Tiempo de linchadores

El reciente caso de los tres policías linchados en Epizana, días después de ajusticiamientos similares en San Ignacio de Velasco, Yapacaní, y Arani, lo sucedido en Capinota donde un bloqueo retrasó el paso de una ambulancia con un anciano que falleció, y en Colomi donde un niño de 12 años murió quemado ante lo que ha sido reportado como la indiferencia de los bloqueadores, plantea serias interrogantes sobre la sicología individual y colectiva de quienes en la práctica administran hoy este tipo de ´justicia´, promueven bloqueos y medidas de presión incluso desde el Gobierno.

Son 48 los casos de linchamiento registrados en la prensa en los últimos dos años, en los que están involucrados cientos si no miles de personas, y que por su ferocidad a menudo premeditada no tienen parangón. Cabe preguntarse, asimismo, sobre la actitud de los responsables de algunos medios tele-

visivos que en muchos casos sin advertencia transmiten las bestiales imágenes sin tamices, así como sobre quienes guardan silencio cuando se intenta investigar, y los que, fungiendo como autoridades, no perseveran en aplicar sanciones, mucho menos en siquiera intentar esbozar una política pública para frenar estos desmanes. El Ministro de Gobierno perora matiné tanda y noche sobre categorías

politiqueras y promueve activamente acciones de presión, con lo que tiempo e interés para ocuparse de estas desgracias manifiestamente no le debe quedar.

Los etno populistas tienen una sola aparente prioridad: aclarar que estos casos no entrarían en la categoría de ´justicia comunitaria´. Hecho el autoengañoso descargo, ¡que sigan los actos de barbarie! Debatir si estos crímenes, que ocurren predominantemente en comunidades rurales del occidente y en El Alto, entran plenamente dentro de esa difusa categoría de ´justicia´, estaría, a efectos de nuestra responsabilidad moral colectiva, siendo un aspecto secundario. Lo humano sería definir estrategias para que estos hechos sean evitados con toda la fuerza de la que una sociedad es capaz, ya que ni las falencias de la justicia ordinaria, ni los eventuales crímenes de los sospechosos, justifican estas bestialidades. El hecho de que las últimas víctimas hayan sido policías, así como la forma bárbara con la que fueron atormentados, arrojados de un segundo piso y sopados en agua hirviendo, haría pensar que en este caso existirían motivos para una investigación en serio.
Difícil esperarlo, sin embargo, si quienes hoy gobiernan hicieron de no dejar pasar ambulancias en los bloqueos la medida de su heroísmo, definen la democracia como el acto de mandar turbas a cercar al Congreso de la nación, haciéndolas anunciar solemnemente por el Ministro de Gobierno en persona, y han hecho del bloqueo irracional y del linchamiento físico, jurídico, y político, la base de su estrategia de poder.

Justificando la barbarie

Al analizar lo sucedido en Achacachi, resulta difícil determinar si los hechos en sí entran en la categoría de bestialidad incomparable ya que existen abundantes antecedentes en la región que incluyen la antropofagia colectiva, o si en realidad las reacciones son las que merecen un prioritario análisis sicosocial, y siquiátrico.

En cualquier sociedad contemporánea, incluyendo las dominadas por radicalismos islámicos, estos hechos hubiesen merecido un rechazo unánime, total, sin discusión ni matiz. En cualquier sociedad civilizada, hasta el más elemental de los ciudadanos sabe que el trato cruel no sólo está prohibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos sino que los acusados tienen derecho a la defensa y a un proceso.

La visualización de actos de esta índole hace en teoría sufrir a seres no esquizofrénicos, siendo la característica de estos últimos cabalmente la inhabilidad de distinguir entre el bien y el mal, no por razones éticas sino físico cognitivas. Esto nos distingue de los animales porque, gobernados por el instinto de creación y la facultad de raciocinio y emoción, los seres humanos pueden percibir el dolor ajeno, cosa que no está probado que los animales puedan experimentar, dominados como están por el instinto de repetición. Esta facultad de sensibilidad racional es, además culturalmente, un espacio en el que teóricamente se juntan desde izquierdistas hasta católicos, pasando por liberales, humanistas y evangélicos, hombres y mujeres todos de acuerdo en la necesidad de censurar la crueldad.

Pero luego del apocalíptico espectáculo realizado delante de todos los niños de un pueblo y la pasividad del ejército allí acantonado, presumiblemente instruida desde el Ejecutivo, y ante la abrumadora evidencia, la “Ministra de Justicia” ofrecía “investigar a los ladrones”, la señora A. Pando se refería a las víctimas como “ningunos angelitos”, el señor Gamarra calificaba como “compañeros” a los cobardes asesinos, el Viceministro de Justicia Comunitaria aclaraba que no es la justicia de su despacho pese a que investigaciones sugieren lo contrario, y el abogado Rogelio Mayta justificaba muy orondo los alevosos crímenes opinando que “la justicia no hace justicia” por lo que se entienden estos casos.

Estas justificaciones, y el infinito silencio del Presidente y del Vicepresidente, ni siquiera un esbozo vago de política pública, amén de deshonrosas para la condición de autoridades y de bolivianos, constituyen objetivamente actos de autoincriminación culposa, de alevosía y complicidad en relación con eventuales futuros linchamientos. Desafiando las reglas médicas, éticas, culturales y la ya anotada distinción, estos casos deben ser, presumiblemente, las excepciones que confirman la regla.

En todas estas tomas de posición culposas, moral, política y jurídicamente, ni una palabra de conmiseración ante el medieval sufrimiento. Sólo una sistemática reiteración de los antecedentes y supuestos delitos, lo que a efectos penales y morales es absoluta y totalmente irrelevante. Las víctimas pueden haber sido la reencarnación de Herodes o unos ladrones consuetudinarios; es cabalmente la forma en que lidiamos con ellos lo que nos distingue como humanos y civilizados de los delincuentes, de las bestias y de los pueblos enfermos.