EL MNR ANTES LAS "ELECCIONES " JUDICIALES

Siguiendo lo previsto en una constitución impuesta con muertos y balas, en un hito más del golpe de estado permanente iniciado en 2003, el populismo gubernamental pretende llevar a cabo la toma del poder judicial disfrazando sus propósitos en unas seudo elecciones. Luego de haber manipulado el sufragio mediante la coerción comunitaria y otros mecanismos de fraude, abusando de los recursos públicos, eliminado la independencia del tribunal electoral y limitado la libertad de expresión, ahora pretende consolidar su dominio mediante un mecanismo de elección en el que los electores votaran, pero no elegirán. En este engaño solo el oficialismo decidió quien pueden participar, tomando en cuenta no los meritos técnicos de los postulantes sino su cercanía con el MAS, lo que es congruente con su obsesión de copar todos los espacios de poder, defenestrando mediante el amedrentamiento y la manipulada acción judicial a todos los que, aun habiendo ganado elecciones, no comulguen con su línea.

Este proceso no viene a substituir el "cuoteo" de los cargos jerárquicos judiciales que se atribuye a los anteriores gobiernos, sino que es el copamiento absoluto, por un sólo partido, cuyo nivel de apoyo hoy por hoy, no llega ni al 20 %, a pesar de lo cual pretende tener el l00 % de control en el órgano judicial. Este “cuateo” es más vergonzoso e indignante que cualquier "cuoteo" que, con sus limitaciones, respetaba la meritocracia y la proporcionalidad de la representación política y social. Hoy, el populismo cocalero se lo lleva todo, porque así se lo impone su vena autoritaria, así como su necesidad de tender desde ahora, un manto de protección judicial contra las tropelías que han cometido y de las que el pueblo boliviano les pedirá cuentas, en un día ya no tan lejano. Esta puesta en escena, apoyada en un reglamento anticonstitucional y en un sospechosísimo proceso de recarnetizacion que ha sido encargado a quien ya protagonizó un descomunal engaño en las últimas elecciones, intentará consolidar una situación en la que las leyes se aprueban no para solucionar problemas de política pública sino exclusivamente para eliminar todo resabio de independencia de poderes, logrando que mediante la manipulación semántica y conceptual la farsa y la teatralización sean recursos para implementar imposturas y engañifas.

A 6 años de ejercicio del poder, a pesar de los cuantiosos ingresos por los precios internacionales de nuestras materias primas , la condonación de más del 50 % de la deuda externa y la estabilidad de la economía que heredó, el “cambio” incrementó la pobreza, el desempleo, la corrupción se instaló en el aparato estatal, el contrabando se legalizó, y nos convertimos en un país productor y exportador pujante de coca y cocaína, con las transnacionales petroleras operando en nuestro territorio con mayores beneficios que antes. Los hombres de Leyes fueron los primeros en comprobar el desprecio a la institucionalidad del Gobierno de Evo Morales. Los profesionales bolivianos inéditamente han sido excluidos por este régimen. En consecuencia, la Dirección del Movimiento Nacionalista Revolucionario resuelve:

Instruir a todos los comandos territoriales y funcionales así como a toda la militancia y simpatizantes del partido dar inicio a una campaña de resistencia activa que concluya con un llamado al VOTO NULO, única respuesta posible ante la obstinación totalitaria del gobierno.

La Paz, 5 de julio de 2011

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Una contienda desigual

En pocas áreas de la administración de la demagogia activa que le caracteriza, es más hábil el populismo chavista que en la de legitimar mediante la apariencia democrática y electoral el eventual respaldo a sus acciones. Es evidente que a casi cuatro años de gobierno, la popularidad individual de Evo Morales se mantiene robusta, y que el resultado de los últimos comicios es, en gran medida, reflejo de ello. Pero ambos hechos son ante todo la consecuencia de una administración del poder estatal, comunicacional y prebendal que, desde un comienzo, a violado los mas elementales parámetros de lo aceptable en democracia así como de una economía relativamente firme, una herencia del modelo inaugurado en 1985 y potenciado mediante la capitalización, que se mantiene a pesar de los esfuerzos retóricos por destruirla, así como del exponencial crecimiento del narcotráfico.

Morales no ha dejado de estar en campaña electoral desde su inauguración como presidente y a substituido la ausencia de políticas de su gobierno en casi todas las áreas y su total desinterés por la administración estatal mediante el recurso de eludir el examen periodístico, durante más de un año ni siquiera respondía a los periodistas bolivianos, y a través del inmisericorde bombardeo mediático de consignas falaces y las puestas en escena de toda índole.

No solo se negó a debatir con nadie, sino que amenazó con meter preso al principal candidato opositor y a su acompañante vicepresidencial, encarcelado arbitrariamente hace más de un año, no se le permitió ni siquiera comunicarse con la prensa, adicionalmente al hecho de que las relaciones presidenciales con los medios consistieron en insultos recurrentes y en amedrentamientos terroristas, incluyendo casos en que estuvieron implicados miembros de la propia guardia presidencial, y otros donde periodistas linchados como Carlos Quispe o amenazados ni siquiera fueron investigados.

La relación de gastos de campaña, solo en el periodo propiamente eleccionario, con todos sus oponentes sumados debe haber sido, fácilmente, de 100 a 1 empezando por el uso y abuso de bienes estatales y el cohecho activo mediante la prebenda abierta financiada con recursos no presupuestados, así como la distribución de bonos a los funcionarios públicos y la utilización de un estándar politizado en el tratamiento de los casos de corrupción, para lo cual sin rubor se sustituyó en la contraloría a un funcionario elegido por diez años por dos tercios del congreso por un diputado oficialista.

Luego de casi 50 millones de dólares gastados en un padrón biométrico supuestamente para asegurar la transparencia electoral, la Corte Nacional amenazada de juicio por los ministros de defensa y gobierno y de acciones violentas por los paramilitares que el gobierno denomina “movimientos sociales” acabó otorgando en cuestión de horas, el derecho al voto de casi medio millón de ciudadanos que había observado como irregularmente inscritos, en un proceso en el que se involucraron a funcionarios venezolanos y en el que no se cumplió como manda la ley, con la distribución del padrón a los partidos políticos. Este panorama no estaría completo sin la mención a los ataques al tribunal constitucional y a la corte suprema que descabezaron ambas instancias hechos que viabilizaron la total impunidad oficialista. Es en esas condiciones que se llevo a cabo la campaña electoral y en las que votaron los ciudadanos en muchos casos obligados bajo la consigna del voto “comunitario”.