Washington,
junio 27 de 2015
Dn. Rafael Archondo
Director
Informativo de la Agencia Nacional Fides
Señor Director:
Utilizando mi derecho a réplica deseo responder al artículo de Pablo Villegas publicado por ANF el25/6/2015, que titula "El decreto 2366 sería similar a una ley propuesta por la hija de Goni".
El DS 2366 no tiene ninguna similitud con el anteproyecto de Ley de Áreas Protegidas que impulsé el 2003 con el fin de establecer un marco legal para regular la gestión de las áreas protegidas, salvaguardar su riqueza biológica y cultural, contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones existentes en ellas y, especialmente, para controlar las actividades petroleras, mineras y forestales que ya existían en algunas de esas áreas protegidas.
El investigador atribuye a Gonzalo Sánchez de Lozada una posición favorable a las petroleras, desconociendo que durante su primer gobierno se dieron pasos fundamentales y decisivos en favor de la conservación de la biodiversidad y del manejo sostenible de sus recursos naturales en Bolivia. A saber: creó el primer Ministerio de Desarrollo Sostenible en América Latina, consolidó y fortaleció el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y duplicó la extensión de los parques nacionales, añadiendo 10 millones de hectáreas.
Fue durante ese periodo que se crearon los Parques Nacionales y Áreas de Manejo Integral más grandes de Bolivia, como el Madidi, el Kaa-Iya del Gran Chaco, Otuquis, y San Matías, incluyendo la ampliación del Parque Noel Kempff; la primera Área Protegida El Palmar en Chuquisaca y la Reserva San Román en Pando.
Es importante resaltar el carácter social de las políticas del gobierno de Sánchez de Lozada, que fortalecieron al SNAP, y el rol clave de la Ley de Participación Popular, que promovió la conformación de Comités de Gestión en las diferentes áreas protegidas y definió mecanismos de coadministración para asegurar la participación de los actores locales en la gestión de dichas áreas, especialmente de las comunidades indígenas y campesinas que las habitan y en sus zonas de influencia. Un ejemplo es la gestión del Parque Kaa-Iya, que estuvo a cargo de la Capitanía del Alto y Bajo Izozog desde la creación del Parque, pero que en los últimos años ha caídobajo el control del Estado.
Todo ese esfuerzo de fortalecimiento e implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas no se hizo para entregar dichas áreas a las empresas petroleras. No tiene sentido alguno impulsar la creación de áreas protegidas tan importantes y reconocidas mundialmente para luego entregarlas a las petroleras u a otras actividades extractivas en la forma que hoy pretende el gobierno del MAS. No hay similitud alguna entre lo que hicimos y tratamos de hacer con lo que se pretende bajo elactual gobierno.
El anteproyecto de Ley de Áreas Protegidas surgió por la necesidad de profundizar los cambios iniciados, ya que muchas leyes y reglamentos sectoriales como los de tierras, minería, hidrocarburos y forestales, entre otros, tenían contradicciones jurídicas que se sobreponían con las áreas protegidas, afectando su integridad y generando conflictos. La gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas sólo contaba con el Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. 24781) elaborado en 1997. Este Reglamento, enmarcado en la Ley de Medio Ambiente 1333, era de menor jerarquía y por ello resultaba insuficiente para controlar las amenazas que enfrentaban y siguen enfrentando nuestras áreas protegidas.
Lamentablemente, debido al clima político de la época en que fue presentado el proyecto de Ley, algunos sectores -especialmente del MAS- distorsionaron nuestros propósitos y difundieron información inadecuada. La Comisión Multipartidaria de Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados impulsó la realización de talleres para promover el debate con la sociedad civil sobre la problemática de las Áreas Protegidas, asumiendo el reto democrático de la consulta y la discusión.
El señor Villegas no se equivoca cuando hace referencia a la actitud de quienes hoy gobiernan. Siendo oposición en la época no solo rechazaron estas propuestas sino que se opusieron a cualquier iniciativa porque no tenían ningún interés en las áreas protegidas, sólo les
interesaba llegar al poder. Hoy, ya en el gobierno, no demuestran respeto a la madre tierra ni hacia los indígenas, sólo buscan generar recursos a corto plazo para seguir usufructuando del poder.
He dedicado toda mi carrera, y lo seguiré haciendo, a la protección del medio ambiente, en especial a la conservación de la biodiversidad. Creo que el debate es saludable para arribar a conclusiones que resulten útiles para nuestro país, pero debemos dejar de lado las manipulaciones que obedecen a intereses políticos y que sólo sirven para construir mitos y discursos irracionales que nos alejan de la verdad.
Alejandra Sánchez de Lozada
Bióloga y Especialista en Biodiversidad
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