El mundo entero ha conocido en
los últimos días algo que era vox populi para los bolivianos, la afición del
señor Evo Morales por las jovencitas, incluyendo en no pocos casos las menores
de edad. Un secreto a voces dentro de las fronteras nacionales la noticia se
volvió global así como las reacciones de censura y desaprobación, con
obviamente excepciones como la del grupo de puebla que sin rubor ni vergüenza declaró
que se trataba de un caso de “Lawfare” (guerra judicial políticamente motivada)
a lo que el foro de Madrid respondió diciendo que el primero “avala delitos de
pedofilia y trata y tráfico”
En Bolivia, el Código Penal
establece que cualquier persona que tenga relaciones sexuales con un menor de
18 años, aprovechándose de una situación de superioridad o dependencia, comete
el delito de “estupro”. Este delito está regulado en el artículo 309 del Código
Penal boliviano y se considera un crimen en casos donde la persona mayor tiene
una relación de poder o influencia sobre la menor, con penas de hasta 6 años de
prisión. Adicionalmente, si se comprueba que la víctima era menor de 14 años,
el acto se clasificaría como violación, un delito más grave con penas de hasta
20 años de prisión, según el artículo 308 del mismo código.
Morales no ha negado formalmente
las acusaciones, después de todo el mismo expreso su deseo de retirarse al
Chapare “con una quinceañera” y bromeó que cuando el “va a los pueblos, quedan
todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice Evo Cumple"
entre muchas otras expresiones de machismo y humor mal entendido.
El acusado no puede desmentir las
denuncias puesto que existen una infinidad de indicios, fotos, certificados de
nacimiento, videos, hijos reconocidos y no reconocidos entre otras evidencias
de su comportamiento, el de un hombre público que no se casó, reconoció a duras
penas y luego de presiones políticas a algunos de sus hijos y a quien no se le
conoce una relación estable con ninguna pareja.
Lejos de rechazar las acusaciones
las huestes del ex mandatario amenazan con acabar con el gobierno en funciones
si “tocan a Evo Morales” como lo hizo el ex ministro Juan Ramon Quintana en su
momento sindicado de varios casos de asesinato y corrupción, igualmente impune
hasta hoy, así como los productores de coca para cocaína del Chapare que amenazan a militares y policías en caso
de que se lo lleve ante la justicia.
Lo que ha generado igual polémica
es la reacción de ciertos sectores de la prensa, cuando a pesar de la gravedad
de las denuncias, algunos de ellos continuaron entrevistando a Morales sin
cuestionarlo. En diversas entrevistas, Morales fue invitado como figura
política clave, pero pocos periodistas mencionaron las acusaciones o indagaron
sobre el tema. Esta falta de rigor ha sido ampliamente criticada tanto dentro
como fuera de Bolivia, donde algunas organizaciones periodísticas han señalado
que se está permitiendo la impunidad y una normalización de la supuesta
conducta del exmandatario.
Para algunos, esto refleja una
parcialidad hacia Morales, mientras que otros creen que los medios confeccionan
sus agendas en base a la pauta de publicidad estatal o las presiones y
extorsiones del oficialismo.. Esta respuesta de la prensa ha sido interpretada
por muchos como una falta de compromiso con los derechos de las víctimas y una
omisión de su responsabilidad de informar con objetividad.
El caso de Evo Morales permanece
sin resolver y continúa siendo motivo de indignación pública, especialmente en
el contexto de la legislación boliviana, que establece protecciones claras para
los menores de edad. La falta de respuestas y de una cobertura crítica en
ciertos medios ha dejado en evidencia una disonancia entre algunos sectores de
la prensa y la demanda popular de justicia y transparencia.
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