La Corrupción populista

La revelación de que son mas de dos mil millones de dólares los que el gobierno contratará en forma directa, sin licitación, marca el inicio de una inédita era en la administración publica y resume la idea oficialista de “meterle nomas”  al manejo de los recursos públicos haciendo gala de una deliberada indiferencia a todo lo que pueda significar vigilancia , transparencia , arbitraje objetivo, o contra peso.

 Cual si se tratase su finca particular, el vicepresidente ha declarado muy suelto de cuerpo que la eventual planta de urea de  Bulo Bulo (1.100 millones de dólares aproximadamente) se realizará mediante una "licitación pública internacional", una falacia de proporciones descomunales ya que la empresa que se haga cargo será  contratada según establece el decreto de excepción 224 que el mismo se encargó de aprobar en uno de sus interinatos presidenciales no habiéndose ni por asomo cumplido con ninguno de los pasos para que ni siquiera se parezca la contratación a una licitación internacional como esta estipulado en la ley 1178.

Ningún supuesto negociado del pasado, ni la “autopista mas cara del mundo” de los años de Banzer, ni la  construcción de Karachipampa, ni las piedras  preciosas de García Mesa, ni las privatizaciones del acuerdo patriótico, ni siquiera los desmanes que cometió Mariano Melgarejo en sus días puede ser comparada con el descarado arbitrio y discrecionalidad que caracteriza al gobierno actual en el manejo de los recursos que son de todos. 

El avión presidencial, el satélite chino, la carretera por el corazón del TIPNIS, el teleférico paceño, casi todo el manejo de dinero de YPFB, y la planta de urea de bulo bulo todas han sido o se ha anunciado serán hechas sin ni siquiera la apariencia de un mínimo de transparencia, todas impuestas sobre las espaldas del pueblo boliviano sin que hayan estado  en su mayoría ni siquiera en un programa de gobierno, ni  medie mas que la opinión de un puñado de individuos.  

Cuando estos sean juzgados, lo que inexorablemente ocurrirá mas temprano que tarde, son presumiblemente varios aspectos que caerán bajo el escrutinio jurídico e histórico. Los muertos y heridos  producto de la represión estatal,  el crecimiento de los cultivos de coca excedentaria y su correlación con el narcotráfico y la inseguridad ciudadana, la desinstitucionalización nacional y el aviamiento de las confrontaciones étnicas así como la manipulación política de la justicia, son solo algunos de los temas que será objeto de un procesamiento.  

Pero cuando el juicio empiece a investigar la corrupción de este régimen, es bastante seguro que concluirá que ningún otro periodo en la historia de Bolivia, ni siquiera en las más obscura épocas militares se caracterizó por este nivel de rapacería, discrecionalidad y unilateralidad.  Un recuento de todos los caso de corrupción denunciados, que necesariamente será hecho, revelara que mas que ningún otro rasgo el mentado “cambio” se concentró en implementar mecanismos para manejar el erario publico en una forma difícil de siquiera imaginar. 

En una época en la que las corrientes de definición de las políticas públicas a nivel mundial han puesto en valor el concepto de accountability, cuya traducción aproximada es el de rendición de cuentas, el gobierno de Bolivia exhibe un comportamiento de forajidos y prueba  su brutal intención de no someterse más que al control de sí mismo. Es el despotismo cocalero, que  lejos de ser ilustrado, es  corrupto y pendenciero.