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lunes, 21 de octubre de 2024

Bolivia en la encrucijada : La crisis ética y moral bajo el regimen del MAS

 

Bolivia se encuentra hoy sumida en la más profunda decadencia moral y ética. Bajo el régimen del MAS de Evo Morales y sus secuaces, el país ha sido testigo de una escalada de corrupción, violencia, abusos sexuales y narcotráfico, que ha destruido los valores más básicos de nuestra sociedad. Lo que en su día fue una nación en busca de justicia y equidad, hoy se ha convertido en un escenario de impunidad, atropello, opresión, cinismo y muerte.

El propio Morales es ahora el símbolo de la corrupción. Desde hace años que se comenta sobre sus preferencias sexuales con menores de edad, un hecho que cualquier otra persona pagaría con la cárcel. Morales, sin embargo, ha gozado de impunidad, protegido por el aparato judicial que él mismo manipuló para sus intereses.

Este caso es solo la punta del iceberg de una corrupción que ha podrido las entrañas del Estado. Entre 2016 y 2023, más de 2,500 casos de violación y abuso sexual fueron registrados, y una gran parte de ellos quedaron impunes. La justicia en Bolivia es un fantasma, un aparato zombi corroído por el MAS, que prioriza la protección de los suyos antes que los derechos de las víctimas. ¿Dónde está la justicia para estas mujeres y niñas? ¿Dónde está la ética en una sociedad que permite que estos crímenes se multipliquen bajo la sombra de los poderosos?

Bolivia ha sido entregada en bandeja de plata a los cárteles del narcotráfico. En 2021, el excomandante de la Policía Nacional, Maximiliano Dávila, fue arrestado por sus vínculos con el narcotráfico internacional, el caso más sonado de una larguísima lista de autoridades vinculadas al narcotráfico, incluyendo militantes, dirigentes, concejales, diputados, senadores, viceministros, ministros y autoridades policiales y de justicia del MAS. La narcopolítica ha tomado el control del Estado, mientras los ciudadanos honestos viven con miedo.

La violencia contra las mujeres y los niños ha alcanzado niveles epidémicos. En 2023, más de 100 feminicidios sacudieron la nación, y la respuesta del gobierno ha sido poco más que discursos vacíos. El sistema judicial, completamente politizado y sumiso al MAS, no puede garantizar justicia para las mujeres que mueren a manos de una sociedad que las ignora.

Los niños tampoco han sido inmunes a esta ola de decadencia. En 2022, más de 4,000 casos de abuso infantil fueron registrados, la mayoría perpetrados por familiares cercanos. Pero en un país donde la impunidad reina y el gobierno se preocupa más por proteger a sus cómplices que por hacer cumplir la ley, estos crímenes han sido sistemáticamente ignorados.

El saqueo al Estado es otra marca indeleble de la gestión masista. Desde 2006 hasta 2024, varios casos de corrupción económica y saqueo al Estado marcaron la gestión.  Desde el “Fondo Indígena” hasta el “Evo cumple”, se desviaron millones de bolivianos destinados a proyectos sociales para comunidades indígenas entre 2010 y 2015, afectando a cientos de comunidades que nunca recibieron los beneficios prometidos sino sobreprecios, obras fantasmas y una gestión opaca de los recursos.

El desastre ecológico también ha sido una constante bajo la administración del MAS. Los incendios provocados que devastaron la Chiquitanía en 2019 y de nuevo en 2024 son una muestra más de la indiferencia criminal del gobierno. Más de cuatro millones de hectáreas de bosque fueron consumidas por el fuego, destruyendo la vida de comunidades indígenas y poniendo en peligro la biodiversidad del país. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada. Los responsables quedaron impunes, mientras el gobierno continuaba con su agenda de expansión agrícola sin freno ni conciencia ambiental.

Bolivia no puede continuar en este estado de decadencia. Se necesita una revolución ética y moral que devuelva a la nación sus valores fundamentales. El primer paso es una reforma integral del sistema judicial, para que la justicia deje de ser una herramienta al servicio del poder y se convierta en lo que debería ser: un escudo para los más débiles y una espada contra los corruptos.

Es imperativo también que se implementen políticas reales de protección para las víctimas de violencia, que se depure a las fuerzas de seguridad de los elementos corruptos y que se tomen medidas drásticas contra el narcotráfico y la corrupción. Solo un compromiso firme con la justicia, la transparencia y el respeto por la dignidad humana podrá salvar a Bolivia de esta catástrofe.

El MAS, con Evo Morales a la cabeza, ha traicionado a su pueblo. Bolivia merece algo mejor. Necesitamos una nueva era de integridad y decencia, una era en la que el gobierno sirva al pueblo, y no se sirva de él.

domingo, 4 de abril de 2021

La pandemia, la economía, los derechos humanos y el medio ambiente son las urgencias

A días de cumplir 5 meses, la gestión del Movimiento al Socialismo encabezada por el Sr Morales Ayma y el Sr Arce Catacora parece encaminada a ser una peor copia de la que colmó la paciencia de los bolivianos luego de 14 años de abusos. Preocupa que el gobierno este ocupado en cualquier cosa menos en resolver los desafíos que priorizan todos los gobiernos del mundo, luego de un año considerado uno de los más difíciles de la historia reciente de la humanidad.

1.- Por increíble que parezca, fingir ignorar la pandemia y sustituirla por retorica política es básicamente lo que el gobierno ha definido como mecanismo para enfrentarla. Siguen los contagios, las muertes, pero el ministerio de salud es gobernado por la política más que por el objetivo de controlar el mal y aliviar el sufrimiento de quienes lo padecen. Atacando y restringiendo los derechos constitucionales de los médicos, con indiferencia ante el dolor, el Señor Arce llegó al extremo de decir en plena campaña electoral que “si no hay coordinación con las autoridades departamentales ni municipales, no van a llegar las vacunas” afirmación que varios analistas han coincidido constituiría por si sola un canallesco chantaje y evidencia suficiente para un juicio de crimen de lesa humanidad, categoría que no prescribe, aun si se grita mil veces “ fue golpe”

2.-No existe indicador económico que no refleje el impacto de la pandemia a nivel macroeconómico como en la realidad cotidiana de los bolivianos que ven como cada día se cierran más empresas y aumenta el desempleo. El PIB tuvo un decrecimiento del 8.4%, el desempleo urbano se ha triplicado mientras el subempleo ha aumentado cuatro veces. Frente a este complicadísimo panorama, con un nivel decreciente de las Reservas internacionales, que disminuyeron en 1000 Millones en relación al año pasado, y la reducción de las reservas de gas, la única respuesta del régimen ha sido imponer un presupuesto que disminuye el gasto en educación luego de un año prácticamente sin clases, otorgar un bono financiado con deuda y, en esencia, planificar solo una cosa: el endeudamiento de Bolivia y hablar de “golpe”.

3.- El gobierno ha mostrado en muy poco tiempo su falta de voluntad para respetar los derechos humanos recurriendo a la grosera manipulación de la justicia como mecanismo de persecución y criminalización de la política y de restricción de los derechos individuales. Esta permanente maniobra que encabeza el ministro de justicia en persona, tiene en la ex presidente constitucional Añez, algunos de sus ministros, así como generales de las fuerzas armadas y de la policía las victimas principales, cuya situación jurídica y carcelaria ha sido denunciada internacionalmente, todo con el objetivo de construir una posverdad sobre algo que incluso por escrito fue desmentido por el propio Sr. Morales, el supuesto” golpe”.

4.- Por si todo esto fuera poco, estos meses de gobierno del Sr Morales y del Sr. arce parecen ratificar la alevosa y deliberada política de destrucción del medio ambiente y de los genuinos recursos naturales de los bolivianos. La pandemia ha sido la situación ideal para que se prosiga con la quema descontrolada en gran parte del territorio y con una política de avasallamientos en municipios y áreas protegidas de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija que se han sumado a la deliberada acción de desmantelamiento de la institucionalidad del INRA y del SERNAP que incluso Morales respetó. Un verdadero golpe.

Instamos al gobierno a gobernar asumiendo su responsabilidad en materia de salud, economía, derechos humanos y medio ambiente que son los verdaderos problemas que enfrenta el pueblo boliviano y poner fin a una majadería estéril sobre una posverdad cuya consistencia se derrumba. No ocuparse de los verdaderos problemas, solo para agendar una narrativa falsa, es un acto de traición a los que votaron por el MAS y a quienes no lo hicieron y serán los propios gobernantes los que pagarán el precio de este desatino.  La Paz, marzo 28, 2021

Luis Eduardo Siles

jueves, 28 de mayo de 2020

Estado y Capitalismo en épocas de coronavirus


                                              

Para los liberales, y con mayor énfasis  para  los que defienden las ideas libertarias muy en boga últimamente, el Estado debiera reducirse a su mínima expresión, y como fin último, prácticamente desaparecer.  Desde John Locke y Adam Smith el estado tiene como único fin proteger los derechos individuales de los miembros de la sociedad; el mejor estado es el que menos interviene. El liberalismo clásico es reacio a un estado fuerte y a gravar con altos impuestos a los ciudadanos.

Lo objetivo es que desde el punto de vista de la creación de riqueza, de la innovación y la creatividad pocos disputan la idea de que el liberalismo y su mecanismo procedimental el capitalismo, funcionan y cumplen sus objetivos mejor que cualquier otro sistema. Como afirmara Henry Hazlitt[1]: "El sistema capitalista, es un sistema de libertad, justicia y producción. En todos estos aspectos es infinitamente superior a todos los otros sistemas que son siempre coercitivos. Pero estas tres virtudes no deben separarse. Cada una de ellas surge de la otra. El hombre sólo puede ser moral cuando es libre.”

Una de las grande paradojas de la predominancia del capitalismo por sobre el socialismo en términos generales tiene que ver con la galáctica disparidad entre los más ricos y los más pobres a nivel mundial. “Las ocho personas más ricas del mundo, todos hombres, acumulan en sus carteras más riqueza que la mitad de la población del mundo más pobre, unos 3.600 millones de personas.[2]”

La superioridad objetiva del liberalismo a pesar de este problema estructural altamente preocupante, junto con un relativo estado de ausencia de conflictos bélicos,  llevó a mirar con gran optimismo la situación del mundo en las primeras décadas del siglo 21 a pesar de muchos otros desafíos como el calentamiento global, la desaparición de las especies vegetales y animales y la contaminación. 

 En palabras de Etxbarria Apalategui[3] “Los datos demuestran que el mundo no empeora, sino que mejora. Vivimos mejor que nuestros antepasados: la esperanza de vida aumenta, la mortalidad infantil desciende, el analfabetismo se reduce, la riqueza y la renta es mayor, la pobreza extrema va mitigándose, la igualdad de género va siendo cada vez una realidad más palpable, las posibilidades para vivir una vida sana están cada vez más en nuestra mano y somos más libres. Sí, a pesar de todo.”
En ese contexto general, la pandemia del corona virus se cierne como un disuasivo contundente para quienes sostenían la superioridad absoluta del liberalismo/capitalismo, la necesidad de achicar el estado, el “fin de la historia”  y para los demasiado confiados en su optimismo.

En efecto, la pandemia, previsible para algunos, una inmensa sorpresa para la mayoría, pone en tela de juicio la eficacia de los instrumentos del liberalismo y sobretodo la idea de qué otra cosa que el estado con una gran E puede administrar sus dimensiones sanitarias, económicas, sociales y hasta psicológicas y culturales. 

Si no tendríamos estados nacionales e instituciones públicas, locales, nacionales e internacionales  para enfrentar a este monstruo desconocido es bastante seguro que no habría sencillamente forma de enfrentarlo. Seria inimaginable que solo los mecanismos del mercado, las manos y brazos invisibles, la fuerza de la iniciativa privada y el impulso del interés individual, tendrían siquiera sentido alguno sobre todo al inicio de este desafío para despegar los recursos organizacionales que la situación requiere.

El desafío sanitario del coronavirus, la administración de la información, la repartición de insumos y equipos, los lineamientos estratégicos y el costo  de los tratamientos  solo puede ser enfrentado por los ministerios de salud del mundo, la imperativa  universalización de las políticas públicas no admite ni siquiera la distinción publico privada y ha de, esencialmente, considerar a todo ser humano contagiado como merecedor de igual tratamiento.

En los Estados Unidos todo el debate político sobre el seguro médico ha sido momentáneamente zanjado por el Presidente Trump[4]  ante las circunstancias instruyendo a todos los hospitales privados de acoger a pacientes sin seguro asegurando que el estado federal cubrirá los costos.
En el ámbito de las consecuencias económicas del apagón económico mundial resulta inconcebible una situación donde los estados centrales no hubiesen asumido un rol más que protagónico para intentar amortiguar el shock sobre el empleo, evitar el colapso de las bolsas y asegurar desde la cuasi paralización del tráfico aéreo mundial y el no pago de los servicios básicos, incluyendo el internet, hasta en algunos caso los alquileres e incluso la alimentación de cientos de millones de personas.

 Todo eso y mucho más solo lo podían haber decidido e implementado, en su inmensa y sin precedentes complejidad conceptual y logística, los estados nacionales y las reparticiones públicas  de todo el orbe. Estados Unidos inyectó más tres billones en la economía[5] y la unión europea medio billón sin contar las inyecciones de sus estados miembros por separado pero en ambos casos y en el de países súper poblados como la India y China han asegurado la sanidad y la seguridad públicas[6] en condiciones nunca vistas, apenas imaginadas.

Guardando las distancias y sobretodo las proporciones en términos demográficos, en Bolivia toda la formulación e implementación de las políticas sanitarias y económicas para resistir la pandemia han estado a cargo de un gobierno transitorio apoyado en los medios del estado desmantelado y politizado que se heredó del masismo.

Pero a pesar de las inverosímiles  limitaciones de toda índole, incluyendo el irracional y criminal hostigamiento de Evo Morales y sus adláteres  hasta la fecha el ejercicio puede ser calificado de relativamente aceptable en la dimensión sanitaria en relación a lo ocurrido con países comparables. A pesar de haberse auto infligido una seria herida en términos de credibilidad y confianza al proclamarse candidata a la presidencia, apoyándose en la legalidad constitucional masista, la señora Añez ha logrado enfrentar  la pandemia en las necesidades de muy corto plazo, cerniéndose no obstante una gran incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el mediano termino sobre todo a nivel económico.

Resulta imperativo que se defina, por ejemplo,  un mecanismo de concertación política que, empezando por el tema de las elecciones nacionales y sub nacionales construya una mínima legitimidad a las decisiones que un gobierno transitorio está tomando ya que las mismas tendrán consecuencias estructurantes hacia el futuro. Lo que se decide hoy, endeudarse para dar bonos, apoyar a ciertos sectores y no a otros tendrá consecuencias prácticamente imposibles de revertir por los próximos gobiernos cuya legitimidad emergerá de las urnas.

Si algo puede resultar positivo de toda esta crisis es revalorizar la idea que el estado, antes que abstracciones jurídico burocráticas, son personas.  “Revaloricemos y agradezcamos hoy a quienes prestan los servicios esenciales del Estado. El rol de quienes están en la trinchera por el otro –en más de una ocasión vapuleados- médicos, enfermeros, trabajadores sociales, policías, militares,  prestadores de servicios en general que dependen de una sola decisión: la de poner lo mejor del país -y del Estado- a favor de todos para ser mejores.”[7]  En la post pandemia, en el marco de un debate que debe empezar ya, quedara claro que ninguna ideología con pretensiones historicistas , definitivas, ninguna sombra de fundamentalismo excluyente tiene ya espacio ante una realidad que es totalmente nueva y en la que se ratifica la necesidad de combinar un nuevo estado con las fuerzas de la creación de riqueza.





[1] Citado por J Milei https://www.cronista.com/columnistas/La-superioridad-etica-del-capitalismo-20161018-0028.html
[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-38632955
[3]   https://www.deia.eus/opinion/tribuna-abierta/2020/01/21/razones-optimismo-global/1012934.html
[4] https://www.nytimes.com/2020/04/03/upshot/trump-hospitals-coronavirus.html
[5] https://elpais.com/economia/2020-04-24/ee-uu-inyecta-tres-billones-de-dolares-en-su-economia-desde-el-inicio-de-la-pandemia.html

[7] https://www.infobae.com/opinion/2020/03/27/el-coronavirus-reavivo-un-debate-necesario-cual-es-el-rol-del-estado/

miércoles, 8 de febrero de 2017

El Imprescindible entronque

En el abigarrado  escenario político actual, tapizado de lo que los voceros de Trump han bautizado como “hechos alternativos” eufemismo para manipulación populista a escala global, lo concreto es que oficialismo y oposición se han desgastado prácticamente al mismo ritmo. El MAS  en vías de ser enterrado por las “1000 maneras   de robar” que se le achacan con amplísima variedad de indicios así como la puesta en evidencia de las galácticas contradicciones entre lo que hace y lo que dice,  sucumbe bajo la corrupción e inmoralidad y  la revelación de su manipulación de lo medio ambiental y de lo “indígena“, categoría construida solo para su utilización electorera. 

La oposición parlamentaria, por su parte, lleva el mismo tiempo que el MAS hundiéndose en sus limitaciones, contradicciones y miserias. Con heroicas excepciones  individuales, la oposición divagó entre intentos de unidad y razones para la división, fue desde avalar la constitución de la Calancha hasta apoyar el referéndum revocatorio y después hacerse las víctimas. 

Entre Tuto el viajero y Doria Medina el “perseguido político” que invierte 40 millones de dólares en el país en el que lo persigue lo que reina aquí es la ausencia de proyecto, la falta de  sinceridad e integridad. Casi sin darse cuenta la oposición ha pasado a ser parte de la farsa oficialista y el oficialismo se solaza al mirarse en un espejo tan patético.  Mezcla de una anciano chiflado que oficia de alcalde, un millonario que ofende a los verdaderos perseguidos políticos, dos  ex vice presidentes con la reputación de haber traicionado a quienes los promovieron,  artífices de lo que dicen  combatir y un ex prefecto convertido en hipotético futuro alcalde,  las cabezas de la oposición son el reflejo de la falta de capacidad genuinamente política y de espíritu nacional.

Al margen de esta patética dicotomía, minimizados en un mundo en lo que se valora es lo no genuino y se rechaza lo auténtico,  las corrientes nacionalistas, las kataristas, las genuinamente comprometidas con el medio ambiente y en el fondo las del país real. La nación que debate sobre la necesidad de estudiar el pasado con objetividad pero que se preocupa sobre el futuro y lo que quedara cuando haya concluido la oscura noche masista.

El Katarismo y el MNR están entrelazados en esencia y espíritu más allá de las etiquetas y reivindicaciones en todos y cada uno de los pasos de la gesta de la revolución nacional. Katari vistió terno y corbata en 1952 de la misma manera que el cholaje movimientista se reivindica hoy aymara y quechua. El voto universal, la reforma agraria y la transformación educativa de 1953 son la expresión más lograda de la combinación de visiones kataristas, nacionalista y revolucionarias, son la suma de anhelos logrados combinado fraternalmente la convicción de un futuro mejor.

El MNR y el Katarismo  demostraron con la reforma educativa de 1994   y los cambios a la constitución del mismo año, en la que se incluyó el reconocimiento al carácter multiétnico y pluricultural de la nación así como de los derechos económicos sociales y culturales de los pueblos de Bolivia  como las tierras comunitarias de origen, la potencial sinergia de esa suma de fuerzas.
Pero fue sobre todo a  través de la Ley de participación popular que la visión nacionalista  revolucionaria  y katarista logró resultados estructurales que cambiaron a Bolivia para siempre, obteniendo avances inconmensurablemente  más significativos que todos los discursos que en  nombre de aymaras, quechuas y guaraníes  se hicieron después. 

La ley de participación popular, un proceso iniciado por la suma de ambas fuerzas políticas transformo la realidad del hombre boliviano en todo el territorio no solo ampliando competencias de municipios mediante un inédito crecimiento en los ingresos basados en la población,  sino iniciando la incorporación verdadera del hombre y la mujer del mundo rural, y sembrando las bases de la democracia local y de la planificación participativa, entre otros. 

Le habrán cambiado el nombre, pero al igual que tantas otras estructuras jurídicas rebautizadas en la forma la participación popular sigue intacta en el fondo y en la lógica de distribución de poder político y económico y mira, altiva,  los insultos histéricos de García Linera.  Contrastarla con  la “política” de  regado de canchas de césped de plástico y la construcción del museo más absurdo de América es una ofensa al sentido común.

Hoy, ante el inexorable vacío  de genuina actividad política que el populismo ha dejado y ante el despilfarro y corrupción en un contexto de crisis moral y de valores, urge reconstruir los cimientos de una suma que es exponencial, la de la legitimidad y dignidad del genuino Katarismo con el nacionalismo revolucionario, la única combinación posible para reivindicar la harmonía y la fraternidad entre mujeres y hombre ávidos de vivir en un paradigma eminentemente republicano pero global y  libertario.

La suma de ambas visiones aplicadas a políticas publicas concretas es la única esperanza de revertir, por ejemplo, la oscuridad de contrabando y narcotráfico en la que se ha sumido  a una gran parte del mundo rural y sub urbano y sustituirlo por un país de  productores, industriales y artesanos que produzcan para el mundo con licencias, tecnologías y dignidad. Es así mismo la última oportunidad para restituir la propiedad del agricultor en el altiplano y valles, propietario parcial de su tierra ya que no le puede dar un uso mercantil. 

Es, la perspectiva de construir un país donde el respeto al medio ambiente y la  diversidad ecológica no sea una farsa hipócrita sino una política pública concebida con respeto y soberanía, una nación en la que el sistema de Justicia inspire respeto y no escalofríos de desconfianza y miedo.  Es  la posibilidad de recuperar la identidad nacional y la república  y el largo plazo. 

lunes, 29 de junio de 2015

Carta de Alexandra Sanchez de Lozada sobre las areas protegidas que el MAS pretende entregar a las petroleras transnacionales

Washington,
junio 27 de 2015
 
Dn. Rafael Archondo
 
Director
Informativo de la Agencia Nacional Fides
 
 
Señor Director:
 
Utilizando mi derecho a réplica deseo responder al artículo de Pablo Villegas publicado por ANF el25/6/2015, que titula "El decreto 2366 sería similar a una ley propuesta por la hija de Goni".
 
El DS 2366 no tiene ninguna similitud con el anteproyecto de Ley de Áreas Protegidas que impulsé el 2003 con el fin de establecer un marco legal para regular la gestión de las áreas protegidas, salvaguardar su riqueza biológica y cultural, contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones existentes en ellas y, especialmente, para controlar las actividades petroleras, mineras y forestales que ya existían en algunas de esas áreas protegidas.
 
El investigador atribuye a Gonzalo Sánchez de Lozada una posición favorable a las petroleras, desconociendo que durante su primer gobierno se dieron pasos fundamentales y decisivos en favor de la conservación de la biodiversidad y del manejo sostenible de sus recursos naturales en Bolivia. A saber: creó el primer Ministerio de Desarrollo Sostenible en América Latina, consolidó y fortaleció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y duplicó la extensión de los parques nacionales, añadiendo 10 millones de hectáreas.
 
 Fue durante ese periodo que se crearon los Parques Nacionales y Áreas de Manejo Integral más grandes de Bolivia, como el Madidi, el Kaa-Iya del Gran Chaco, Otuquis, y San Matías, incluyendo la ampliación del Parque Noel Kempff; la primera Área Protegida El Palmar en Chuquisaca y la Reserva San Román en Pando.
 
Es importante resaltar el carácter social de las políticas del gobierno de Sánchez de Lozada, que fortalecieron al SNAP, y el rol clave de la Ley de Participación Popular, que promovió la conformación de Comités de Gestión en las diferentes áreas protegidas y definió mecanismos de coadministración para asegurar  la participación de los actores locales en la gestión de dichas áreas, especialmente de las comunidades indígenas y campesinas que las habitan y en sus zonas de influencia. Un ejemplo es la gestión del Parque Kaa-Iya,  que estuvo a cargo de la Capitanía del Alto y Bajo Izozog desde la creación del Parque, pero que en los últimos años ha caídobajo el control del Estado.
 
Todo ese esfuerzo de fortalecimiento e implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas no se hizo para entregar dichas áreas a las empresas petroleras. No tiene sentido alguno impulsar la creación de áreas protegidas tan importantes y reconocidas mundialmente para luego entregarlas a las petroleras u a otras actividades extractivas en la forma que hoy pretende el gobierno del MAS. No hay similitud alguna entre lo que hicimos y tratamos de hacer con lo que se pretende bajo elactual gobierno.
 
El anteproyecto de Ley de Áreas Protegidas surgió por la necesidad de profundizar los cambios iniciados, ya que muchas leyes y reglamentos sectoriales como los de tierras, minería, hidrocarburos y forestales, entre otros, tenían contradicciones jurídicas que se sobreponían con las áreas protegidas, afectando su integridad y generando conflictos. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas sólo contaba con el Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. 24781) elaborado en 1997. Este Reglamento, enmarcado en la Ley de Medio Ambiente 1333, era de menor jerarquía y por ello resultaba insuficiente para controlar las amenazas que enfrentaban y siguen enfrentando nuestras áreas protegidas.
 
Lamentablemente, debido al clima político de la época en que fue presentado el proyecto de Ley, algunos sectores -especialmente del MAS- distorsionaron nuestros propósitos y difundieron información inadecuada.  La Comisión Multipartidaria de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados impulsó la realización de talleres para promover el debate con la sociedad civil sobre la problemática de las Áreas Protegidas, asumiendo el reto democrático de la consulta y la discusión.
 
El señor Villegas no se equivoca cuando hace referencia a la actitud de quienes hoy gobiernan. Siendo oposición en la época no solo rechazaron estas propuestas sino que se opusieron a cualquier iniciativa porque no tenían ningún interés en las áreas protegidas, sólo les
interesaba llegar al poder. Hoy, ya en el gobierno, no demuestran respeto a la madre tierra ni hacia los indígenas, sólo buscan generar recursos a corto plazo para seguir usufructuando del poder.
 
He dedicado toda mi carrera, y lo seguiré haciendo, a la protección del medio ambiente, en especial a la conservación de la biodiversidad. Creo que el debate es saludable para arribar a conclusiones que resulten útiles para nuestro país, pero debemos dejar de lado las manipulaciones que obedecen a intereses políticos y que sólo sirven para construir mitos y discursos irracionales que nos alejan de la verdad.
 
 
 
Alejandra Sánchez de Lozada
 
Bióloga y Especialista en Biodiversidad