Una contienda desigual

En pocas áreas de la administración de la demagogia activa que le caracteriza, es más hábil el populismo chavista que en la de legitimar mediante la apariencia democrática y electoral el eventual respaldo a sus acciones. Es evidente que a casi cuatro años de gobierno, la popularidad individual de Evo Morales se mantiene robusta, y que el resultado de los últimos comicios es, en gran medida, reflejo de ello. Pero ambos hechos son ante todo la consecuencia de una administración del poder estatal, comunicacional y prebendal que, desde un comienzo, a violado los mas elementales parámetros de lo aceptable en democracia así como de una economía relativamente firme, una herencia del modelo inaugurado en 1985 y potenciado mediante la capitalización, que se mantiene a pesar de los esfuerzos retóricos por destruirla, así como del exponencial crecimiento del narcotráfico.

Morales no ha dejado de estar en campaña electoral desde su inauguración como presidente y a substituido la ausencia de políticas de su gobierno en casi todas las áreas y su total desinterés por la administración estatal mediante el recurso de eludir el examen periodístico, durante más de un año ni siquiera respondía a los periodistas bolivianos, y a través del inmisericorde bombardeo mediático de consignas falaces y las puestas en escena de toda índole.

No solo se negó a debatir con nadie, sino que amenazó con meter preso al principal candidato opositor y a su acompañante vicepresidencial, encarcelado arbitrariamente hace más de un año, no se le permitió ni siquiera comunicarse con la prensa, adicionalmente al hecho de que las relaciones presidenciales con los medios consistieron en insultos recurrentes y en amedrentamientos terroristas, incluyendo casos en que estuvieron implicados miembros de la propia guardia presidencial, y otros donde periodistas linchados como Carlos Quispe o amenazados ni siquiera fueron investigados.

La relación de gastos de campaña, solo en el periodo propiamente eleccionario, con todos sus oponentes sumados debe haber sido, fácilmente, de 100 a 1 empezando por el uso y abuso de bienes estatales y el cohecho activo mediante la prebenda abierta financiada con recursos no presupuestados, así como la distribución de bonos a los funcionarios públicos y la utilización de un estándar politizado en el tratamiento de los casos de corrupción, para lo cual sin rubor se sustituyó en la contraloría a un funcionario elegido por diez años por dos tercios del congreso por un diputado oficialista.

Luego de casi 50 millones de dólares gastados en un padrón biométrico supuestamente para asegurar la transparencia electoral, la Corte Nacional amenazada de juicio por los ministros de defensa y gobierno y de acciones violentas por los paramilitares que el gobierno denomina “movimientos sociales” acabó otorgando en cuestión de horas, el derecho al voto de casi medio millón de ciudadanos que había observado como irregularmente inscritos, en un proceso en el que se involucraron a funcionarios venezolanos y en el que no se cumplió como manda la ley, con la distribución del padrón a los partidos políticos. Este panorama no estaría completo sin la mención a los ataques al tribunal constitucional y a la corte suprema que descabezaron ambas instancias hechos que viabilizaron la total impunidad oficialista. Es en esas condiciones que se llevo a cabo la campaña electoral y en las que votaron los ciudadanos en muchos casos obligados bajo la consigna del voto “comunitario”.

LIBEREN LA VERDAD !!!

Compañeros y amigos :

El día de mañana Lunes 16 a horas 12. 00 frente a la cárcel de San Pedro se llevará a cabo una manifestación pacífica para protestar por el secuestro que mantiene a Leopoldo Fernández, prefecto de Pando, elegido y ratificado por el voto popular, injustamente prisionero hace 6 meses. Fernández pide un juicio justo pero la única respuesta del masismo es contratar ociosos para que lo amedrenten y prohibirle hablar con la prensa, así como a los otros presos políticos que hacen de La Paz un campo de concentración para quienes piensen diferente.

Me parece muy importante que todos hagan un esfuerzo por asistir y pido fraternalmente que lo hagan. Si bien hemos expresado nuestro respaldo a Leopoldo en varias ocasiones, se trata de un tema de principios, que se libere la verdad de lo sucedido en Pando como de los crímenes de Achacachi, de Enero 2007 en Cochabamba, de los asesinados en la Calancha en Sucre, del asalto a la familia de Cárdenas, del los atentados s a la libertad de prensa, de los más de 60 muertos de Evo Morales…… VAMOS POR EL NO A LA INDIFFERENCIA y A LA COMPLICIDAD! ASISTAN POR FAVOR!

Crimen y castigo

El rol del poder ejecutivo boliviano en los luctuosos hechos de Pando fue a todas luces, vil e indigno y pasará a lahistoria como un hito en la historia universal de la infamia. No hubiese habido ningún muerto ni herido, no hubiesen habido siquiera enfrentamientos si es que el Señor Ramón Quintana ministro de la presidencia, es decir el más cercano al Evo Morales, no contratara y organizara, presumiblemente con dinero venezolano, a cientos de campesinos en la localidad de Riberalta cuyos líderes fueron armados y preparados para enfrentarse militarmente, mientras el grueso era cínicamente utilizado como carne de cañón.

El señor Quintana ha sido filmado en un video ampliamente difundido anunciando prácticamente en detalle sus intenciones y amenazando al prefecto Leopoldo Fernández, recientemente ratificado en las urnas por el voto popular. Es un acto de desvergüenza y cinismo descarado que a pesar de estos antecedentes se siga insistiendo en el linchamiento de Fernández y que se pretenda que un proceso sobre los hechos pueda prescindir del protagonista principal, el señor Quintana. El video en cuestión seria evidencia suficiente en cualquier parte del mundo para someterlo a proceso e incluso a una diagnostico siquiátrico.

El Hecho de que el prefecto pandino, un hombre con decenas de elecciones ganadas con el apoyo de su pueblo, haya sido secuestrado y tomado de rehén por parte del gobierno constituye una violación a sus derechos legales y humanos y a los principios más básicos del debido proceso. Pretender que luego de haber permanecido ilegalmente secuestrado en la Paz, incomunicado, sometido al incesante desfile de grupos irregulares contratados para amedrentarlo, Leopoldo Fernández no pueda ser ahora conducido a Sucre de acuerdo a un fallo judicial, solo revela el alma de linchadores de quienes, empezando por el presidente Evo Morales y el Vicepresidente García Linera. sustentan semejante despropósito. Ello no es de extrañarse puesto que Morales ha señalado en reiteradas oportunidades que se ríe en la ley y Linera a estado en la cárcel por actos terroristas en los que murió gente. En cuanto a la acusación que los jueces recibieron dinero para el fallo obviamente Morales no aportará jamás nada que se parezca a un prueba de semejante difamación.

La actitud de los líderes políticos de la oposición, de su colegas diputados y senadores, así como de los prefectos de la denominada media luna de no mover ni un dedo para representar los derechos del prefecto secuestrado es no solo un error político de gran envergadura sino la prueba de que la indecencia, y la falta de hombría de bien no son monopolio del oficialismo en Bolivia. El estridente silencio de los prefectos así como de Jorge Quiroga y Doria Medina, dice muy poco de su verdadera catadura moral y de la talla de su eventual liderazgo. Este mutismo no solo concierne el caso de Fernández como tal sino tiene relación con la situación de decenas de detenidos, varios de los cuales fueron torturados, centenares de refugiados políticos, un numero solo comparable a la cantidad de exiliados durante los 7 años de dictadura de Banzer y es cómplice de la ocupación militar de Pando, donde el masismo se aboca a la tarea de destruir a la institucionalidad y a la sociedad pandina.

La muerte en usufructo

No se habían ni siquiera acabado de contar los muertos de Pando, que casi en el estilo de un relator deportivo, el solícito vocero Sacha Llorenti se apresuraba en repetir la línea gubernamental definida por García Linera, a quien sólo le falta una lira como acompañamiento: Lanzar terribles acusaciones sin pruebas, calificar a una autoridad elegida y reelegida varias veces en diferentes cargos, recientemente ratificada, de asesina, dar de alaridos de certezas, difamar sin clemencia por la objetividad ni indicios de dignidad por las familias de los fallecidos.

Sin que medie ni un atisbo de investigación, ni haya habido tiempo ni de instruir un peritaje, sin que nadie externo haya podido siquiera acercarse a Pando, mucho menos a la remota localidad en cuestión, sin ni siquiera registros periodísticos, con sola base en una parcialización descaradamente prejuiciosa, Llorenti sindicó con una brutalidad desconcertante.

Ni los normalmente locuaces ministros de Defensa o Gobierno se atrevieron a semejante despliegue de temeridad e insolencia, prefiriendo seguramente dejar esta innoble tarea al viceministro de “coordinación con los movimientos sociales” es decir quien, según denuncias, tendría a su cargo el reclutamiento de ciudadanos para cercar ciudades, bloquear caminos y desatar violencias.

Es la forma en que el populismo cocalero ha ido construyendo su anómala interpretación de la historia lejana y reciente de Bolivia. Generalizaciones abusivas, maniqueísmos burdos, letanías de bribonadas conceptuales que no resisten el menor análisis y sólo sirven a propósitos de propaganda y a la generación de odio. Así se construyeron los mitos que hoy envenenan el alma nacional, las mentiras que se toman como dogmas, así se ha llegado incluso a desatar una efervescencia de racismo que en Bolivia era marginal. Así, durante los dos años del gobierno de Evo Morales Ayma, ha muerto medio centenar de bolivianos, campesinos y citadinos, en enfrentamientos en todos los departamentos del país con la excepción de La Paz, donde el MAS tiene un holgado apoyo, en base a los muertos que, con las mismas tácticas y discursos, generó en febrero y octubre de 2003.

Los procesos judiciales nunca concluyeron o, como en Cochabamba, se llegó al extremo de que las investigaciones han condenado a los responsables de los asesinatos sólo de un lado y archivado el caso de los otros. A pesar de ello, lo que correspondería en Pando como en todos los casos, es que instancias internacionales serias investiguen en profundidad los hechos acaecidos para en base a sus conclusiones abrir procesos. Quedará para la historia la tarea de determinar la responsabilidad que en esta trágica espiral de muerte tiene el discurso descontrolado de desequilibrados en función de presidentes como Hugo Chávez.

Las acusaciones sin que medie una investigación sólo pueden provenir de quienes antes que funcionarios públicos actúan como irresponsables y criminales agitadores, pasibles a ese titulo también de ser enjuiciados. Quienes politizaron sin escrúpulos los derechos humanos e hicieron una carrera alrededor de la desgracia ajena, generando muertos para después poder desenterrarlos y acusar con vileza. Quienes nunca dejan pasar una oportunidad de sacarle provecho político al dolor y la sangre