Bolivia, un país con una
biodiversidad única, enfrenta recurrentes incendios forestales que devastan su
territorio, exacerbados por la expansión agrícola, el cultivo de coca, la
minería ilegal y la deforestación. A pesar de la gravedad de los incendios ocurridos
en 2018, el masismo en el gobierno no ha adoptado medidas preventivas o
políticas públicas efectivas para evitar que se repita esta situación en 2024.
Los incendios de 2018 ya fueron devastadores, tanto ambiental como
económicamente, y la inacción del gobierno ha permitido, y algunos dicen que
incentivado, que la situación se repita seis años después.
El problema principal radica en
la expansión descontrolada de la frontera agrícola, impulsada por el cultivo de
soya, coca y la ganadería extensiva, que ha sido una de las principales causas
de la deforestación. A pesar de las críticas hacia las leyes y decretos
incendiarios que facilitan el uso del fuego para actividades agropecuarias, no
se han tomado acciones para derogarlas ni para establecer políticas públicas
efectivas que detengan la destrucción de los bosques.
La falta de recursos y
coordinación institucional es evidente. Los cuerpos de bomberos y brigadas
forestales no están adecuadamente equipados ni entrenados para enfrentar
incendios de gran magnitud, lo que ha resultado en una respuesta insuficiente
ante las emergencias ambientales. Además, el cambio climático, con periodos
prolongados de sequía y altas temperaturas, ha aumentado la frecuencia e
intensidad de los incendios, aunque no puede ser utilizado como excusa para la
inacción del gobierno.
Un aspecto cultural es la falta
de previsión y planificación, tanto en las políticas públicas como en la vida
cotidiana. En Bolivia, la prevención no está arraigada, y la tendencia es tomar
decisiones reactivas en lugar de proactivas, lo que lleva a la incapacidad de
manejar eficazmente las crisis. La improvisación se ha convertido en una
constante, y esto se refleja en la gestión de los recursos naturales y la
incapacidad para prevenir desastres .
La falta de disciplina también es
un problema crítico. Aunque existen políticas ambientales, su implementación es
inconsistente y no se aplican con el rigor necesario. La quema de tierras y el
uso de áreas protegidas continúan sin controles estrictos, lo que refleja una
falta de compromiso con la legalidad y la responsabilidad en la gestión
pública. Este enfoque cortoplacista y extractivista ha llevado a la destrucción
de los ecosistemas, alimentando el ciclo de incendios que Bolivia enfrenta año
tras año.
El impacto de estos incendios no
se limita solo al medio ambiente. Las comunidades más vulnerables, que dependen
de los recursos naturales para su subsistencia, son las más afectadas. La
pérdida de bosques significa la pérdida de medios de vida, dejando a muchas
personas sin acceso a alimentos, medicinas o materiales de construcción. La
falta de planificación por parte del Estado perpetúa la pobreza y la
marginalización de estos sectores de la población.
Por último, la improvisación no
es solo un problema político, sino cultural. En lugar de prever y planificar,
se actúa solo cuando el desastre ya ha golpeado. Esto refleja una visión que no
valora la importancia de la disciplina y la planificación, elementos fundamentales
para una sociedad sostenible. Mientras otros países de la región han comenzado
a implementar políticas más efectivas para enfrentar el cambio climático,
Bolivia sigue rezagada, atrapada en una cultura de reacción tardía.
Para romper este ciclo
destructivo, Bolivia necesita un cambio profundo en su cultura de previsión y
planificación. El gobierno debe adoptar políticas públicas más estrictas y
garantizar su implementación con disciplina. Además, es crucial que se asuma un
compromiso real con la protección del medio ambiente, promoviendo una gestión
responsable de los recursos naturales y fortaleciendo las capacidades de
respuesta ante emergencias.
Bolivia debe dejar atrás la
improvisación y comenzar a planificar de manera seria y sostenida para evitar
que los incendios forestales continúen devastando el país. La lección de 2018 y
su repetición en 2024 no puede seguir
siendo ignorada; es hora de cambiar el rumbo y construir una cultura de
previsión, disciplina y responsabilidad para proteger el futuro de Bolivia y su
invaluable patrimonio natural.
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