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lunes, 21 de octubre de 2024

Bolivia en la encrucijada : La crisis ética y moral bajo el regimen del MAS

 

Bolivia se encuentra hoy sumida en la más profunda decadencia moral y ética. Bajo el régimen del MAS de Evo Morales y sus secuaces, el país ha sido testigo de una escalada de corrupción, violencia, abusos sexuales y narcotráfico, que ha destruido los valores más básicos de nuestra sociedad. Lo que en su día fue una nación en busca de justicia y equidad, hoy se ha convertido en un escenario de impunidad, atropello, opresión, cinismo y muerte.

El propio Morales es ahora el símbolo de la corrupción. Desde hace años que se comenta sobre sus preferencias sexuales con menores de edad, un hecho que cualquier otra persona pagaría con la cárcel. Morales, sin embargo, ha gozado de impunidad, protegido por el aparato judicial que él mismo manipuló para sus intereses.

Este caso es solo la punta del iceberg de una corrupción que ha podrido las entrañas del Estado. Entre 2016 y 2023, más de 2,500 casos de violación y abuso sexual fueron registrados, y una gran parte de ellos quedaron impunes. La justicia en Bolivia es un fantasma, un aparato zombi corroído por el MAS, que prioriza la protección de los suyos antes que los derechos de las víctimas. ¿Dónde está la justicia para estas mujeres y niñas? ¿Dónde está la ética en una sociedad que permite que estos crímenes se multipliquen bajo la sombra de los poderosos?

Bolivia ha sido entregada en bandeja de plata a los cárteles del narcotráfico. En 2021, el excomandante de la Policía Nacional, Maximiliano Dávila, fue arrestado por sus vínculos con el narcotráfico internacional, el caso más sonado de una larguísima lista de autoridades vinculadas al narcotráfico, incluyendo militantes, dirigentes, concejales, diputados, senadores, viceministros, ministros y autoridades policiales y de justicia del MAS. La narcopolítica ha tomado el control del Estado, mientras los ciudadanos honestos viven con miedo.

La violencia contra las mujeres y los niños ha alcanzado niveles epidémicos. En 2023, más de 100 feminicidios sacudieron la nación, y la respuesta del gobierno ha sido poco más que discursos vacíos. El sistema judicial, completamente politizado y sumiso al MAS, no puede garantizar justicia para las mujeres que mueren a manos de una sociedad que las ignora.

Los niños tampoco han sido inmunes a esta ola de decadencia. En 2022, más de 4,000 casos de abuso infantil fueron registrados, la mayoría perpetrados por familiares cercanos. Pero en un país donde la impunidad reina y el gobierno se preocupa más por proteger a sus cómplices que por hacer cumplir la ley, estos crímenes han sido sistemáticamente ignorados.

El saqueo al Estado es otra marca indeleble de la gestión masista. Desde 2006 hasta 2024, varios casos de corrupción económica y saqueo al Estado marcaron la gestión.  Desde el “Fondo Indígena” hasta el “Evo cumple”, se desviaron millones de bolivianos destinados a proyectos sociales para comunidades indígenas entre 2010 y 2015, afectando a cientos de comunidades que nunca recibieron los beneficios prometidos sino sobreprecios, obras fantasmas y una gestión opaca de los recursos.

El desastre ecológico también ha sido una constante bajo la administración del MAS. Los incendios provocados que devastaron la Chiquitanía en 2019 y de nuevo en 2024 son una muestra más de la indiferencia criminal del gobierno. Más de cuatro millones de hectáreas de bosque fueron consumidas por el fuego, destruyendo la vida de comunidades indígenas y poniendo en peligro la biodiversidad del país. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada. Los responsables quedaron impunes, mientras el gobierno continuaba con su agenda de expansión agrícola sin freno ni conciencia ambiental.

Bolivia no puede continuar en este estado de decadencia. Se necesita una revolución ética y moral que devuelva a la nación sus valores fundamentales. El primer paso es una reforma integral del sistema judicial, para que la justicia deje de ser una herramienta al servicio del poder y se convierta en lo que debería ser: un escudo para los más débiles y una espada contra los corruptos.

Es imperativo también que se implementen políticas reales de protección para las víctimas de violencia, que se depure a las fuerzas de seguridad de los elementos corruptos y que se tomen medidas drásticas contra el narcotráfico y la corrupción. Solo un compromiso firme con la justicia, la transparencia y el respeto por la dignidad humana podrá salvar a Bolivia de esta catástrofe.

El MAS, con Evo Morales a la cabeza, ha traicionado a su pueblo. Bolivia merece algo mejor. Necesitamos una nueva era de integridad y decencia, una era en la que el gobierno sirva al pueblo, y no se sirva de él.

martes, 3 de septiembre de 2024

BOLIVIA: EL INAUDITO SISTEMA DE ELECCIONES JUDICIALES EMPEORO LA JUSTICIA

 

Las elecciones judiciales en Bolivia fueron implementadas por primera vez en 2011, como parte de una reforma constitucional que buscaba democratizar el sistema judicial y garantizar la independencia de los jueces. Sin embargo, desde su origen, estas elecciones han sido objeto de críticas y controversias debido a su falta de transparencia y a la percepción de que no han logrado transformar la justicia de manera efectiva.

Una de las principales críticas radica en que las elecciones judiciales ponen a los candidatos en una situación parecida a la de los políticos es decir compitiendo por votos, lo que limita su futura independencia al obligar a los candidatos hacer promesas que equivalen a prometer llevar a cabo un trafico de influencias si son electos.

Otro elemento es el de la autoidentificación indígena que permite sumar puntos en la preselección de candidatos por parte de la Asamblea Nacional. Como los impulsores tomaron conciencia de que no se podía permitir que los candidatos hagan campañas abiertas, prohibió las mismas, lo que atenta contra la libertad de expresión pero además  el Tribunal electoral tomo a su cargo la difusión de los perfiles de los candidatos subrayando según el caso su autoidentificación indígena, lo que fue denunciado como racista.

En las elecciones judiciales de 2011, se presentaron 97 candidatos a jueces y magistrados, de los cuales 57 fueron elegidos. Sin embargo, la participación ciudadana fue muy baja, con un 45% de votos blancos y un 18% de votos nulos. Esto revela un claro descontento por parte de la población y una falta de confianza en el proceso electoral y en los candidatos presentados.

Además, a lo largo de los años, se han denunciado numerosos casos de corrupción en el sistema judicial boliviano, lo que ha contribuido a socavar la credibilidad de las elecciones judiciales. En Bolivia hay casos de condenados a 30 años sin derecho a indulto liberados a los meses de iniciar su condena, jueces que han admitido en grabaciones que condenaron a gente sabiendo de su inocencia, y en general el sistema de justicia es percibido como lento, muy corrupto y totalmente permeable a la presión política y económica. .

En las elecciones judiciales de 2017, la situación no fue muy diferente. A pesar de la implementación de reformas para mejorar la transparencia del proceso, la participación ciudadana fue nuevamente baja, con un 60% de votos nulos y un 10% de votos blancos. Además, se denunciaron irregularidades en la selección de candidatos y en el conteo de votos, lo que generó aún más desconfianza en el sistema judicial.

En resumen, las elecciones judiciales en Bolivia han sido un gasto insulso en procesos electorales en los que la gente no participa y han sido incapaces de transformar la justicia de manera efectiva debido a la falta de transparencia, la baja participación ciudadana y la persistencia de la extrema politización y corrupción en el sistema judicial.

Bajo el argumento de que el anterior sistema hacia prevalecer el “cuoteo” es decir acuerdos entre bancadas parlamentarias para la elección de jueces, distribuyéndose entre las mismas en cuotas, se instituyeron las elecciones judiciales como un enrevesado camino, aparentemente democrático, pero realmente arbitrario, cuya manipulación ocurre en la pre selección de candidatos que realiza la asamblea nacional, bajo el control oficialista puesto que solo los que ellos determinen puede postularse.

Esto ha permitido que el partido oficialista haga elegir ya no una cuota más o menos meritocrática de jueces, como eran el caos antes, sino a la totalidad   de los jueces que en general son de un nivel profesional y académico paupérrimo, compensando aquello con su obsecuencia política y postura indigenista.

Es necesario implementar medidas urgentes para mejorar la calidad y la independencia de la justicia en Bolivia y restaurar la confianza de la población en las instituciones judiciales.