El Apocalipsis plurinacional

 

Bolivia, ese laboratorio de sueños fallidos, se enfrenta al año 2025 a una agenda digna de una tragedia griega. Después de  casi dos décadas de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), el país está al borde del colapso, pero, tranquilos, todo esto era parte del plan… ¿o no? El deliberado objetivo de cubanizar la nación, objetivo que el Che Guevara soñó, aunque no pudo siquiera empezar a empezar. Veamos qué podríamos asumir nos espera en lo económico, social, político y cultural, mientras intentamos no reír (o llorar).

Tras veinte años de discursos sobre el “modelo económico social comunitario productivo”, el panorama es brillante… para los yatiris que auguran desgracias. El boom de los recursos naturales, que alguna vez llenó las arcas estatales, se evaporó como una promesa electoral, se a dinamitado la perspectiva hidrocarburífera, vandalizado la minería y manoseado tanto el litio que nadie quiere nada con nosotros. Todo esto ha generado la escasez de dólares de diésel y gasolina, lo único que abunda es la coca y la cocaína.  ¿Inversión extranjera? ¡Por favor! Aquí espantamos a los inversores con leyes cambiantes y discursos incendiarios. En 2025, la deuda pública y un déficit fiscal que lleva 11 años será nuestro mejor legado, un hermoso obsequio para futuras generaciones que tendrán que pagarla con sangre, sudor y hojas de coca.

En lo social, Bolivia ha alcanzado un logro inigualable: la fragmentación absoluta a nivel sub atómico social y político. Gracias al MAS, el país es un mosaico de conflictos étnicos, regionales y sociales. Mientras unos celebran el “Estado Plurinacional”, otros luchan por no ser olvidados en la maraña de identidades creadas a conveniencia, los odios entre oriente y occidente, la fomentada lucha de clases, el incentivo del odio racial, las estériles políticas de género,  y hasta la estimulación de las contradicciones entre jóvenes y viejos, entre padres e hijos. ¿Un sistema educativo que unifique? No, mejor sigamos adoctrinando con mitos y leyendas sobre héroes cubanos y venezolanos y dejando que no se evalúe ni comparen los resultados de nuestros estudiantes con los de otros países.

En 2025, el MAS probablemente seguirá buscando formas creativas de mantenerse en el poder. Porque, claro, un país gobernado por los mismos líderes durante dos décadas siempre es sinónimo de frescura e innovación. La corrupción, omnipresente y descarada, se ha convertido en un arte nacional, mientras la oposición brilla por su ausencia y su falta de coraje y creatividad, con algunas notables excepciones, enfrascada en discusiones bizantinas sobre candidaturas mientras toda la estructura del fraude ha sido no solo mantenida, sino reforzada.

Culturalmente, Bolivia ha pasado de exaltar lo ancestral a convertirlo en un producto turístico de mala calidad. El discurso sobre la descolonización terminó siendo un pretexto para imponer una nueva lógica xenófoba y autoritaria, la creación de una nueva elite   en más aspectos que menos mucho peor que la anterior., En 2025, lo más plurinacional de nuestro país será la multiplicidad de excusas para justificar el desastre.

El legado del MAS es un país dividido, endeudado y exhausto. Pero no nos preocupemos, porque en Bolivia siempre hay espacio para otro discurso grandilocuente, otra “revolución democrática y cultural”, y otro intento de reinventar la pólvora a pesar de los fracasos.  

Por supuesto que las elecciones de 2025 se perfilan como una única e irrepetible oportunidad para implementar el fin del masismo. El éxito de esta empresa tiene poco que ver con la absurda discusión sobre un candidato único antes de la primera vuelta. Tiene que ver con por lo menos intentar desmontar el aparato del fraude trabajando para entre otras cosas lograr: Un Tribunal electoral imparcial, un padrón creíble, la aprobación de una ley sobre el usos y abuso de los recursos del estado en candidatos oficialistas y sobre y ante todo la construcción de un esquema de control electoral entre todos los actores políticos de la variopinta oposición. Solo así la luz tendrá la oportunidad de acabar con tanta oscuridad y destrucción.

¡Feliz 2025, plurinacionales!

El Fin del Bonosol ?

 

El anuncio del gobierno de reducir el número de beneficiarios del Bono Dignidad —hijo putativo del Bonosol— ha generado preocupación entre la población de la tercera edad. Este beneficio universal, establecido para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, representa un apoyo esencial en un país donde las políticas sociales hacia este sector han sido casi inexistentes.

El Bonosol, aprobado en 1996 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR, fue concebido como un modelo de redistribución que vinculaba los ingresos de las empresas capitalizadas con el bienestar de los adultos mayores. Este programa sentó las bases para el Bono Dignidad, implementado por el MAS en 2007. Sin embargo, el mismo partido que lo reforzó ahora parece querer destruirlo, utilizando como excusa la disminución de recursos, aunque el verdadero problema es la mala gestión, el despilfarro de ingresos públicos y la desinversión en el sector hidrocarburífero.

En muchas partes del país, la realidad de los adultos mayores es desgarradora. Miles viven solos, abandonados por hijos que emigraron a las ciudades o al extranjero. Con problemas de salud y sin ingresos constantes, muchos enfrentan inviernos envueltos en harapos y sobreviven con una dieta básica, esperando el Bono Dignidad como su único ingreso. En Bolivia, más del 40% de los adultos mayores vive en situación de pobreza, y el bono de 350 bolivianos mensuales (aproximadamente 50 dólares) es muchas veces lo único que les separa del hambre. Además, solo el 27% de los adultos mayores cuenta con acceso a un seguro de salud.

El Bono Dignidad, creado mediante la Ley N· 3791 en 2007, se financia con recursos provenientes de las empresas capitalizadas y las regalías hidrocarburíferas. Ha sido un alivio significativo para los adultos mayores, que en su mayoría no tienen acceso a una jubilación digna ni a servicios sociales adecuados.

Casos como el de los mineros retirados reflejan esta situación crítica. Tras dedicar sus vidas a la minería, muchos sufren de silicosis y dependen de tanques de oxígeno alquilados. Sus pensiones, que en promedio no superan los 1.500 bolivianos mensuales, apenas alcanzan para cubrir medicamentos, y el Bono Dignidad representa una pequeña pero vital ayuda.

Esta situación se agrava bajo un gobierno que ha demostrado poca sensibilidad hacia las necesidades reales de la gente. El MAS ha priorizado proyectos macroeconómicos y programas populistas que no benefician a todos los sectores. Las reservas internacionales han caído a niveles críticos, pasando de 15.000 millones de dólares en 2014 a menos de 2.000 millones en 2024. Este despilfarro financiero deja al Estado sin capacidad para sostener programas sociales clave.

La tercera edad ha contribuido al desarrollo del país a lo largo de sus vidas y merece, al menos, un trato digno en su etapa de mayor vulnerabilidad. Reducir el alcance del bono no solo pone en riesgo su estabilidad económica, sino también sus vidas mismas.

Si el gobierno busca ahorrar en tiempos de crisis, el recorte no debe empezar con los más vulnerables. Es necesario reducir el tamaño de la burocracia estatal, que en Bolivia supera los 600.000 empleados, muchos de ellos designados por afinidad política. Además, los sueldos del presidente, ministros y altos funcionarios —que oscilan entre 15.000 y 25.000 bolivianos mensuales— deberían ser reducidos significativamente. Este ajuste no solo aliviaría las finanzas públicas, sino que demostraría un compromiso real con la austeridad y la equidad.

Hay que exigir una política pública seria y coherente que priorice a los adultos mayores. Esto implica proteger y ampliar el Bono Dignidad, pero también implementar reformas estructurales que aseguren su bienestar. Es necesario un enfoque más amplio que garantice derechos básicos para los adultos mayores, como sistemas de pensiones sostenibles, acceso gratuito a medicamentos y programas de apoyo social. Si el MAS no cumple con este mandato básico de justicia social, su discurso de inclusión y progreso se consolidará como una fachada vacía, sostenida por un gobierno que, cada vez más, se asemeja a una camarilla de delincuentes insensibles al sufrimiento ajeno.

Chapare, un reino de sangre y cocaina

 

Bolivia contempló una vez más horrorizada una tragedia que evidencia la podredumbre moral y social que ha arraigado en el corazón del Chapare, un territorio que, bajo la sombra de Evo Morales, ha mutado de cuna sindical a capital del narcotráfico y la barbarie. Cinco vidas apagadas, cinco historias truncadas por un crimen que no solo refleja el salvajismo de sus autores, sino el estado de impunidad y anomia en el que el cocalero ha sumido a esta región.

El secuestro y asesinato de Cristian Serna, Tadhashy Loroña, Trinidad Muñoz, Liza Loroña y Juan Carlos Román en Pucamayu, cerca de Villa Tunari, no son actos aislados de violencia; son el resultado directo de un sistema que se alimenta de la ilegalidad, la corrupción y la indiferencia estatal. Según las declaraciones de Ernesto Almaraz Chura, el principal acusado, la madrugada del 13 de noviembre tres de las víctimas llegaron al Chapare para intentar rescatar a Tadhashy, un joven atrapado en un conflicto con comunarios sobre el pago de unas armas encargadas por los bloqueadores. Lo que siguió fue un descenso al infierno: amarrados, encapuchados y juzgados fueron sometidos a un “tribunal” que decidió su destino sin piedad ni remordimiento.

Almaraz describe con psicopático detalle el orden de los asesinatos. Uno a uno, sacó a las víctimas del vehículo. Tadhashy fue el primero, ejecutado de un disparo. Luego, Juan Carlos, un militar jubilado, corrió la misma suerte. Las dos mujeres no tuvieron un destino distinto: un tiro a quemarropa terminó con sus vidas. Pero fue Cristian Serna quien sufrió el castigo más atroz. Intentó huir, pero fue encontrado entre platanales, obligado a arrodillarse en un agujero cavado a toda prisa y enterrado vivo. Su agonía quedó como testimonio del salvajismo que reina en una zona donde la justicia es dictada por el miedo y la cocaína. Eso si, declara el monstruo : el dinero qué llevaron las victimas para rescatar a Tadhasy “ está en manos de la comunidad “

Estas muertes y la bárbara crueldad son la consecuencia lógica de un sistema que Evo Morales ayudó a construir y fortalecer. El Chapare, donde el 94% de la producción de coca no pasa por mercados legales, es el epicentro del narcotráfico en Bolivia. Morales, lejos de combatir esta realidad, la institucionalizó y legitimó. Bajo su gobierno, la superficie de cultivo de coca legal se expandió a niveles históricos, apenas disfrazada de defensa cultural. Sin embargo, gran parte de esa coca no está destinada al acullico o a otras actividades licitas, sino a los laboratorios clandestinos que inundan de cocaína los mercados internacionales.

El Chapare es hoy un feudo donde la ley del Estado ha sido reemplazada por la de las mafias. Los comunarios, supuestos guardianes de una causa indígena y popular, se han convertido en los ejecutores de una violencia tan visceral como organizada. La región, que alguna vez fue el emblema del sindicalismo campesino, es ahora un lugar donde el narcotráfico campea y no solo controla la economía, sino también la vida y la muerte de quienes se atreven a desafiar su autoridad.

Evo Morales es, sin duda, el responsable de este caos. Durante su mandato, no solo expulsó a la DEA y debilitó las instituciones anti narcotráfico, sino que también consolidó una cultura de impunidad que ha permeado todos los niveles de la sociedad. Bajo su egida, el Chapare dejó de ser un territorio boliviano para convertirse en una república independiente de la cocaína, donde las armas, las venganzas y la barbarie son moneda corriente.

La inmoralidad de Morales no tiene límites. Mientras los cadáveres de estas cinco personas eran sepultados en fosas comunes y sus restos quemados, el líder cocalero continuaba proclamándose defensor del pueblo. Pero, ¿qué pueblo defiende? ¿El que siembra coca para los narcos? ¿El que entierra vivo a un hombre sin juicio ni ley? Morales y su legado representan la peor traición a Bolivia: una nación que alguna vez soñó con justicia y progreso, pero que ahora se ve atrapada en una espiral de corrupción, narcotráfico y violencia.

Es hora de mirar de frente esta realidad, agarrar el demonio por las astas  y exigir un cambio radical. Bolivia merece un futuro donde la legalidad no sea un concepto vacío, donde las vidas no sean sacrificadas en nombre de una economía del crimen. Pero ese futuro solo será posible si se desmantela el sistema que Morales dejó atrás, un sistema que no solo permitió el narcotráfico, sino que lo convirtió en el motor de una región y la síntesis de una era de decadencia y sangre.

El problema no es la unidad, es el liderazgo

 

La política no es una suma aritmética. La idea de un candidato “único” asume que los votos de otros candidatos se transferirán automáticamente a este. Sin embargo, en la política no funciona así: cada persona vota según sus propias razones y convicciones. Si el candidato no convence, su condición de “único” no abastecerá, no votaran por él, y en otros casos, los masistas desencantados, por ejemplo, podrían no dar el paso si ven que lo único que une a los que propusieron al “único” es su antimasismo.

Los intentos de unidad en México y Venezuela fueron exitosos a nivel de la formulación, pero un fracaso a nivel del resultado final. En Venezuela, María Corina Machado no pudo ser candidata y el elegido por ella esta hoy en el exilio, aunque podría ser que el triunfo de Donald Trump y el nombramiento de Marco Rubio como secretario de estado cambie las cosas.  En México la unidad opositora distrajo la contienda a tal punto que recién hoy se empiezan a dar cuenta de la magnitud del fraude que les hicieron.

Al revés, los casos de Argentina, Paraguay y Ecuador evidencia que no es necesario un candidato artificialmente “único” si el candidato es verdaderamente único y genuino en su personalidad y propuestas. Ni Javier Milei ni Daniel Noboa ni Santiago Peña invitaron a que los otros opositores se plegaran, los derrotaron en 1era vuelta por la claridad de sus convicciones e ideas.

La imposición de un solo candidato elimina la diversidad ideológica y el debate interno a nivel de la sociedad, los medios y de cada partido. Al concentrar la representación en una sola persona, las demás posturas se ven relegadas, y el debate sobre temas fundamentales como la economía y la institucionalidad queda subordinado a la agenda de un solo actor.

Por último está el complicadísimo y existencial problema de determinar quienes tienen derecho a participar en el proceso de escogencia del candidato único y si algunos por funcionales al MAS deben ser excluidos. Dependiendo donde se coloque la vara para discriminar entre unos y otros se puede d conformar una coalición cuyo candidato único sea de los mas funcionales e inútiles. Es asi como por ejemplo e La Paz acabó eligiendo como Alcalde a Iván Arias Duran.

En lugar de un candidato único, se debería permitir que el proceso democrático se desarrolle en dos vueltas, donde los ciudadanos decidan quién representa mejor sus intereses. La unidad, si ha de lograrse, debe ser una decisión de la ciudadanía, no de un pequeño grupo de candidatos, y la ciudadanía siempre escogerá el liderazgo.

El único argumento en contra de lo que precede es que el MAS podría obtener 40 % de los votos en 1 era vuelta algo que desde el punto de vista lógico y refrendado por las encuestas es absolutamente imposible sin un fraude grosero al estilo de Maduro. El principal objetivo opositor pasa entonces no por elegir a un Dios del olimpo “único” sino por evitar el fraude para lo cual existen tres condiciones esenciales y una absolutamente imprescindible.

Para asegurar un proceso justo, es crucial: Un Tribunal Supremo Electoral imparcial, Un padrón electoral nuevo y confiable y una ley que asegure el control sobre la propaganda estatal que beneficia al oficialismo.

Si se logra un escenario electoral justo, los partidos de oposición deben coordinar para defender el voto en las mesas electorales. Esto implica contar con delegados capacitados de todos los candidatos opositores en cada una de las 30 000 mesas, trabajando en equipo y solidariamente para garantizar la transparencia del proceso. La unidad aquí debe ser en defensa del voto, la condición sine qua non para lograr librar a Bolivia de la oscuridad masista.

Un 21060 de la etica

 

Las casi dos décadas de la trágica experiencia del Movimiento al Socialismo han impuesto una necesidad ineludible en Bolivia: debemos emprender un proceso profundo de purificación que redima la mediocridad exaltada, la moralidad mezquina y la bajeza que se han instalado como normas de nuestra vida pública. Necesitamos hoy una genuina revolución: un renacimiento ético tan decisivo como lo fue el Decreto 21060 en términos económicos y financieros. Esta tarea es ardua, pues el deterioro moral no solo ha desgastado la capa superficial de nuestra sociedad, sino que ha corroído sus estratos más profundos, afectando a todas las regiones, las clases sociales, todas las edades y todo ámbito público.

El MAS ha consolidado la creencia de que la ley es un adorno conceptual, algo a respetarse solo cuando conviene. Han creado, además, una burocracia monstruosa y reglamentaria, una telaraña en la que la normativa carece de espíritu ético, de fundamento moral o, incluso peor, de sentido práctico, hecha solo para cobrar y perjudicar

 En esta Bolivia convertida en parodia, lo esencial ya no es el conocimiento, sino el “papelito” que lo pruebe. No importa si alguien está enfermo o moribundo; lo esencial es la fotocopia que certifica la vacuna para poder ingresar a un hospital. No importa si alguien es culpable o inocente; lo que cuenta es que haya cumplido con los trámites burocráticos, cargados de una miseria ética que empequeñece el espíritu. En esta estructura sin alma, se sacrifica el mérito y se apadrina la mediocridad en nombre de la paridad de género o, simplemente, por la bendición de quienes detentan el poder político.

Este deterioro ha alcanzado tal magnitud que se defendió, sin rubor, que la reelección indefinida era un “derecho humano”, solo porque unos adefesios de tribunos así lo sostuvieron, una aberración que hiere la dignidad de todas las verdaderas víctimas de violaciones de derechos humanos y contamina las funciones más sagradas del Estado.

Una revolución ética y moral debe comenzar estableciendo, con fuerza y claridad, que una sociedad civilizada no puede sobrevivir sin valores. No hay salvación fuera de ellos, aunque sea que los comportamientos los asuman inicialmente con hipocresía y que la educación y la coerción los transformen luego en costumbres. Se puede concebir no enseñarles a los niños la disciplina, honradez y la decencia, la necesidad de no faltar a la verdad, ¿la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Es posible hacer empresa, educar, sanar, competir o definir políticas públicas sin valores?

Hoy nuestra democracia se ha convertido en un cascarón vacío, carente de contenido, pues ha sido despojada de principios básicos como la división de poderes, un mínimo de buena fe, el respeto por el otro y el mínimo sentido genuinamente democrático. Esta erosión no puede ser ignorada pues aceptarla es renunciar a valores y principios.

En la historia universal encontramos episodios en los que la voluntad política logró desencadenar revoluciones éticas y morales con efectos duraderos para sus pueblos y para la humanidad. Desde la Revolución Francesa, cuyos ideales de libertad, igualdad y fraternidad sentaron una base ética para la política occidental, hasta el movimiento abolicionista que confrontó la inmoralidad de la esclavitud y los derechos fundamentales de los seres humanos; pasando por el movimiento kemalista de Atatürk en Turquía, que refundó la república bajo ideales de secularidad, racionalidad y modernización. De manera comparable, la transición democrática en España, que impulsó una ética de reconciliación, el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y la Revolución Meiji en Japón, que promovió el deber, el honor y el servicio a la nación, son ejemplos de que el cambio moral y ético colectivo. es posible.

Hoy, Bolivia necesita una transformación semejante, una enérgica revalorización de los principios y valores esenciales. Esta es una propuesta, un 21060 ético y moral, un renacimiento de la ética pública que restituya la dignidad y los valores de nuestra sociedad, convencidos de que solo con una base ética renovada podremos reconstruir la cohesión y el respeto que nuestra nación necesita para avanzar hacia el futuro. Las líneas de trabajo de un verdadero cambio del estado y de la sociedad a ese nivel son:  La generalización fundamentalista de la transparencia., la  educación y la concientización, un sistema sancionatorio, uno de estímulos y premios, la puesta en valor de la rendición de cuentas, de la fraternidad y la espiritualidad en libertad.

El ocaso de Evo Morales

 

En 2006 a Bolivia se le ocurrió darle más poder que a nadie en la historia a un campesino semianalfabeto jefe de los productores de coca exclusivamente para cocaína.  Que podía salir mal ? 

Desesperado por un cambio, el país fue seducido por la imagen que Morales proyectaba: un supuesto defensor de los indígenas y los marginados. Sin embargo, Morales no habla una lengua indígena, y nunca se ha identificado con la cultura de quienes decía representar. Su victoria fue el resultado de un engaño masivo, una farsa construida para ganar poder sin ningún compromiso con los ideales de justicia y equidad que pregonaba.

La debacle política de Evo Morales Ayma no es solo una caída, sino una larga y humillante agonía que revela su ignorancia, carencia moral y falta de visión. Morales, quien no terminó la secundaria y admitió abiertamente su rechazo a la lectura, ha demostrado ser un hombre sin formación intelectual, sin respeto por el conocimiento. Amparado en el apoyo del castro-chavismo latinoamericano y europeo, pasó de ser un trompetista a la presidencia de Bolivia, manteniéndose en el poder solo a base de estrategias de manipulación y a la bonanza económica que ocurrió a pesar de el y en cuya cosecha fue el único participante.

Durante casi cuatro décadas, Morales ha sido el líder de los productores de coca del Chapare, cuyas plantaciones no tienen otro destino que la cocaína. Su poder sindical no se construyó con liderazgo, sino con extorsión, presión y tácticas violentas, las mismas que hoy usa para evitar enfrentar a la justicia. Nunca se casó y reconoció a algunos de sus hijos bajo presión, mostrando una total falta de responsabilidad. Es un hombre sin principios, guiado solo por su insaciable sed de poder.

La decadencia de Morales se hizo evidente en 2016, cuando, en un acto de desprecio por la democracia, ignoró el referéndum que rechazaba su reelección y afirmó que postularse era un “derecho humano”. Con un Tribunal Constitucional sumiso, conformado por jueces a su servicio, Morales demostró que el único “derecho” que le importaba era su permanencia en el poder. Su huida en 2019, tras un fraude electoral y su vergonzoso regreso en 2020, mostró su falta de dignidad y su incapacidad para aceptar que su tiempo había terminado.

Hoy, las denuncias por abuso sexual de menores lo rodean y lo acorralan. La Fiscalía de Tarija lo ha citado en un caso de pederastia, algo que era un secreto a voces en Bolivia. Pero en lugar de asumir responsabilidad, Morales se presenta como víctima de una supuesta persecución política. Este patético intento de evadir la justicia es la culminación de años de manipulación y abuso de poder, el reflejo de un hombre que nunca ha respetado la ley.

En lo económico, el supuesto “modelo” de Morales fue una ilusión. Basado en ingresos temporales de gas y minerales, el crecimiento económico se desplomó cuando los recursos se agotaron en 2015. Durante años, Morales disimuló la falta de desarrollo estructural con una fachada de estabilidad económica. Hoy Bolivia enfrenta una crisis, con un sistema productivo destruido, una autosuficiencia alimentaria desmoronada y una economía en ruinas. Perdió, despilfarró y se robó una oportunidad excepcional para sacar a Bolivia de la pobreza y el sub desarrollo, empleando el dinero que quedaba de la corrupción en un estado hipertrofiado, obras inservibles, veleidades de faraón y no reinvirtió nada del mana gasífero que heredó.

 

Morales termina su carrera como un personaje sin moral ni ética, aferrado a una imagen de poder que ya no le pertenece. Sin dignidad ni credibilidad, se ha convertido en un pandillero “asalta caminos” política y literalmente, dispuesto a bloquear carreteras, matar policías y causar dolor, incendiando todo con tal de evadir la justicia. Las acusaciones de abuso a menores podrían conllevar hasta 25 años de cárcel si se demuestra que las víctimas eran menores de 14 años, y aún así, Morales se cree una alternativa electoral, arrastrando a Bolivia al caos en su desesperación por el poder.

Su historia es un recordatorio doloroso de la ceguera de un electorado que, en 2006, pasó por alto su falta de formación, visión y principios. En lugar de un héroe, Bolivia encontró en Morales una estafa; en lugar de progreso, un desastre. Hoy, Bolivia enfrenta el desafío de reconstruir sus instituciones, economía y tejido social, tras el paso de un hombre que, lejos de representar un cambio positivo, simboliza una de las oportunidades más grandes que el país perdió. A tomar en cuenta cuando suenan los cantos de sirena del apoyo a precandidatos cuya juventud e inexperiencia es vista como grandes cualidades en desmedro de la experiencia y formación de liderazgos de temple. En política, como en la economía y en la vida, no haya ni magia ni magos, solo los que mienten y los que dicen la verdad.

Bolivia en la encrucijada : La crisis ética y moral bajo el regimen del MAS

 

Bolivia se encuentra hoy sumida en la más profunda decadencia moral y ética. Bajo el régimen del MAS de Evo Morales y sus secuaces, el país ha sido testigo de una escalada de corrupción, violencia, abusos sexuales y narcotráfico, que ha destruido los valores más básicos de nuestra sociedad. Lo que en su día fue una nación en busca de justicia y equidad, hoy se ha convertido en un escenario de impunidad, atropello, opresión, cinismo y muerte.

El propio Morales es ahora el símbolo de la corrupción. Desde hace años que se comenta sobre sus preferencias sexuales con menores de edad, un hecho que cualquier otra persona pagaría con la cárcel. Morales, sin embargo, ha gozado de impunidad, protegido por el aparato judicial que él mismo manipuló para sus intereses.

Este caso es solo la punta del iceberg de una corrupción que ha podrido las entrañas del Estado. Entre 2016 y 2023, más de 2,500 casos de violación y abuso sexual fueron registrados, y una gran parte de ellos quedaron impunes. La justicia en Bolivia es un fantasma, un aparato zombi corroído por el MAS, que prioriza la protección de los suyos antes que los derechos de las víctimas. ¿Dónde está la justicia para estas mujeres y niñas? ¿Dónde está la ética en una sociedad que permite que estos crímenes se multipliquen bajo la sombra de los poderosos?

Bolivia ha sido entregada en bandeja de plata a los cárteles del narcotráfico. En 2021, el excomandante de la Policía Nacional, Maximiliano Dávila, fue arrestado por sus vínculos con el narcotráfico internacional, el caso más sonado de una larguísima lista de autoridades vinculadas al narcotráfico, incluyendo militantes, dirigentes, concejales, diputados, senadores, viceministros, ministros y autoridades policiales y de justicia del MAS. La narcopolítica ha tomado el control del Estado, mientras los ciudadanos honestos viven con miedo.

La violencia contra las mujeres y los niños ha alcanzado niveles epidémicos. En 2023, más de 100 feminicidios sacudieron la nación, y la respuesta del gobierno ha sido poco más que discursos vacíos. El sistema judicial, completamente politizado y sumiso al MAS, no puede garantizar justicia para las mujeres que mueren a manos de una sociedad que las ignora.

Los niños tampoco han sido inmunes a esta ola de decadencia. En 2022, más de 4,000 casos de abuso infantil fueron registrados, la mayoría perpetrados por familiares cercanos. Pero en un país donde la impunidad reina y el gobierno se preocupa más por proteger a sus cómplices que por hacer cumplir la ley, estos crímenes han sido sistemáticamente ignorados.

El saqueo al Estado es otra marca indeleble de la gestión masista. Desde 2006 hasta 2024, varios casos de corrupción económica y saqueo al Estado marcaron la gestión.  Desde el “Fondo Indígena” hasta el “Evo cumple”, se desviaron millones de bolivianos destinados a proyectos sociales para comunidades indígenas entre 2010 y 2015, afectando a cientos de comunidades que nunca recibieron los beneficios prometidos sino sobreprecios, obras fantasmas y una gestión opaca de los recursos.

El desastre ecológico también ha sido una constante bajo la administración del MAS. Los incendios provocados que devastaron la Chiquitanía en 2019 y de nuevo en 2024 son una muestra más de la indiferencia criminal del gobierno. Más de cuatro millones de hectáreas de bosque fueron consumidas por el fuego, destruyendo la vida de comunidades indígenas y poniendo en peligro la biodiversidad del país. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada. Los responsables quedaron impunes, mientras el gobierno continuaba con su agenda de expansión agrícola sin freno ni conciencia ambiental.

Bolivia no puede continuar en este estado de decadencia. Se necesita una revolución ética y moral que devuelva a la nación sus valores fundamentales. El primer paso es una reforma integral del sistema judicial, para que la justicia deje de ser una herramienta al servicio del poder y se convierta en lo que debería ser: un escudo para los más débiles y una espada contra los corruptos.

Es imperativo también que se implementen políticas reales de protección para las víctimas de violencia, que se depure a las fuerzas de seguridad de los elementos corruptos y que se tomen medidas drásticas contra el narcotráfico y la corrupción. Solo un compromiso firme con la justicia, la transparencia y el respeto por la dignidad humana podrá salvar a Bolivia de esta catástrofe.

El MAS, con Evo Morales a la cabeza, ha traicionado a su pueblo. Bolivia merece algo mejor. Necesitamos una nueva era de integridad y decencia, una era en la que el gobierno sirva al pueblo, y no se sirva de él.

El mundo entero ha conocido lo que que era vox populi en Bolivia

 

El mundo entero ha conocido en los últimos días algo que era vox populi para los bolivianos, la afición del señor Evo Morales por las jovencitas, incluyendo en no pocos casos las menores de edad. Un secreto a voces dentro de las fronteras nacionales la noticia se volvió global así como las reacciones de censura y desaprobación, con obviamente excepciones como la del grupo de puebla que sin rubor ni vergüenza declaró que se trataba de un caso de “Lawfare” (guerra judicial políticamente motivada) a lo que el foro de Madrid respondió diciendo que el primero “avala delitos de pedofilia y trata y tráfico”

En Bolivia, el Código Penal establece que cualquier persona que tenga relaciones sexuales con un menor de 18 años, aprovechándose de una situación de superioridad o dependencia, comete el delito de “estupro”. Este delito está regulado en el artículo 309 del Código Penal boliviano y se considera un crimen en casos donde la persona mayor tiene una relación de poder o influencia sobre la menor, con penas de hasta 6 años de prisión. Adicionalmente, si se comprueba que la víctima era menor de 14 años, el acto se clasificaría como violación, un delito más grave con penas de hasta 20 años de prisión, según el artículo 308 del mismo código.

Morales no ha negado formalmente las acusaciones, después de todo el mismo expreso su deseo de retirarse al Chapare “con una quinceañera” y bromeó que cuando el “va a los pueblos, quedan todas las mujeres embarazadas y en sus barrigas dice Evo Cumple" entre muchas otras expresiones de machismo y humor mal entendido.

El acusado no puede desmentir las denuncias puesto que existen una infinidad de indicios, fotos, certificados de nacimiento, videos, hijos reconocidos y no reconocidos entre otras evidencias de su comportamiento, el de un hombre público que no se casó, reconoció a duras penas y luego de presiones políticas a algunos de sus hijos y a quien no se le conoce una relación estable con ninguna pareja.

Lejos de rechazar las acusaciones las huestes del ex mandatario amenazan con acabar con el gobierno en funciones si “tocan a Evo Morales” como lo hizo el ex ministro Juan Ramon Quintana en su momento sindicado de varios casos de asesinato y corrupción, igualmente impune hasta hoy, así como los productores de coca para cocaína del Chapare  que amenazan a militares y policías en caso de que se lo lleve ante la justicia.

Lo que ha generado igual polémica es la reacción de ciertos sectores de la prensa, cuando a pesar de la gravedad de las denuncias, algunos de ellos continuaron entrevistando a Morales sin cuestionarlo. En diversas entrevistas, Morales fue invitado como figura política clave, pero pocos periodistas mencionaron las acusaciones o indagaron sobre el tema. Esta falta de rigor ha sido ampliamente criticada tanto dentro como fuera de Bolivia, donde algunas organizaciones periodísticas han señalado que se está permitiendo la impunidad y una normalización de la supuesta conducta del exmandatario.

Para algunos, esto refleja una parcialidad hacia Morales, mientras que otros creen que los medios confeccionan sus agendas en base a la pauta de publicidad estatal o las presiones y extorsiones del oficialismo.. Esta respuesta de la prensa ha sido interpretada por muchos como una falta de compromiso con los derechos de las víctimas y una omisión de su responsabilidad de informar con objetividad.

El caso de Evo Morales permanece sin resolver y continúa siendo motivo de indignación pública, especialmente en el contexto de la legislación boliviana, que establece protecciones claras para los menores de edad. La falta de respuestas y de una cobertura crítica en ciertos medios ha dejado en evidencia una disonancia entre algunos sectores de la prensa y la demanda popular de justicia y transparencia.

The Unlearned Lesson: Bolivia and the Forest Fires from 2018 to 2024

 

Bolivia, a country with unique biodiversity, faces recurring forest fires that devastate its territory, exacerbated by agricultural expansion, coca cultivation, illegal mining, and deforestation. Despite the severity of the fires in 2018, the ruling government has not adopted preventive measures or effective public policies to prevent the situation from recurring in 2024. The fires in 2018 were already devastating, both environmentally and economically, and the government’s inaction has allowed, and some say even encouraged, the situation to repeat itself six years later.

The main problem lies in the uncontrolled expansion of the agricultural frontier, driven by the cultivation of soy, coca, and extensive cattle ranching, which has been one of the main causes of deforestation. Despite criticism of the incendiary laws and decrees that facilitate the use of fire for agricultural activities, no actions have been taken to repeal them or to establish effective public policies to stop the destruction of forests.

The lack of resources and institutional coordination is evident. Firefighters and forest brigades are not adequately equipped or trained to deal with large-scale fires, resulting in an insufficient response to environmental emergencies. Additionally, climate change, with prolonged droughts and high temperatures, has increased the frequency and intensity of fires, although it cannot be used as an excuse for the government’s inaction.

A cultural aspect of this issue is the lack of foresight and planning, both in public policies and in daily life. In Bolivia, prevention is not ingrained, and the tendency is to make reactive decisions rather than proactive ones, leading to an inability to effectively manage crises. Improvisation has become a constant, and this is reflected in the management of natural resources and the inability to prevent disasters.

The lack of discipline is also a critical issue. Although environmental policies exist, their implementation is inconsistent and not enforced with the necessary rigor. The burning of lands and the use of protected areas continue without strict controls, reflecting a lack of commitment to legality and responsibility in public management. This short-term, extractive approach has led to the destruction of ecosystems, fueling the cycle of fires that Bolivia faces year after year.

The impact of these fires is not limited to the environment. The most vulnerable communities, which depend on natural resources for their livelihood, are the most affected. The loss of forests means the loss of livelihoods, leaving many people without access to food, medicine, or building materials. The State's lack of planning perpetuates poverty and marginalization of these sectors of the population.

Lastly, improvisation is not just a political problem but a cultural one. Instead of anticipating and planning, action is only taken when disaster has already struck. This reflects a worldview that does not value the importance of discipline and planning, which are fundamental elements for a sustainable society. While other countries in the region have begun to implement more effective policies to tackle climate change, Bolivia remains behind, trapped in a culture of delayed reaction.

To break this destructive cycle, Bolivia needs a profound change in its culture of foresight and planning. The government must adopt stricter public policies and ensure their implementation with discipline. Moreover, it is crucial to commit genuinely to environmental protection, promoting responsible management of natural resources and strengthening emergency response capacities.

Bolivia must leave behind improvisation and begin to plan seriously and sustainably to prevent forest fires from continuing to devastate the country. The lesson from 2018 and its repetition in 2024 can no longer be ignored; it is time to change course and build a culture of foresight, discipline, and responsibility to protect Bolivia’s future and its invaluable natural heritage.

La lección no aprendida: Bolivia y los incendios forestales de 2018 a 2024

 

 

                                                                                                                          

Bolivia, un país con una biodiversidad única, enfrenta recurrentes incendios forestales que devastan su territorio, exacerbados por la expansión agrícola, el cultivo de coca, la minería ilegal y la deforestación. A pesar de la gravedad de los incendios ocurridos en 2018, el masismo en el gobierno no ha adoptado medidas preventivas o políticas públicas efectivas para evitar que se repita esta situación en 2024. Los incendios de 2018 ya fueron devastadores, tanto ambiental como económicamente, y la inacción del gobierno ha permitido, y algunos dicen que incentivado, que la situación se repita seis años después.

El problema principal radica en la expansión descontrolada de la frontera agrícola, impulsada por el cultivo de soya, coca y la ganadería extensiva, que ha sido una de las principales causas de la deforestación. A pesar de las críticas hacia las leyes y decretos incendiarios que facilitan el uso del fuego para actividades agropecuarias, no se han tomado acciones para derogarlas ni para establecer políticas públicas efectivas que detengan la destrucción de los bosques.

La falta de recursos y coordinación institucional es evidente. Los cuerpos de bomberos y brigadas forestales no están adecuadamente equipados ni entrenados para enfrentar incendios de gran magnitud, lo que ha resultado en una respuesta insuficiente ante las emergencias ambientales. Además, el cambio climático, con periodos prolongados de sequía y altas temperaturas, ha aumentado la frecuencia e intensidad de los incendios, aunque no puede ser utilizado como excusa para la inacción del gobierno.

Un aspecto cultural es la falta de previsión y planificación, tanto en las políticas públicas como en la vida cotidiana. En Bolivia, la prevención no está arraigada, y la tendencia es tomar decisiones reactivas en lugar de proactivas, lo que lleva a la incapacidad de manejar eficazmente las crisis. La improvisación se ha convertido en una constante, y esto se refleja en la gestión de los recursos naturales y la incapacidad para prevenir desastres .

La falta de disciplina también es un problema crítico. Aunque existen políticas ambientales, su implementación es inconsistente y no se aplican con el rigor necesario. La quema de tierras y el uso de áreas protegidas continúan sin controles estrictos, lo que refleja una falta de compromiso con la legalidad y la responsabilidad en la gestión pública. Este enfoque cortoplacista y extractivista ha llevado a la destrucción de los ecosistemas, alimentando el ciclo de incendios que Bolivia enfrenta año tras año.

El impacto de estos incendios no se limita solo al medio ambiente. Las comunidades más vulnerables, que dependen de los recursos naturales para su subsistencia, son las más afectadas. La pérdida de bosques significa la pérdida de medios de vida, dejando a muchas personas sin acceso a alimentos, medicinas o materiales de construcción. La falta de planificación por parte del Estado perpetúa la pobreza y la marginalización de estos sectores de la población.

Por último, la improvisación no es solo un problema político, sino cultural. En lugar de prever y planificar, se actúa solo cuando el desastre ya ha golpeado. Esto refleja una visión que no valora la importancia de la disciplina y la planificación, elementos fundamentales para una sociedad sostenible. Mientras otros países de la región han comenzado a implementar políticas más efectivas para enfrentar el cambio climático, Bolivia sigue rezagada, atrapada en una cultura de reacción tardía.

Para romper este ciclo destructivo, Bolivia necesita un cambio profundo en su cultura de previsión y planificación. El gobierno debe adoptar políticas públicas más estrictas y garantizar su implementación con disciplina. Además, es crucial que se asuma un compromiso real con la protección del medio ambiente, promoviendo una gestión responsable de los recursos naturales y fortaleciendo las capacidades de respuesta ante emergencias.

Bolivia debe dejar atrás la improvisación y comenzar a planificar de manera seria y sostenida para evitar que los incendios forestales continúen devastando el país. La lección de 2018 y su repetición en 2024  no puede seguir siendo ignorada; es hora de cambiar el rumbo y construir una cultura de previsión, disciplina y responsabilidad para proteger el futuro de Bolivia y su invaluable patrimonio natural.

¿Unidad que resta o división que suma ?

 

Los bolivianos somos afectos a buscar, y tener la impresión de encontrar, panaceas para todos nuestros problemas. Estamos convencidos que si linchamos a una presidente política e incluso físicamente, todo se solucionará. Para acabar con nuestro sub desarrollo, recuperar el mar era la solución. ¿No funcionan los partidos políticos ? ¡La bala de la plata son las agrupaciones ciudadanas! ¿ La economía  no satisface las expectativas? Los unos plantean estatizarlo todo y los otros privatizar hasta la presidencia. Que decir de las virtudes del federalismo para algunos. Gracias a él, si los escuchamos, tendremos un salto cuántico hacia la concreción de la perfección divina hecha organización política.

Algo comparable sucede con la idea de la unidad político electoral en primera vuelta. Para ganarle al MAS el único camino es la unidad, no importa con quienes, a qué precio, ni en qué condiciones. Lo UNICO que importa es que se concrete todo alrededor de una sola persona, cuyas virtudes y defectos son completamente irrelevantes si es que alguna encuesta o votación virtual  lo ha ubicado como quien encarne la unidad opositora.

Apenas se atreve hablar alguien de opciones consideradas "chicas" no le salta el MAS, lo hacen los `propios "opositores" diciendo que "como se atreve, que no tiene posibilidades, que hay que unirse etc.. Así, Jesucristo podría ser candidato, pero Satanás le ganaría porque "hay que unirse"… De todas las panaceas, el ideal de la unidad opositora antes de la primera vuelta es algo que todos los integrantes de las oposiciones, con no poca hipocresía, señalan ser su prioridad. Los unos agitan este objetivo por que creen que la dichosa unidad se realizara alrededor de ellos, y otros lo hacen por no salirse del área de confort que brinda la hipocresía políticamente correcta.

La unidad así entendida  parte del supuesto  de que en política dos mas dos son cuatro o hasta cinco cuando en realidad dos mas dos pueden sumar tres o menos. 

Como lo señala el periodista Raúl Peñaranda en un artículo bajo el título de “la innecesaria candidatura única de la oposición” el concentrar las fuerzas en una sola persona garantiza únicamente que esta sea el blanco fácil de las agresiones oficialistas como ocurrió con María Corina Machado y en ningún caso garantiza el triunfo puesto que implica eliminar todos los huevos para poner uno solo en la canasta, con su obvia vulnerabilidad, como también ocurrió en México.

Significa además marginar a indecisos y masistas arrepentidos en 1 era vuelta ya que estos se mostrarían escépticos de apoyar a un candidato cuyo único atributo seria su anti masismo.

En Bolivia una buena parte de la militancia y de los simpatizantes de partidos y candidatos se mueven en base a un cálculo utilitarista que básicamente se basa en las posibilidades de obtener un empleo, granjería o situación de privilegio con el ganador. Por otro lado, los que no obedecen a esta lógica y votan por razones de simpatía personal o afinidad ideológica pueden perfectamente encontrar indigesto o hasta imposible votar por quien esta en el otro extremo de lo que siempre defendieron, por mucha apariencia de antimasista que este tenga.

En ambos casos, la unidad en primera vuelta restará, no sumará, sobre todo si es impuesta, forzada y sin debate y competencia previa. Los unitaristas parten sin embargo de la base de que no importa que en ella cohabiten izquierdistas, derechistas, demócratas, o autoritarios corruptos u honrados liberales o socialistas, funcionales y genuinos, no importa que se crucen no solo ríos sino mares de sangre, diferencias y distancias, lo único que importa es que haya un solo candidato.

Esta pone paradójicamente la evaluación de las luces y sombras de los pre candidatos en segundo o tercer lugar. Lo único que cuenta es que haya un candidato no importa quien sea, sus convicciones o cuales sus antecedentes, valores o principios. Por lo tanto, no hay verdadero debate, como ya tenemos candidato único, que importan la economía, las propuestas, los temas, el liberalismo o el socialismo, lo único que importa es que ya tenemos un candidato. La confrontación de ideas o la evaluación de conocimientos pasa a ser secundaria, accesoria y hasta irrelevante.

La no aceptación de la unidad mecánica conlleva el enojo feroz e irracional de los unitaristas que descalifican con furia a quien se atreva a decir que no está de acuerdo con la unidad no debatida y desde antes de la primera vuelta.  Es en realidad, el argumento descalificatorio mas contundente contra un opositor, no importan sus antecedentes, calidad intrínseca como candidato o persona, al no dar su apoyo a la unidad eso lo convierte, mas que en un adversario, en un traidor.

No importa como en el caso de un ex presidente que muchos digan que es “el mejor candidato” pero al no apoyar la unidad sin condiciones queda fuera del proceso ipso facto, ni se evalúan sus propuestas o atributos. En 2019 el elegido de la “unidad” y su partido no hicieron ni control electoral, ni en rigor esfuerzo algún para seducir a sus potenciales aliados, despreciándolos. En realidad, algunos dirían que hicieron una campaña cómoda y que en el fondo no querían ganar. Sin embargo, las encuestas dicen que de nuevo va primero, a su vez este, sabedor de que esa situación le asegura supuestamente el apoyo de todos, ya no hace ningún esfuerzo.

La unidad fanatizada e impuesta da la idea de que en Bolivia el MAS nos quitó no solo todos nuestros recursos y nuestra democracia sino también nuestras identidades políticas e ideológicas, los recorridos colectivos e individuales que hacen a una identidad política, hasta nuestra personalidad, todo deben borrarse o pasar a ser accesorios, para apoyar a un solo candidato.

De esta forma la oposición queda realmente dividida, los nobles y buenos defensores de la unidad no importa alrededor de que sino solo de quien y los mezquinos y egoístas, individualistas y ciegos propugnadores de que, por lo menos en la 1 era vuelta cada uno diga lo que tiene que decir. Pero más allá de eso queda silenciada, reducida a ser parte de un adefesio en el que no hay lugar para las pasiones ni convicciones, los debates ni las propuestas, mas aun si el “elegido” como sucedió la ultima vez, en realidad no muestra intención  alguna de considerar a todos en forma proactiva y por lo tanto desmotiva a muchos de sus eventuales adherentes.

El escenario tiene entonces a un MAS dividido y a una oposición mucho mas que dividida, desmotivada, con una parte vaciada de su espíritu y razón de ser, como soldados desanimados que ignoran el sentido del combate, conminados a luchar siguiendo a quien no dice por dónde, con qué y hacia dónde quiere llegar.  

El único camino para construir un proceso de unidad y concertación opositora pasa por empezar no por “alrededor de quien” sino alrededor de “que” es decir el conjunto de propuestas ideas y visiones que encarna las diferentes personalidades deben necesariamente pasar por un debate en profundidad y una compulsa que excluya a las encuestas como proceso dirimidor.  Las selecciones finales de candidatos debieran hipotéticamente   realizarse en primarias cuyo problema central es quien las financiaría y como se garantizaría la imparcialidad y consistencia de quienes las administren.

Por último, hablar de unidad o de división sin asegurarse que se haya cambiado totalmente las posibilidades de reedición del fraude, que se cuente con un padrón confiable para todos y que el estado no sea del uso y abuso del partido oficialista es una tarea básica sin la cual todo participación unitaria o atomizada carece de sentido.

Es absolutamente inconcebible que dado el estado actual de la economía y la polarización de los 2 sectores masistas estos puedan alcanzar el 40 % de los votos sin fraude y manipulación. Queda por saber si la oposición priorizará la denuncia de ese estado de cosas o ira sumisa al fraude.

Lo propio con la no priorización de un control electoral real, organizado y financiado, una tarea de envergadura que necesariamente tiene que ser llevada cabo con la debida anticipación y logística, en forma concienzuda y seria, el ejemplo de Venezuela no necesita de mayores ahondamientos.

Si no se cumple este recorrido estratégico a lo único que iremos unidos es a un nuevo fraude electoral y al matadero político, no solo perdiendo la elección, sino también la dignidad.

BOLIVIA: EL INAUDITO SISTEMA DE ELECCIONES JUDICIALES EMPEORO LA JUSTICIA

 

Las elecciones judiciales en Bolivia fueron implementadas por primera vez en 2011, como parte de una reforma constitucional que buscaba democratizar el sistema judicial y garantizar la independencia de los jueces. Sin embargo, desde su origen, estas elecciones han sido objeto de críticas y controversias debido a su falta de transparencia y a la percepción de que no han logrado transformar la justicia de manera efectiva.

Una de las principales críticas radica en que las elecciones judiciales ponen a los candidatos en una situación parecida a la de los políticos es decir compitiendo por votos, lo que limita su futura independencia al obligar a los candidatos hacer promesas que equivalen a prometer llevar a cabo un trafico de influencias si son electos.

Otro elemento es el de la autoidentificación indígena que permite sumar puntos en la preselección de candidatos por parte de la Asamblea Nacional. Como los impulsores tomaron conciencia de que no se podía permitir que los candidatos hagan campañas abiertas, prohibió las mismas, lo que atenta contra la libertad de expresión pero además  el Tribunal electoral tomo a su cargo la difusión de los perfiles de los candidatos subrayando según el caso su autoidentificación indígena, lo que fue denunciado como racista.

En las elecciones judiciales de 2011, se presentaron 97 candidatos a jueces y magistrados, de los cuales 57 fueron elegidos. Sin embargo, la participación ciudadana fue muy baja, con un 45% de votos blancos y un 18% de votos nulos. Esto revela un claro descontento por parte de la población y una falta de confianza en el proceso electoral y en los candidatos presentados.

Además, a lo largo de los años, se han denunciado numerosos casos de corrupción en el sistema judicial boliviano, lo que ha contribuido a socavar la credibilidad de las elecciones judiciales. En Bolivia hay casos de condenados a 30 años sin derecho a indulto liberados a los meses de iniciar su condena, jueces que han admitido en grabaciones que condenaron a gente sabiendo de su inocencia, y en general el sistema de justicia es percibido como lento, muy corrupto y totalmente permeable a la presión política y económica. .

En las elecciones judiciales de 2017, la situación no fue muy diferente. A pesar de la implementación de reformas para mejorar la transparencia del proceso, la participación ciudadana fue nuevamente baja, con un 60% de votos nulos y un 10% de votos blancos. Además, se denunciaron irregularidades en la selección de candidatos y en el conteo de votos, lo que generó aún más desconfianza en el sistema judicial.

En resumen, las elecciones judiciales en Bolivia han sido un gasto insulso en procesos electorales en los que la gente no participa y han sido incapaces de transformar la justicia de manera efectiva debido a la falta de transparencia, la baja participación ciudadana y la persistencia de la extrema politización y corrupción en el sistema judicial.

Bajo el argumento de que el anterior sistema hacia prevalecer el “cuoteo” es decir acuerdos entre bancadas parlamentarias para la elección de jueces, distribuyéndose entre las mismas en cuotas, se instituyeron las elecciones judiciales como un enrevesado camino, aparentemente democrático, pero realmente arbitrario, cuya manipulación ocurre en la pre selección de candidatos que realiza la asamblea nacional, bajo el control oficialista puesto que solo los que ellos determinen puede postularse.

Esto ha permitido que el partido oficialista haga elegir ya no una cuota más o menos meritocrática de jueces, como eran el caos antes, sino a la totalidad   de los jueces que en general son de un nivel profesional y académico paupérrimo, compensando aquello con su obsecuencia política y postura indigenista.

Es necesario implementar medidas urgentes para mejorar la calidad y la independencia de la justicia en Bolivia y restaurar la confianza de la población en las instituciones judiciales.