Los medios de comunicación, juegan su rol de investigación y de denuncia como en cualquier sociedad contemporánea? El presidente encabezó personalmente una campaña de difamación, agresión y humillación a los periodistas de Bolivia que incluyó el caso del asesinato en manos de una turba del periodista Carlos Quispe, martirizado luego de ser sacado de su emisora y el atentado a un canal de televisión en el que participó un miembro de la guardia presidencial.

Comparable suerte corrieron instancias nacionales e internacionales tan diferentes como la DEA, el CIADI, los diputados fiscalizadores, la Corte Electoral convertida en una caricatura, y hasta los contra pesos éticos como la Iglesia Católica, sometidos a un asedio irracional con argumentos miserables. Todos groseramente vilipendiados, expulsados o desconocidos en cuanto hubo la posibilidad de que fiscalicen, controlen o arbitren alguna temática que incomode al oficialismo, sea el exponencial crecimiento en la producción de cocaína, en el que están involucrados la familia de una constituyente masista personalmente muy cercana a Morales, como se evidencia incluso en textos biográficos, o casos de presunta corrupción en la que se ha visto involucrado con abrumadores indicios su ministro más poderoso y próximo.

Incluso el MSM, cuyos voceros suelen atragantarse hablando de trasparencia, han protagonizado a través del diputado Zabaleta un espectáculo rastrero mediante el cual el presidente de una comisión parlamentaria coartó el derecho de fiscalización de sus propios pares. Como telón de fondo de este avasallamiento moral e institucional, el papel desempeñado por la señora Suxo quien “ lucha” contra la corrupción siempre y cuando, y solo si, los casos no conciernen al oficialismo.

En una época en la que las corrientes de definición de las políticas públicas a nivel mundial han puesto en valor el concepto de accountability, cuya traducción aproximada es el de rendición de cuentas, el gobierno de Bolivia prueba su melgarejesca intención de no someterse más que al control de sí mismo. El ilegal, y descarado accionar en la contraloría, destituyendo a un profesional de prestigio nombrado por diez años por el congreso de la nación mediante dos tercios y el nombramiento en su lugar nada menos que de un diputado oficialista de escasísimas credenciales que no sean el servilismo y de nulos antecedentes técnicos, viene a demostrar que el MAS y sus aliados no se detendrán ante nada para consolidar la corrupción y el latrocinio.