Entre el déjà vu y la implosión institucional

 

A medida que los peores pronósticos de los economistas comienzan a materializarse, el clima de agitación social en Bolivia se intensifica. Como si la historia se hubiera atascado en un bucle, las calles de La Paz vuelven a llenarse de marchas, bloqueos, huelgas y pedidos de renuncia. El presente recuerda dolorosamente a los primeros años del siglo XXI, cuando el país oscilaba entre crisis económicas, fracturas institucionales y estallidos sociales.

Hace 40 años, durante la Unidad Democrática y Popular (UDP), el matutino Presencia incluía una sección titulada “Huelgas, paros, marchas, amenazas y ultimátums diversos”, una suerte de parte diario del caos. Era el registro cotidiano del colapso de la autoridad, del Estado y de la economía. Hoy, esa sección podría ser replicada en cualquier medio, con igual o mayor carga de conflictividad.

Veinte años después de la crisis del derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 —evento bisagra que redefinió el curso del país— Bolivia parece haber regresado, como en un tablero de juego, al punto de partida. La sensación de estancamiento estructural es apabullante. Es como en la célebre película, el “día de la marmota” nacional: la repetición de la misma historia a nivel país.

La oportunidad más concreta y potencialmente transformadora que tuvo Bolivia para vencer el subdesarrollo —impulsada por el auge de los precios de las materias primas, y la inmensa riqueza de gas natural dejada por Sánchez de Lozada, fue desperdiciada con torpeza y soberbia por el gobierno del MAS y sus seudo ideólogos, encabezados por Álvaro García Linera. El “proceso de cambio”, en vez de sentar las bases para una modernización sostenida, optó por el despilfarro y robo populista, la captura del Estado y la retórica de confrontación permanente.

El crimen más grave fue asfixiar a la gallina de los huevos de oro: la industria hidrocarburífera, que llegó a generar más de 5.500 millones de dólares anuales de ingresos para el Estado. Sin reinversión, con la expulsión de capitales privados, sin incentivos para la exploración y producción, el sector entró en una lenta pero inexorable decadencia. Hoy se encuentra en estado de inanición.

A eso se suma la desinstitucionalización sistemática del país: un proceso mediante el cual se han vaciado de contenido las instituciones fundamentales del Estado. El sentido mismo de las palabras ha sido distorsionado; el Estado de derecho ha sido subordinado a la voluntad política del partido gobernante; el sistema judicial, colonizado por el poder; y la Asamblea Legislativa, reducida a un espacio de confrontación estéril y manipulación legislativa. El resultado es una caricatura de república, una parodia democrática en la que lo anormal se ha vuelto norma.

El pueblo, que por años consumió sin crítica la narrativa del MAS —mezcla de épica indígena, nacionalismo antiimperialista y promesas de justicia social—, comienza a despertar de su larga siesta ideológica. Lo hace en medio de la escasez, la inflación, el desempleo, el deterioro de los servicios públicos y la ausencia de soluciones reales. La reacción del gobierno no ha sido el reconocimiento de errores ni la formulación de un plan serio de recuperación, sino más bien el refugio en la retórica absurda, el cinismo, el ocultamiento de datos y, en muchos casos, el silencio.

Mientras tanto, las dirigencias de los “movimientos sociales” —antiguos brazos movilizados del MAS— no han evolucionado ni en formación ni en estrategia. Frente a una crisis económica compleja y multicausal, su reacción sigue siendo la de siempre: marchas, paros, bloqueos y exigencias sin fundamentos técnicos. Se comportan como si la inflación o la escasez de diésel pudieran resolverse por decreto o con presión callejera, ignorando las dinámicas globales del mercado y el colapso interno de la producción.

En este escenario, todo apunta a un incremento sostenido de la conflictividad. Algunos sectores, con creciente vehemencia, piden la renuncia del presidente Luis Arce. Sin embargo, esa salida solo agravaría la crisis. Sería, en términos políticos y constitucionales, una solución irresponsable. El gobierno debe concluir su mandato y someterse al veredicto de las urnas en 2025. Faltan apenas cuatro meses para la realización de elecciones, y lo que corresponde es permitir que el proceso democrático siga su curso, por imperfecto que sea.

Bolivia no puede seguir repitiendo la historia como tragedia cíclica. Urge una autocrítica nacional, una reconstrucción institucional y un nuevo pacto de convivencia que supere la lógica de la revancha, el clientelismo y la improvisación.

El presidente en su laberinto

 

Las medidas anunciadas por Arce son como él, sin personalidad, convicción, creatividad ni fuerza. Ratifican que no puede fingir gobernar más que siguiendo un libreto desgastado y que no tiene ni la más mínima consistencia. Son una admisión de impotencia, una artillería de papel que no tiene la hombría de bien de admitir la realidad, el anuncio oficial de la fase terminal del masismo.

Por mucho empeño que le ponga para aparentar estar indignado y atribuirles a otros el estrepitoso fracaso del seudo modelo social comunitario productivo impulsado por Evo Morales y el mismo, Arce no tiene ya credibilidad alguna y sus “medidas” agravan su caso.

Diez medidas que son una genuina burla al dramatismo de la situación económica y a la escasez  de hidrocarburos, meros enunciados que no cambiarán ni un ápice al fondo del problema  y que son tan frívolos que desmerecen la institución presidencial, son  propuestas de un escolar mediocre.

Reducir el parque automotor del sector público no tendrá más que un impacto marginal puesto que no representa ni el 1% del parque vehicular total y aun así es la mas concreta de las medidas anunciadas.

 Las medidas 2, 5, 6 y 10 son olímpicos saludos a la bandera puesto que incrementar la distribución, priorizar el abastecimiento a determinado sector, garantizar la provisión a otros o reforzar el control en las fronteras no son mas que declaraciones de intención sin ninguna fuerza ni seriedad ya que no se menciona ni por asomo los mecanismos concretos para lograr esos objetivos.

Permitir el teletrabajo o la teleducación no necesitaba de un anuncio presidencial, el horario continuo o el funcionamiento del teleférico en La Paz mucho menos, lo que reduce la perorata del primer mandatario a informar que se creara una aplicación que de todas maneras no es necesaria puesto que todos los conductores de cualquier cosa que requiera gasolina ya tienen grupos de este tipo en WhatsApp u otras plataformas.

Ninguna de las decisiones anunciadas toca siquiera el principio del problema que es la escasez de dólares y el excesivo gasto estatal. Como lo sugiere Andrés Pucci, medidas mitigadoras de la crisis de combustible hubiesen sido “Eliminar los combustibles de actividades ilícitas,  permitir la libre importación y comercialización por parte de surtidores, quitar la subvención a los combustibles y asumir el costo político de ello renunciando a la reelección. Esta última obviamente requeriría de un 1% de nobleza y amor a Bolivia, algo inexistente en la identidad masista.

Arce ha tocado fondo, es la expresión de indigencia retorica y conceptual mas descarnada que se haya visto jamás en Bolivia, solo superada por su absoluta impotencia en proponer intentos de solución a los desafíos que enfrentamos. Constreñido por sus limitaciones personales y las de la mayoría de la gente que lo rodea, con alguna excepción aun por identificar un grupo de mediocres y sinvergüenzas, el presidente se aferra a la ortodoxia del populismo demagógico e irresponsable. Y en el proceso se ha vuelto un presidente de papel, en lo moral, con las gravísimas sindicaciones que pesan sobre sus propios familiares, en lo político, menesteroso sin apoyo mas que el de los oportunistas y traidores de su corriente de origen, carente de ideas, ajayu o energía alguna.

Los historiadores del mañana quizás rescaten la contribución que hizo al debilitar en forma inexorable al monstruo mayor, lo que, en rigor, le reconozco y hasta agradezco. Pero podía haber ido muchísimo más allá, podía haber tenido el coraje de reconocer ante la historia el fracaso de su seudo modelo y la hombría de bien de actuar en consecuencia, el gesto de grandeza de renunciar a la reelección. Podría haber escogido la apuesta de la audacia, prefirió perseverar en imitar a Pilatos y a otros cobardes y miserables.

La verdad es lo que a mi me da la gana

 

Hasta hace poco estaba de moda el horripilante y semi diabólico término de “posverdad”, definido como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales” o, en otros términos, la práctica de sostener que la verdad es lo que yo subjetivamente digo y/o creo que es y no lo que objetivamente es.

Cuatro casos recientes gatillaron episodios  de posverdad e ilustran la utilización de este reflejo verbal y comportamental. El ciudadano que agredió verbalmente a una recolectora de tunas, el comunicador que se pronunció por sostener que el sufragio universal fue un error y un retroceso, una diputada que, ante acusaciones de un adversario político, lo sindicó de racista, machista y anti-cruceño, y, por último, el tiktokero Rubén Blanco, que fue acusado y detenido por haber calificado un baile folclórico de “mugroso”.

La posverdad no está en los hechos descritos en sí, más bien en la reacción de diferentes personas y colectivos a ellos. En el primer caso, echando mano de su compulsiva necesidad de distraer la atención, los personeros del régimen denostaron al ciudadano, lo lincharon en redes  y, al final, lo condenaron a tres años de cárcel bajo los cargos de racismo, pese a que no se evidenciaba, en el video que se utilizó como prueba, ni una sola palabra de racismo. Así, bastó un linchamiento mediático para transformar una falta de urbanidad en un supuesto crimen de odio, como si se tratara de un supremacista incitando a la violencia.

En el segundo caso, el Defensor del Pueblo concluyó de oficio que el comunicador había incurrido en categorías similares de discriminación y racismo sin que tampoco pudiese sostener aquello ni por asomo. Es el mismo razonamiento que, llevado al absurdo, permitiría sostener que quien critique la democracia representativa es un enemigo del pueblo, o que quien dude de la utilidad de cierto programa estatal está discriminando a los beneficiarios de este.

La diputada Luisa Nayar, por su parte, dio de alaridos señalando que su adversario político y tocayo Luis Vázquez no podía tolerar sus expresiones por ser ella mujer, joven y cruceña, incurriendo en un comportamiento similar al no bajar a su crítico de viejo, viejito, tradicional, anciano, etc. Si se aplicara la misma lógica que ella pretende imponer, su ataque también sería una forma de discriminación por edad, pero la posverdad siempre juega a favor de quien grita más.

Por último, está el caso del influencer Rubén Blanco, procesado por el solo hecho de haber mostrado su antipatía con un grupo de danzarines de carnaval. Aplicando ese criterio, cualquier crítica artística podría ser sancionada, ya que, siguiendo el razonamiento del régimen, señalar que una película es mala equivaldría a discriminar a los actores, o decir que una comida no es de buen sabor implicaría un atentado contra la identidad culinaria de una región.

Desde el Estado masista se ha sembrado durante dos décadas el irrespeto a la ley y se ha utilizado la tergiversación y manipulación a todos los niveles, en un caótico paradigma donde los sofismas se cruzan a diario con expresiones de cinismo descarado y de mentiras descomunales. Así, la libertad de expresión es la primera victima pues la libertad pasa a ser libertinaje.

No es de extrañarse entonces que las decisiones y reacciones a menudo no solo no respeten el sentido común ni la verdad jurídica más elemental, sino ni siquiera ya el sentido semántico de las palabras, sin lo cual se puede afirmar que uno de los pilares de la vida civilizada está siendo atacado. Si se puede calificar a alguien de racista sin que exista el menor indicio de ello, también se puede sostener que los cocaleros del Chapare no son cómplices del narcotráfico a pesar de que un expresidente puede postular a pesar de existir pruebas  de que es un degenerado sexual y político y de que es moral “robar sin exagerar”. Es el mismo razonamiento por el cual en otros tiempos se decía que las dictaduras no eran tales si organizaban elecciones o que la censura no existía si se permitía criticar solo ciertos aspectos del poder.

Así como el Apocalipsis puede no estar imaginado con precisión como la recurrencia de desastres físicos como terremotos e inundaciones, sino más bien como el reino de la impostura y el cinismo, la imagen bíblica de la Torre de Babel podría quizás ser mejor entendida como una situación en la que, pese a hablar el mismo idioma, algunas personas llaman odio al amor, muerte a la vida, honradez al robo, lo que al final no solo imposibilita la comunicación racional, sino que sencillamente inviabiliza la vida en común. Es en ese mundo extraño en el que estamos empezando a habitar, una realidad oscura en la que se necesita más que nunca recuperar nuestra convicción sobre la primacía de la luz, lo bueno y lo correcto.

El peso de los antecedentes

 

Como existe una creciente demanda por actores políticos nuevos, jóvenes, si posible sin pasado ni trayectoria identificable el escenario político se va cada vez mas poblado por todo tipo de personajes, algunos fascinantes, otros patéticos, la mayoría con el requisito de audacia que se necesita para incursionar en la política de hoy en Bolivia. La política es pues una de las pocas actividades en las que se castiga la experiencia y se premia la falta de recorrido.

El hecho es que independientemente de la imagen de novedad que quieran proyectar los candidatos, el peor error que los electores podrían cometer, nuevamente, es apoyar opciones cuyos antecedentes no son coherentes con sus posiciones actuales ya sea porque su pasado político es desconocido o inexistente o porque es contradictorio con lo que hoy en día expresan, no por haber recapacitado, sino simplemente por su cinismo.

Los antecedentes personales y políticos de los actores en la arena publica no pueden ser ignorados y deben servir como mecanismo para poder medir la credibilidad potencial de los candidatos.

Tomemos a Branko Marinkovic, nunca se le conoció posturas políticas en el pasado que hubieran presagiado que se convertiría en una suerte de mezcla de Milei y Pinochet, como el que ahora se dibuja detrás de cada una de sus intervenciones públicas. Un hombre enfurecido, hecho al fanático del libre mercado y de la jibarización del estado, nunca fue, por lo menos púbicamente, pero ahora se muestra como eso y más. En rigor, con excepción de su fugaz paso por dos ministerios en los descuentos del gobierno de Jeanine Añez y su fuga luego de la masacre del hotel las Américas su participación en la arena propiamente política es nula.

La historia de Marcelo Claure es similar si tomamos el pasado político como punto de referencia, pero por diferentes razones.  Su historial propiamente político en Bolivia y fuera de ella, es inexistente, inversamente proporcional a su destacadísima y notable carrera empresarial que lo propulsó a la cima de los empresarios en Los Estados Unidos y el mundo, un logro prácticamente sin antecedentes para un boliviano con la excepción obvia de Simón Patiño y unos pocos mas  menos espectaculares.

Pero por impresionante que sean sus éxitos empresariales nunca se interesó públicamente en Bolivia ni como inversionista ni como político hasta que se compró el Bolívar, hizo generosas inversiones deportivas y ahora pretende nada menos que dirigir desde algún teclado de computadora en Dubai, Nueva York o Londres el improbable proceso de selección del   candidato “único” de la oposición política boliviana.

En ambos casos, guardando las distancias y diferencias, su accionar político esta destinado a generar inicialmente desconfianza y la habitual envidia que en Bolivia se le tiene al éxito, peor si es económico. Nunca tuvieron posiciones ideológico militantes públicas, aunque es obviamente presumible que si las tenían a un nivel personal. Pero si su verdadera intención se involucrarse en la política no les queda otro camino que acortar las distancias geográficas, y existenciales que los separan de la realidad del pueblo boliviano.

Es el derecho de cualquier boliviano ser candidato a presidente o desempeñar el rol de influenciador de la escena política en forma virtual, pero es complicado sin compartir físicamente con los que se pretende influenciar. Y tanto Claure como Marinkovic solo pueden alegar conocer la realidad de la vida en Bolivia en forma distante y virtual, lo que comlejiza la toma de decisiones.

Marinkovic pertenece a ese grupo de cruceños cada vez menos numerosos,  los jóvenes ya esta con otro chip, para quienes Santa Cruz es más importante y digna de amor que Bolivia  a quien perciben y casi padecen como un accidente del destino. Viven allí pero ignoran al resto, tiene generalmente aversión a todo lo andino y con esa actitud  mal pueden entender los desafíos de nuestras abigarradas complejidades.

Claure, de familia tradicional paceña, esta en realidad menos distante de la Bolivia profunda a pesar de su larga ausencia y mediante el futbol tiene un contacto  con una parte de la realidad y las pasiones locales lo que puede ser un terreno indirecto pero fértil para la incursión directa en la arena política.

La actualidad del “Manual del Idiota Latinoamericano”

 

Cuando en 1996 Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa publicaron “El manual del perfecto idiota latinoamericano” , presentaron un diagnóstico mordaz sobre las élites políticas e intelectuales. Describieron su personaje como aquel que, armado de un discurso populista, estatista y victimista, promovía políticas que perpetuaban el subdesarrollo en lugar de resolverlo. A más de un cuarto de siglo de su publicación, la realidad de América Latina sigue confirmando sus tesis, y Bolivia es un claro ejemplo.

El texto denunciaba la obsesión de la izquierda latinoamericana con el intervencionismo estatal, la desconfianza en el mercado y la idea de que la burocracia puede reemplazar a la iniciativa privada, a pesar de la inmensa cantidad de evidencia en contra de los resultados de dicha perspectiva.  Hoy, Gustavo Petro en Colombia, Nicolas Maduro en Venezuela Lula da Silva en Brasil y Luis Arce en Bolivia insisten cual mulas, en aumentar el control estatal sobre la economía.

El MAS ha seguido la misma receta durante  dos décadas. Con Evo Morales y ahora con Arce, el país ha dependido de la explotación de recursos naturales sin diversificarse. La nacionalización de los hidrocarburos en 2006 tuvo como resultado final una brutal caída en la producción de gas y una falta absoluta de inversión privada o pública, la primera por desconfianza, la segunda por irresponsabilidad criminal. Bolivia enfrenta una crisis de reservas internacionales y desabastecimiento de dólares y  el gobierno insiste en la creación de empresas públicas

Otra característica del “idiota latinoamericano” es su afán por erosionar las instituciones democráticas en nombre del “pueblo”. Daniel Ortega en Nicaragua ha convertido su país en una dictadura sanguinaria, encarcelando opositores y persiguiendo a la Iglesia. En Venezuela, Nicolás Maduro se ha aferrado al poder mediante fraudes electorales,  represión y tortura, destruyendo una de las economías con mayor potencial en el mundo.

Evo Morales intentó perpetuarse en el poder violando la Constitución y desconociendo el referéndum del 2016. Su afán de poder derivó en el fraude  de 2019, lo que llevó a su renuncia en medio de protestas masivas. Luis Arce, más tecnocrático, ha seguido con la misma lógica de intervención al  poder judicial y persecución a opositores.

El libro advertía sobre la tendencia de estos líderes a culpar siempre a Estados Unidos, el “neoliberalismo” o la “oligarquía” de sus propios fracasos. Hoy, el discurso de Petro, Maduro y Evo Morales repite la misma retórica: todo problema interno es causado por una conspiración extranjera. En Bolivia, el MAS ha hecho de la victimización una estrategia política permanente acusando constantemente a la “derecha golpista” y al “imperialismo” de sus propios errores de gestión. La crisis económica actual es atribuida a factores externos, cuando en realidad es consecuencia de años de políticas irresponsables, corrupción y falta de planificación. Además, Morales ha insistido en que su salida del poder en 2019 fue un “golpe de Estado”, ignorando las evidencias del fraude electoral y el descontento popular.

Los autores también advertían sobre el uso del término “pueblo” como un concepto manipulable, donde solo los seguidores del régimen cuentan como ciudadanos legítimos. En Nicaragua, Ortega ha criminalizado cualquier forma de oposición, mientras que en Venezuela, Maduro divide a los venezolanos entre “revolucionarios” y “traidores”.

En Bolivia, el MAS ha polarizado el país entre los “ hermanos” (sus seguidores) y los “vendepatrias” (sus críticos). Han fomentado el enfrentamiento entre regiones, clases sociales, edades, gremios y grupos indígenas. Evo Morales ha atacado constantemente a Santa Cruz, el motor económico del país, presentándolo como el enemigo. Luis Arce, aunque menos confrontacional, ha seguido la misma narrativa, descalificando cualquier protesta o crítica como un intento de “desestabilización”.

Si el manual del perfecto idiota latinoamericano fue una advertencia, la actualidad de América Latina parece una confirmación de sus predicciones. Los mismos errores que denunciaba—estatismo, populismo, victimismo, clientelismo y autoritarismo—siguen marcando el rumbo de la región. Bolivia, bajo el MAS, es un caso ejemplar de cómo estas ideas han llevado a la degradación moral, económica, institucional y social. Mientras se continúen aplicando las mismas recetas fracasadas, América Latina seguirá atrapada en el círculo vicioso del subdesarrollo.

Trump y el nuevo mundo

 

El mundo que emergió tras la Segunda Guerra Mundial se estructuró en torno a una división dicotómica pero clara de la realidad política e ideológica. Por un lado, los regímenes del socialismo real, con economías planificadas y libertades casi inexistentes; por el otro, el mundo libre, caracterizado por economías de mercado, democracia y prosperidad.

Esta realidad significó un retroceso absoluto para los países comunistas, un estado de cosas que culminó con la implosión de la Unión Soviética en 1989 y la adopción por parte de China de una economía de corte capitalista, aunque bajo un control político férreo. En ese contexto, Occidente parecía haber ganado tanto la batalla económica como la de la libertad y la democracia, consolidando la creencia en la tesis del fin de la historia, popularizada por Francis Fukuyama.

Transcurrido un cuarto del siglo XXI, la realidad ha demostrado que lejos de consolidarse como los vencedores de la historia, los países occidentales enfrentan una preocupante crisis de valores, marcada por la polarización extrema y el resurgimiento de radicalismos.

Históricamente, las guerras han funcionado como mecanismos de regulación y purga de procesos sociales y hasta demográficos. Sin embargo, la relativa ausencia de conflictos a gran escala —con excepciones como el conflicto en Medio Oriente y la guerra en Ucrania— ha coincidido con una explosión tecnológica de acceso masivo que ha transformado las dinámicas sociales y políticas. Las redes sociales, por ejemplo, han amplificado las divisiones ideológicas, generando esferas de radicalización tanto en la izquierda como en la derecha.

Parece ser una constante que, cuando el ser humano tiene satisfechas adecuadamente sus necesidades más básicas, experimenta una atracción por el caos y el desorden. Esta tendencia se manifiesta hoy en el ámbito político con la expansión de corrientes radicales de ambos lados del espectro ideológico.

Estados Unidos ofrece un claro ejemplo de esta polarización. La ideología woke, con su cuestionamiento de conceptos tan fundamentales como el género biológico, ha generado una contra reacción de sectores conservadores. La promoción de herramientas como el lenguaje inclusivo y la priorización de la identidad sobre el mérito han alimentado un clima de tensión que, exacerbado por factores como la crisis migratoria mundial, ha dado paso a un resurgimiento de posiciones de derecha que buscan restaurar el equilibrio percibido como perdido.

Las corrientes de izquierda, tras el colapso de la Unión Soviética, han mutado hacia nuevas formas, como el “socialismo del siglo XXI” en América Latina y el wokismo en países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Las consecuencias más visibles de esta tendencia han sido polémicas como el arrepentimiento de menores sometidos a irreversibles cirugías de cambio de género o el rechazo a la presentación francesa en las Olimpiadas de 2024, criticada por su enfoque ideológico.

La reacción conservadora ha tomado forma en figuras como Giorgia Meloni en Italia, Javier Milei en Argentina, y sobre todo Donald Trump en Estados Unidos. Este resurgimiento se nutre no solo de la oposición a lo que perciben como excesos ideológicos de la izquierda, sino también del rechazo a la presión migratoria global, con flujos masivos de personas provenientes de crisis en Siria, Venezuela y Haití. Incluso en países tradicionalmente receptivos a la inmigración, como Chile se han observado expresiones de hartazgo y actitudes cuasi xenofóbicas ante la llegada masiva de migrantes.

El mundo emergente en el que Trump, Elon Musk y otros líderes ultrapoderosos desarrollan sus ideas aislacionistas y proteccionistas es un mundo de creciente digitalización económica e inteligencia artificial en expansión explosiva. También es un mundo de profundas desigualdades, en el que el 1% más rico de la población controla el 43% de la riqueza total. Además, la hiperconectividad ha llevado a un individualismo digital y a una polarización política y cultural cada vez más extrema, donde convivimos con riesgos y oportunidades que demandan adaptación y resiliencia tanto a nivel individual como colectivo.

Para los regímenes del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, Nicaragua y Bolivia, el futuro se presenta sombrío ante la previsible hostilidad de la administración Trump quien ya ha declarado legalmente a los carteles de la droga como objetivos militares.  El flamante secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos y firme opositor a las dictaduras de la región, representa una amenaza tangible a la continuidad de estos gobiernos autoritarios y narco vinculados ya que ha manifestado abiertamente su compromiso con la causa de la libertad y la democracia en América Latina. Esas son buenas noticias.

La variopinta "funcionalidad" opositora

 

El contundente triunfo electoral del MAS en 2006, consolidó una hegemonía política autoritaria que dejó poco margen para una oposición genuina.  Es difícil lidiar con un régimen producto de la democracia pero que no se cansa de socavarla.  Durante los primeros años del mandato de Evo Morales, la política boliviana estuvo marcada por una resistencia silenciada mediante la represión, el exilio o el derrocamiento y persecución de figuras opositoras. Algunos de los que se quedaron resistieron de manera heroica o, en muchos casos, menos gloriosa, otros tomaron el camino del destierro. La oposición fue diluyéndose, y la crítica hacia el régimen se transformó en un campo fértil para actores funcionales al MAS.

El proceso que condujo a la nueva Constitución de 2009, con muertos y heridos, contó con la complicidad de parte de las bancadas de Samuel Doria Medina y otros actores. Jorge Quiroga, por su parte, liderizó el proceso de debate critico en el seno de la Asamblea y posteriormente la campaña de rechazo a la aprobación mediante referéndum.

Mesa, luego de darle la espalda al presidente con el que había sido elegido en 2002, amnistió a los golpistas de 2003 y luego su postura moderada frente al MAS le permitió mantener una relación pragmática con el régimen. Mientras el MAS avanzaba con iniciativas que favorecían su proyecto político, los opositores formales como Mesa y Doria Medina criticaban en apariencia, pero evitaban desafiar directamente al régimen y no impulsaron una oposición estructurada que pudiera bloquearla. Doria Medina se declaraba “perseguido político” mientras invertía decenas de millones de dólares en proyectos inmobiliarios y hoteleros.

El fraude de 2019 sello el protagonismo de Luis Fernando Camacho y la crisis postelectoral lo convirtió en una figura central de la oposición que se destacó por su liderazgo en la llamada “resistencia cívica” y su lucha por la renuncia de Morales. Sin embargo, su detención y la posterior inestabilidad de su partido lo debilitaron grandemente.

Gobernadores como Mario Cossío y Leopoldo Fernández y héroes como Roger Pinto son las excepciones ya que, con honor, no transaron, y compatibilizaron oposición política y gestión, mientras pudieron, pero los alcaldes elegidos posteriormente como Iván Arias, Johnny Fernández y Johnny Torrez prefirieron optar por el camino del pragmatismo cínico y sinvergüenza al ser elegidos por opositores y una vez electos trabajar con la agenda y objetivos del oficialismo.

Inicialmente, Rubén Costas fue uno de los principales líderes opositores al MAS, abanderando la autonomía cruceña y la resistencia a la centralización. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución del contexto político, fue moderando su discurso y, en algunos momentos, adoptó posturas más conciliadoras, lo que algunos interpretaron como un acercamiento al oficialismo.

Manfred Reyes Villa transitó de opositor a oficialista, sin escrúpulo alguno, ni siquiera el de inhibirse de perseguir judicialmente a los jóvenes gracias a los cuales pudo volver a Bolivia y que hoy están injustamente en la cárcel siendo inocentes. Fue hasta dividir a la bancada de Comunidad Ciudadana y de Creemos para servir al Arcismo en forma desenfadada y rastrera.

Con su funcionalidad extrema o relativa, cómplices activos o culpables por omisión, estos políticos actuaron en su mayoría como genuinos altoperuanos, diciendo una cosa, pensando otra  y haciendo una tercera, a cambio no de espacios políticos visibles sino simplemente de una relativa inmunidad, aunque la misma también fue puesta en duda en varios momentos. Casi todos fueron sumisos ante Evo el todopoderoso, al que Mesa comparó con Bolívar y lo denostan muy machitos hoy que esta irremediablemente caído y ya no es la cuarta parte de lo peligroso que era.

El único aliado del MAS en sus primeras etapas que llevo a cabo su adhesión en forma abierta y publica, recibiendo el beneficio político y también pagando el costo del mismo fue Juan Del Granado, hoy opositor de perfil más bien discreto.

¿Podían haber actuado de otra forma y desempeñado un rol de verdadera oposición? Difícil determinarlo sobre todo considerando el carácter totalitario y anti democrático de las intenciones y acciones del MAS.  

Los que como como Carios Mesa tiene la sindicación histórica de la traición de 2003 y los que decididamente se sumaron al oficialismo como Manfred Reyes probablemente entran en una categoría diferente a la de Doria Medina o Iván Arias, casi iguales en el fondo, pero más sutiles en la forma.

 Jorge Quiroga y obviamente Luis Fernando Camacho, mártir de su audacia, pero también de sus desaciertos junto con Jeanine Añez, cuyo entorno y garrafales errores políticos la llevaron a autodestruirse y de paso posibilitar el retorno del MAS, en otro grupo aun mas alejado de los anteriores.

Pero aquí el único que podrá ser señalado por la historia como libre de cualquier sindicación de funcionalidad es Gonzalo Sánchez de Lozada, víctima, entre otras cosas, de la fidelidad a sus principios lo que le impidió transar con el masismo.

El futuro de la oposición boliviana es incierto, pero si la historia reciente nos sirve de guía, el pesimismo parece ser la respuesta más honesta.

La larga noche chavista y su impacto en Bolivia

 

El chavismo, engendrado por la gerontocracia cubana e implementado por Hugo Chávez, perpetuado por Nicolás Maduro, es a todas luces uno de los capítulos más oscuros en la historia de América Latina. En menos de dos décadas, Venezuela pasó de ser una de las economías más pujantes a un país sumido en la miseria, con hiperinflación, pobreza y violencia dantesca, generando un éxodo de proporciones bíblicas. La influencia del chavismo, sostenida por el robo de billones a los venezolanos y el impulso corruptor y avasallador de Chávez en persona   se extendió a gran parte de los países de América Latina en diferentes modalidades, llegando en algunos casos como el de Nicaragua y Bolivia a convertirse en una verdadera colonización ideológica y fáctica, replicándose con consecuencias devastadoras

Bajo Chávez, Venezuela adoptó un modelo económico basado en la nacionalización de empresas y el control estatal de sectores estratégicos como el petróleo. Con Maduro la economía colapsó definitivamente. Según el Banco Mundial, entre 2014 y 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela cayó un 75%, convirtiéndose en una de las peores crisis económicas no causada por guerra en la historia moderna.

En 2018, el FMI estimó que la hiperinflación anual superó el 1.000.000%, destruyendo el poder adquisitivo de todos. Para 2023, el salario mínimo mensual equivalía a menos de $10, sumiendo al 94,5% de la población en la pobreza. El manejo corrupto de PDVSA, la principal empresa estatal, resume la debacle. Durante el gobierno de Maduro, la producción de petróleo cayó de más de 2,5 millones de barriles diarios en 2013 a menos de 700.000 barriles en 2021.

Así mismo se consolidó un régimen autoritario, cruel y sanguinario. Como Chávez, Maduro cerró medios de comunicación críticos, encarceló a opositores y reprimió protestas populares. Entre 2014 y 2020, se registraron más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales e infinidad de casos de tortura  atribuidas a las fuerzas de seguridad, según la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En lo moral, el chavismo institucionalizó la corrupción, banalizo los nexos con el narcotráfico y las mafias internacionales. Transparencia Internacional ubicó a Venezuela en 2022 como el país más corrupto de América Latina.

 Evo Morales tuvo en el chavismo el sustrato retorico e ingentes cantidades de apoyo logístico y económico para replicar en Bolivia las políticas económicas y estrategias políticas que llevaron a la ruina a Venezuela. Desde 2006, Morales adoptó un modelo basado en la nacionalización de recursos naturales, control estatal y gasto público desmesurado.

Aunque la economía boliviana inicialmente creció gracias al auge de los precios del gas y los minerales, el populismo económico y moral de Morales devastó las instituciones del país y quebró los soportes éticos de la sociedad.  La bonanza fue despilfarrada, y cuando los precios de las materias primas cayeron, el “modelo” se desmorono. El déficit fiscal de Bolivia alcanzó el 9,7% del PIB en 2024, la inflación supera los dos dígitos después de décadas, y la deuda externa creció  de $2.208 millones en 2006 a más de $14.000 millones en 2023. Bolivia tiene la 3 era deuda pública más alta del mundo en relación al PIB, y en la práctica es el país ha entrado en la insolvencia financiera.

En lo político, Morales copió el modelo autoritario chavista. Modificó la Constitución para perpetuarse en el poder, desobedeció un referéndum de 2016 en el que los bolivianos rechazamos su reelección judicializó la política. Al igual que en Venezuela, el gobierno boliviano fue acusado de corrupción, nepotismo, y vínculos directos con el narcotráfico. La influencia del chavismo también contribuyó a la polarización de la sociedad boliviana. Morales consolidó una narrativa de división, confrontación y odio similar a la de Chávez. El impacto de las políticas chavistas en Bolivia y Venezuela no solo ha sido devastador para ambos países, sino que también ha afectado a la región. generado presiones en los sistemas económicos y sociales de países vecinos.

En este contexto, Venezuela enfrenta un momento crucial este 10 de enero. Edmundo González, tras vencer en las elecciones nacionales representa una oportunidad única. para romper con el legado chavista. Su triunfo electoral estuvo marcado por una participación masiva y la derrota contundente del oficialismo. Sin embargo, su posesión, programada para el 10 de enero, está en riesgo debido a maniobras judiciales y políticas por parte del régimen  que no ha dudado en matar, secuestrar y movilizar terroristas y paramilitares para evitar la posesión del nuevo presidente. Si logra asumir el cargo, González habrá dado un paso gigantesco para el renacimiento económico y democrático no solo de Venezuela sino también de Bolivia y América Latina. Que Dios lo acompañe a el y al pueblo venezolano.