Bolivia en la encrucijada : La crisis ética y moral bajo el regimen del MAS

 

Bolivia se encuentra hoy sumida en la más profunda decadencia moral y ética. Bajo el régimen del MAS de Evo Morales y sus secuaces, el país ha sido testigo de una escalada de corrupción, violencia, abusos sexuales y narcotráfico, que ha destruido los valores más básicos de nuestra sociedad. Lo que en su día fue una nación en busca de justicia y equidad, hoy se ha convertido en un escenario de impunidad, atropello, opresión, cinismo y muerte.

El propio Morales es ahora el símbolo de la corrupción. Desde hace años que se comenta sobre sus preferencias sexuales con menores de edad, un hecho que cualquier otra persona pagaría con la cárcel. Morales, sin embargo, ha gozado de impunidad, protegido por el aparato judicial que él mismo manipuló para sus intereses.

Este caso es solo la punta del iceberg de una corrupción que ha podrido las entrañas del Estado. Entre 2016 y 2023, más de 2,500 casos de violación y abuso sexual fueron registrados, y una gran parte de ellos quedaron impunes. La justicia en Bolivia es un fantasma, un aparato zombi corroído por el MAS, que prioriza la protección de los suyos antes que los derechos de las víctimas. ¿Dónde está la justicia para estas mujeres y niñas? ¿Dónde está la ética en una sociedad que permite que estos crímenes se multipliquen bajo la sombra de los poderosos?

Bolivia ha sido entregada en bandeja de plata a los cárteles del narcotráfico. En 2021, el excomandante de la Policía Nacional, Maximiliano Dávila, fue arrestado por sus vínculos con el narcotráfico internacional, el caso más sonado de una larguísima lista de autoridades vinculadas al narcotráfico, incluyendo militantes, dirigentes, concejales, diputados, senadores, viceministros, ministros y autoridades policiales y de justicia del MAS. La narcopolítica ha tomado el control del Estado, mientras los ciudadanos honestos viven con miedo.

La violencia contra las mujeres y los niños ha alcanzado niveles epidémicos. En 2023, más de 100 feminicidios sacudieron la nación, y la respuesta del gobierno ha sido poco más que discursos vacíos. El sistema judicial, completamente politizado y sumiso al MAS, no puede garantizar justicia para las mujeres que mueren a manos de una sociedad que las ignora.

Los niños tampoco han sido inmunes a esta ola de decadencia. En 2022, más de 4,000 casos de abuso infantil fueron registrados, la mayoría perpetrados por familiares cercanos. Pero en un país donde la impunidad reina y el gobierno se preocupa más por proteger a sus cómplices que por hacer cumplir la ley, estos crímenes han sido sistemáticamente ignorados.

El saqueo al Estado es otra marca indeleble de la gestión masista. Desde 2006 hasta 2024, varios casos de corrupción económica y saqueo al Estado marcaron la gestión.  Desde el “Fondo Indígena” hasta el “Evo cumple”, se desviaron millones de bolivianos destinados a proyectos sociales para comunidades indígenas entre 2010 y 2015, afectando a cientos de comunidades que nunca recibieron los beneficios prometidos sino sobreprecios, obras fantasmas y una gestión opaca de los recursos.

El desastre ecológico también ha sido una constante bajo la administración del MAS. Los incendios provocados que devastaron la Chiquitanía en 2019 y de nuevo en 2024 son una muestra más de la indiferencia criminal del gobierno. Más de cuatro millones de hectáreas de bosque fueron consumidas por el fuego, destruyendo la vida de comunidades indígenas y poniendo en peligro la biodiversidad del país. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada. Los responsables quedaron impunes, mientras el gobierno continuaba con su agenda de expansión agrícola sin freno ni conciencia ambiental.

Bolivia no puede continuar en este estado de decadencia. Se necesita una revolución ética y moral que devuelva a la nación sus valores fundamentales. El primer paso es una reforma integral del sistema judicial, para que la justicia deje de ser una herramienta al servicio del poder y se convierta en lo que debería ser: un escudo para los más débiles y una espada contra los corruptos.

Es imperativo también que se implementen políticas reales de protección para las víctimas de violencia, que se depure a las fuerzas de seguridad de los elementos corruptos y que se tomen medidas drásticas contra el narcotráfico y la corrupción. Solo un compromiso firme con la justicia, la transparencia y el respeto por la dignidad humana podrá salvar a Bolivia de esta catástrofe.

El MAS, con Evo Morales a la cabeza, ha traicionado a su pueblo. Bolivia merece algo mejor. Necesitamos una nueva era de integridad y decencia, una era en la que el gobierno sirva al pueblo, y no se sirva de él.

Tiempo de linchadores

El reciente caso de los tres policías linchados en Epizana, días después de ajusticiamientos similares en San Ignacio de Velasco, Yapacaní, y Arani, lo sucedido en Capinota donde un bloqueo retrasó el paso de una ambulancia con un anciano que falleció, y en Colomi donde un niño de 12 años murió quemado ante lo que ha sido reportado como la indiferencia de los bloqueadores, plantea serias interrogantes sobre la sicología individual y colectiva de quienes en la práctica administran hoy este tipo de ´justicia´, promueven bloqueos y medidas de presión incluso desde el Gobierno.

Son 48 los casos de linchamiento registrados en la prensa en los últimos dos años, en los que están involucrados cientos si no miles de personas, y que por su ferocidad a menudo premeditada no tienen parangón. Cabe preguntarse, asimismo, sobre la actitud de los responsables de algunos medios tele-

visivos que en muchos casos sin advertencia transmiten las bestiales imágenes sin tamices, así como sobre quienes guardan silencio cuando se intenta investigar, y los que, fungiendo como autoridades, no perseveran en aplicar sanciones, mucho menos en siquiera intentar esbozar una política pública para frenar estos desmanes. El Ministro de Gobierno perora matiné tanda y noche sobre categorías

politiqueras y promueve activamente acciones de presión, con lo que tiempo e interés para ocuparse de estas desgracias manifiestamente no le debe quedar.

Los etno populistas tienen una sola aparente prioridad: aclarar que estos casos no entrarían en la categoría de ´justicia comunitaria´. Hecho el autoengañoso descargo, ¡que sigan los actos de barbarie! Debatir si estos crímenes, que ocurren predominantemente en comunidades rurales del occidente y en El Alto, entran plenamente dentro de esa difusa categoría de ´justicia´, estaría, a efectos de nuestra responsabilidad moral colectiva, siendo un aspecto secundario. Lo humano sería definir estrategias para que estos hechos sean evitados con toda la fuerza de la que una sociedad es capaz, ya que ni las falencias de la justicia ordinaria, ni los eventuales crímenes de los sospechosos, justifican estas bestialidades. El hecho de que las últimas víctimas hayan sido policías, así como la forma bárbara con la que fueron atormentados, arrojados de un segundo piso y sopados en agua hirviendo, haría pensar que en este caso existirían motivos para una investigación en serio.
Difícil esperarlo, sin embargo, si quienes hoy gobiernan hicieron de no dejar pasar ambulancias en los bloqueos la medida de su heroísmo, definen la democracia como el acto de mandar turbas a cercar al Congreso de la nación, haciéndolas anunciar solemnemente por el Ministro de Gobierno en persona, y han hecho del bloqueo irracional y del linchamiento físico, jurídico, y político, la base de su estrategia de poder.

Controlarme a mi ?

El asalto a la contraloría, uno de las pocos resabios de institucionalidad que aun funcionaba, no es más que la confirmación de una constante en el gobierno de Evo Morales, próximo a cumplir tres años y casi una década ejerciendo una influencia decisiva sobre la realidad nacional habiendo transformado a Bolivia en una sociedad confrontada y al borde del colapso. La aversión a todo lo que pueda significar control, fiscalización, arbitraje objetivo o contra peso es un reflejo pavloviano del populismo cocalero .

El puñado de opositores que hacen la diferencia en el Senado podrían obligar a concertar ? Se organizó a hordas de a miles para amedrentarlos. El poder judicial podría constituirse en un factor de equilibrio, de respeto por la constitucionalidad? Turbas de lanza dinamitas, procesos, y chantajes fue la respuesta. Los medios de comunicación, juegan su rol de investigación y de denuncia como en cualquier sociedad contemporánea? El presidente encabezó personalmente una campaña de difamación, agresión y humillación a los periodistas de Bolivia que incluyó el caso del asesinato en manos de una turba del periodista Carlos Quispe, martirizado luego de ser sacado de su emisora y el atentado a un canal de televisión en el que participó un miembro de la guardia presidencial.

Comparable suerte corrieron instancias nacionales e internacionales tan diferentes como la DEA, el CIADI, los diputados fiscalizadores, la Corte Electoral convertida en una caricatura, y hasta los contra pesos éticos como la Iglesia Católica, sometidos a un asedio irracional con argumentos miserables. Todos groseramente vilipendiados, expulsados o desconocidos en cuanto hubo la posibilidad de que fiscalicen, controlen o arbitren alguna temática que incomode al oficialismo, sea el exponencial crecimiento en la producción de cocaína, en el que están involucrados la familia de una constituyente masista personalmente muy cercana a Morales, como se evidencia incluso en textos biográficos, o casos de presunta corrupción en la que se ha visto involucrado con abrumadores indicios su ministro más poderoso y próximo.

Incluso el MSM, cuyos voceros suelen atragantarse hablando de trasparencia, han protagonizado a través del diputado Zabaleta un espectáculo rastrero mediante el cual el presidente de una comisión parlamentaria coartó el derecho de fiscalización de sus propios pares. Como telón de fondo de este avasallamiento moral e institucional, el papel desempeñado por la señora Suxo quien “ lucha” contra la corrupción siempre y cuando, y solo si, los casos no conciernen al oficialismo.

En una época en la que las corrientes de definición de las políticas públicas a nivel mundial han puesto en valor el concepto de accountability, cuya traducción aproximada es el de rendición de cuentas, el gobierno de Bolivia prueba su melgarejesca intención de no someterse más que al control de sí mismo. El ilegal, y descarado accionar en la contraloría, destituyendo a un profesional de prestigio nombrado por diez años por el congreso de la nación mediante dos tercios y el nombramiento en su lugar nada menos que de un diputado oficialista de escasísimas credenciales que no sean el servilismo y de nulos antecedentes técnicos, viene a demostrar que el MAS y sus aliados no se detendrán ante nada para consolidar la corrupción y el latrocinio.