COMUNICADO DEL MNR sobre el rechazo a la Extradicion del Ex Presidente Sanchez de Lozada

LA VERDAD TARDA, PERO LLEGA

El Departamento de Estado como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América han rechazado en forma definitiva la extradición del ex Presidente Sánchez de Lozada basándose en el argumento de la falta de base legal y fáctica de las acusaciones así como en la idea que en los E.E. U.U. ningún Presidente podría ser juzgado por cumplir con la obligación constitucional de defender la democracia y la Paz social ante un proceso subversivo que derivó en un golpe de estado.

Se trata de  una decisión soberana del poder ejecutivo de  los E.E.U.U., luego de la valoración de los hechos y del Derecho, la misma que puede ser interpretada como una ratificación inobjetable de lo que ya  había sido establecido a nivel judicial  por la Corte de apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito once, el 29 de agosto de 2011.

Los hechos de octubre de 2003 fueron un hito central del proceso de desestabilización de la democracia liderizado por  intereses extranjeros y por quienes hoy gobiernan y estuvo marcado  por un incesante llamado al bloqueo, a la violencia, a la insurrección armada y a la guerra civil. Repitiendo consignas falaces y envenenando el alma del pueblo boliviano, hoy siguen intoxicando  la posibilidad  de debate alguno mediante la repetición incesante  de mentiras descomunales, como las que se dijeron sobre el gas. Con ellas se  soliviantó a la población de El Alto y se enfrentó al boliviano contra su hermano con la pérdida lamentable de vidas humanas, incluyendo civiles, militares y  policías. Esto es público y consta no solo en la memoria histórica colectiva sino en cientos de registros de medios de comunicación.

A 9 años de aquel infausto acontecimiento el pueblo boliviano puede juzgar con la razón y sin pasión que la venta del gas era una necesidad, que la nacionalización fue sólo discurso porque en los hechos hubo renovación de los contratos con las empresas petroleras que hoy reciben mayores beneficios que antes, y que YPFB se ha convertido en el objeto del saqueo y latrocinio más descarado que haya ocurrido en Bolivia. 

 En el pseudo proceso judicial posterior sobre los hechos,  se intentó tapar la verdad, con la amnistía  a favor de los dirigentes político–sindicales, decretada por el señor Carlos Mesa y así se burló a la justicia y a las víctimas en su dolor. Los dirigentes del MNR de esos días fueron los primeros  conejillos de Indias de la instrumentalización de la politización de la justicia contra cientos de bolivianos. 

Desde el gobierno, los verdaderos responsables han hecho de la justicia un instrumento político, dirigido a satisfacer sus necesidades  de mantenerse en el poder, no dudando para ello en calumniar sin tregua, encarcelar, enjuiciar, perseguir y desterrar tanto a los que derrocaron en 2003 como a los integrantes de la oposición actual.  Si el senador Roger Pinto se asiló luego de padecer  un verdadero linchamiento jurídico con 21 procesos y corría el riesgo de ser asesinado, que podemos decir de la senadora Carmen Eva  González, con 18 juicios abiertos así como de los más de 500 compatriotas refugiados a través del mundo según el ACNUR y de los dantescos linchamientos con los que se administra hoy justicia en Bolivia.

Dios, la Historia y el Pueblo juzgaran a los verdaderos responsables del golpe de estado de hace 9 años  y  a los autores de lo ocurrido después ya que Bolivia vive hoy más que nunca regida por la lógica de la violencia, habiéndose sembrado niveles de racismo, xenofobia y odio incompatibles con la construcción de un futuro harmonioso.  Una vez más hacemos un llamado a los bolivianos de bien, que creen en la democracia y la fraternidad, a buscar por sobre todas las cosas la verdad. 

MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO