Las elecciones judiciales en
Bolivia fueron implementadas por primera vez en 2011, como parte de una reforma
constitucional que buscaba democratizar el sistema judicial y garantizar la
independencia de los jueces. Sin embargo, desde su origen, estas elecciones han
sido objeto de críticas y controversias debido a su falta de transparencia y a
la percepción de que no han logrado transformar la justicia de manera efectiva.
Una de las principales críticas
radica en que las elecciones judiciales ponen a los candidatos en una situación
parecida a la de los políticos es decir compitiendo por votos, lo que limita su
futura independencia al obligar a los candidatos hacer promesas que equivalen a
prometer llevar a cabo un trafico de influencias si son electos.
Otro elemento es el de la autoidentificación
indígena que permite sumar puntos en la preselección de candidatos por parte de
la Asamblea Nacional. Como los impulsores tomaron conciencia de que no se podía
permitir que los candidatos hagan campañas abiertas, prohibió las mismas, lo
que atenta contra la libertad de expresión pero además el Tribunal electoral tomo a su cargo la
difusión de los perfiles de los candidatos subrayando según el caso su autoidentificación
indígena, lo que fue denunciado como racista.
En las elecciones judiciales de
2011, se presentaron 97 candidatos a jueces y magistrados, de los cuales 57
fueron elegidos. Sin embargo, la participación ciudadana fue muy baja, con un
45% de votos blancos y un 18% de votos nulos. Esto revela un claro descontento
por parte de la población y una falta de confianza en el proceso electoral y en
los candidatos presentados.
Además, a lo largo de los años,
se han denunciado numerosos casos de corrupción en el sistema judicial
boliviano, lo que ha contribuido a socavar la credibilidad de las elecciones
judiciales. En Bolivia hay casos de condenados a 30 años sin derecho a indulto
liberados a los meses de iniciar su condena, jueces que han admitido en
grabaciones que condenaron a gente sabiendo de su inocencia, y en general el
sistema de justicia es percibido como lento, muy corrupto y totalmente
permeable a la presión política y económica. .
En las elecciones judiciales de
2017, la situación no fue muy diferente. A pesar de la implementación de
reformas para mejorar la transparencia del proceso, la participación ciudadana
fue nuevamente baja, con un 60% de votos nulos y un 10% de votos blancos.
Además, se denunciaron irregularidades en la selección de candidatos y en el
conteo de votos, lo que generó aún más desconfianza en el sistema judicial.
En resumen, las elecciones
judiciales en Bolivia han sido un gasto insulso en procesos electorales en los
que la gente no participa y han sido incapaces de transformar la justicia de
manera efectiva debido a la falta de transparencia, la baja participación
ciudadana y la persistencia de la extrema politización y corrupción en el
sistema judicial.
Bajo el argumento de que el
anterior sistema hacia prevalecer el “cuoteo” es decir acuerdos entre bancadas
parlamentarias para la elección de jueces, distribuyéndose entre las mismas en
cuotas, se instituyeron las elecciones judiciales como un enrevesado camino,
aparentemente democrático, pero realmente arbitrario, cuya manipulación ocurre
en la pre selección de candidatos que realiza la asamblea nacional, bajo el
control oficialista puesto que solo los que ellos determinen puede postularse.
Esto ha permitido que el partido
oficialista haga elegir ya no una cuota más o menos meritocrática de jueces,
como eran el caos antes, sino a la totalidad
de los jueces que en general son de un nivel profesional y académico
paupérrimo, compensando aquello con su obsecuencia política y postura
indigenista.
Es necesario implementar medidas
urgentes para mejorar la calidad y la independencia de la justicia en Bolivia y
restaurar la confianza de la población en las instituciones judiciales.
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