Bolivia : Justicia Comunitaria

(La Justicia por mano propia en la Bolivia de Evo Morales)

INTRODUCCIÓN

Cuando se aproxima la mitad del mandato presidencial del Presidente Evo Morales Ayma, la Republica de Bolivia parece haber enfilado el camino a convertirse en un territorio gobernado por la irracionalidad y la violencia. Turbas de diversos orígenes se enfrentan en las regiones, unas cercando las instituciones democráticas, empresas y propiedades agrícolas, las otras intentando defenderlas mientras la producción de cocaína ha alcanzado records históricos y el gobierno azuza los enfrentamientos raciales y la descomposición social. Desde la llegada de Morales casi un millón de bolivianos ha emigrado del país debido a la inseguridad ciudadana, la incertidumbre económica y el fanatismo político.

El discurso y la campaña comunicacional del gobierno implican, amen de la apelación recurrente al vilipendio y al ultraje, la condena y execración del pasado, y la mitificación del presente y sus actores, incluyendo la idea de que Evo Morales encarna al mito del “buen salvaje” y representa a un gobierno de indígenas marginados y oprimidos, pero la realidad es radicalmente diferente. El régimen boliviano si tiene un comportamiento propio de salvajes, pero de bueno no tiene nada.

Bolivia esta hoy viviendo un franco proceso de retroceso al medioevo, una involución que va mucho mas allá del cuestionamiento de la democracia como sistema político. Es una regresión civilizatoria que abarca un sistemático y abierto asedio a las instituciones, a todo aquel que se oponga a la verdad oficial, como al sistema de justicia de Bolivia. De rasgos fundamentalistas y radicales, la lógica de Morales es autoritaria y ha hecho del agravio y del aborrecimiento, la base de su discurso, lo que, junto a signos exteriores sencillamente inventados como su vestimenta, y la puesta en escena de medidas de impacto mediático, ha logrado llamar la atención de ciertos estratos de la opinión publica a nivel mundial.

Una de las mas comentadas iniciativas de los partidarios de Morales fue organizar en Achacachi, a 70 Km. de La Paz, un acto de crueldad y barbarie para amedrentar a sus opositores en forma grafica y concreta en noviembre de 2007. Ante las cámaras de televisión especialmente convocadas, decenas de campesinos armados con fusiles y uniformados con ponchos rojos se dieron la tarea de degollar a dos perros vivos colgados de un alambre no sin antes someterlos a una sesión de apaleamiento para dejar testimonio del riesgo que corren los opositores de Evo Morales. El hecho, internacionalizado a través de los medios y de You Tube[1] motivó una condena enérgica de casi todos los sectores de la sociedad menos del gobierno que en algunos casos llegó incluso a justificar tan patética acción. [2].

Resulta paradójico, no obstante, que este particular hecho de barbarie haya merecido incluso mayor atención que los que cometidos en contra de seres humanos, una constante en crecimiento desde la llegada al poder de Evo Morales.

En efecto, como parte de la supuesta revalorización de distorsionados “saberes ancestrales“ parte del discurso racista y xenófobo de los partidarios de Morales, los últimos meses han visto la puesta en valor de prácticas de supuesta justicia “indígena” o “comunitaria” para resolver casos de diversa índole, en materia civil como penal, sin respetar conceptos elementales como el derecho a la defensa, la investigación previa, la participación de testigos o cualquier cosa que remotamente pueda ser considerada debido proceso o que permita las mínimas garantías procesales.[3]

Desde la llegada al poder de Morales se ha legitimado y se pretende incorporar incluso en un nuevo texto constitucional la lógica de esta peculiar forma de administración de justicia que tiene en la instauración del linchamiento y la justicia de la horda sus principales pilares. No pasa un día sin que se informe de casos de justicia por mano propia protagonizados por agrupaciones de enardecidos que, con el tácito aval del gobierno, torturan y asesinan impunemente en lo que es una versión seudo jurídica de la agresividad discursiva, política y militar del gobierno.

Los ciudadanos de Bolivia están cada vez mas preocupados por el total descontrol que existe en muchas áreas rurales, urbanas, y peri urbanas en este tipo de prácticas en las que hombres y a menudo mujeres e incluso niños son sometidos a indescriptibles sesiones de tortura y luego colgados o quemados vivos acusados de diversos actos o simplemente por el hecho de haber despertado algún tipo de sospecha. Ello ocurre con cada vez mayor frecuencia en un país cuya historia incluye haber linchado en 1946 a un Presidente de la Republica.

El propio Evo Morales ha propuesto una ley que incluye los latigazos como forma de castigo[4] y pretende elevar constitucionalmente esta versión de la ‘justicia comunitaria” al mismo rango que la justicia convencional para luego suprimir la justicia ordinaria, alentando de esta forma la capacidad jurisdiccional para que todos administren justicia lo que ha dado pie para que muchos campesinos tengan carta blanca para cometer hechos delictivos y luego escudarse en lo comunitario, en una suerte de desenfreno colectivo.

Continuando con una tradición recurrente el historia de Bolivia, existe en ciertos sectores especialmente campesinos, la sensación colectiva, alimentada por el discurso presidencial, vice presidencial y de muchos funcionarios, que la llegada al poder del partido oficialista, significa libre albedrío para asumir justicia con mano propia e impunidad garantizada.

En palabras del director de Agencia de Noticias “Fides” (Anf) el sacerdote jesuita José Gramunt de Moragas[5] : “Con mayor frecuencia se cometen crímenes horrendos en aplicación de la llamada "justicia comunitaria". Será porque antes no abundaban esas venganzas, o porque la prensa no se ocupaba del tema, el hecho es que en varias comunidades campesinas e incluso en barrios extremos de algunas ciudades, son azotados como bestias, ahorcados como reses del matadero o quemados vivos como antiguamente se hacía con los brujos, por decisión de la comunidad. La pena incluye, desde supuestos rateros, consumados ladrones, hasta presuntos violadores y homicidas. Un grupo auto constituido en tribunal popular decide tomarse la justicia por su mano y les aplica penas inhumanas y primitivas sin ninguna garantía de que la vindicta pública garantice un procedimiento legal. “


UNA FRECUENCIA EN AUMENTO


Algunos de los casos recientes, relevados de la Prensa boliviana, son un cuento de terror de indescriptible violencia, donde lo que mas llama la atención no son quizás los ajusticiamientos en si, sino la inusual crueldad con la que se llevan a cabo, incluyendo sesiones colectivas donde decenas o incluso centenares de individuos torturan brutalmente, por horas, si no es días, a una victima. A todas luces, además, la frecuencia de estos hechos se encuentra en aumento.


- El 22 de noviembre de 2005, en Liriuni, Cochabamba, un hombre de 23 años fue linchado por una turba. Sus acompañantes, Jorge Flores 17, y José Tejada 23, fueron echados a un barranco de 20 metros con quemaduras de primer y segundo grado. Las investigaciones iniciales apuntaban a la responsabilidad de los comunarios del lugar, situado a 24 kilómetros de la capital.[6]

- El 10 de marzo de 2006 en La Chancadora, Chapare, José Luís López, 26, sobrevivió a un linchamiento con secuelas renales y neurológicas, luego de haber sido rescatado por la policía, quien lo encontró atado a un “ palo santo” (árbol con hormigas) donde había sido amarrado por los comunarios luego de ser confundido con un ladrón. Esta practica brutal, en la que la comunidad tortura o asesina a uno de sus miembros mediante este inusual método, ha sido mostrada y ensalzada en el film “cocalero” que cuenta la vida de Evo Morales. [7] [8] [9]

- En Junio de 2006 el gobierno de Evo Morales concede “asilo político” a los paraguayos Ángel Acosta Centurión y Blas Concepción Franco Aquino, acusados del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex Presidente paraguayo Raúl Cubas.[10]

- El 28 de junio de 2006, en zona Mercedes “ B”, ciudad del Alto, Julio Mamani, 55, fue atado a un poste luego de ser sorprendido robando algunas herramientas y colgado por una turba. La Policía se enfrento a los linchadores quienes argumentaron que se trataba de ‘justicia comunitaria” pero ya la victima había fallecido. [11]

- El 15 de septiembre de 2006 en Pailón, Santa Cruz de la Sierra, Cuatro menores de edad fueron golpeados por una turba luego de ser sorprendidos robando. El linchamiento no fue consumado debido a la oportuna intervención y súplicas del corregidor Wilson Cuellar Menacho, quien intervino para calmar a la turba enardecida que estaba decidida a prenderles fuego.[12]

- El 13 de octubre de 2006, en San Julián, Santa Cruz, Marcelino Rojas Parra, de apenas 16 años fue golpeado con palos y piedras, incluida una cruz sacada del cementerio para el efecto, hasta morir luego de ser arrebatado de manos de la Policía Rural quien lo había detenido bajo sospecha de robo de una motocicleta. Luego de asesinarlo, su cadáver fue arrojado a la puerta del comando policial.[13] [14]

- El 6 de diciembre de 2006, en Chacapaya Sipe Sipe, Cochabamba, tres sujetos acusados de robar autos se salvaron de ser linchados, al escapar de sus captores dos de ellos y el tercero ser liberado por la policía.[15]

- En una fecha indeterminada de diciembre de 2006 una mujer fue enterrada viva luego de ser descubierta cometiendo adulterio a en la comunidad Chiru Kasa, provincia bustillos en el norte de Potosí.[16]

- El 26 de diciembre de 2006, en Achocalla, La Paz, ocho personas, incluidas tres mujeres sobrevivieron a un intento de linchamiento. La policía señaló que los vecinos procedieron a detener a un grupo de parroquianos y pretendían aplicarles “ Justicia comunitaria”[17]

- Turbas de cocaleros asaltan e incendian la prefectura de Cochabamba en enero de 2007 dirigidos por la Sra. Celima Torrico,[18] [19] la senadora Leonilda Zurita y el dirigente Víctor Cáceres, resultando de los enfrentamientos dos muertos Juan Tica Colque y Cristian Urresti y más de un centenar de heridos[20]. Amnesty International se pronuncia sobre la impunidad con la que estos hechos han sido tratados por parte del estado boliviano. [21]

- El 12 de enero de 2007, en Santiago segundo, El Alto de La Paz, Gregorio Edgar Copa fue linchado y colgado de los pies luego de ser sorprendido robando una carnicería. Cuando la familia quiso sentar la denuncia en la policía fueron amedrentados por integrantes de la misma turba quienes arguyeron” justicia comunitaria” para explicar los hechos. [22] [23]

- El 15 de enero de 2007 un hombre fue supuestamente sorprendido robando garrafas de gas en la zona de Villa Tunari, ciudad del Alto, la Paz, y golpeado hasta morir. Cuando se encontraba moribundo la policía llego al lugar pero la turba impido el auxilio policial hasta que no se presentase la fiscal del distrito “para investigar el robo”. El hombre falleció producto de los golpes.[24]

- El 24 de enero de 2007, en Ayo Ayo, La Paz, 3 personas fueron linchadas y quemadas. Sus cuerpos fueron encontrados en un automóvil, maniatados y con signos evidentes de haber sido torturados.[25] Ayo Ayo es la localidad en la que el 14 de junio de 2004 una turba colgó y mato al alcalde del pueblo, Benjamín Altamirano, bajo la acusación, nunca probada, de haber malversado recursos del municipio. Cuando la policía y algunos periodistas llegaron fueron recibidos a pedradas por enardecidos campesinos, con el saldo de dos heridos [26]Este hecho, a diferencia de otros, cobró notoriedad debido al cargo de la victima. [27]

- El 5 de marzo de 2007, en Miraflores, La Paz, a diez cuadras del palacio presidencial, un joven sobrevivió a un intento de linchamiento luego de que fuera acusado de intentar robar un teléfono celular.[28]

- El 10 de marzo de 2007, en Villa Belén, Sucre, Félix Catari León (18) y José Luís Villa Macías (21), fueron quemados por una turba que los acusaba de haber robado electrodomésticos. Sobrevivieron con quemaduras de primer y segundo grado.[29]

- El 10 de marzo de 2007 las oficinas del ministerio publico en Llallagua, Potosí, tuvieron que ser cerradas luego de que una turba amenazara con linchar a los fiscales asignados al caso del asesinato de Javier Charque Choque, 24, quien el 20 de diciembre de 2006 fue lapidado y ahorcado en cumplimiento de una sentencia de “justicia comunitaria” en el ayllu Sicoya. Uno de los arrestados por este hecho, Cirilo Cruz, fue liberado y la investigación no prosiguió.[30] [31]

- El 12 de marzo de 2007 en San Felipe de Seke, ciudad del Alto, una mujer fue torturada por una turba durante más de 14 horas. La mujer, identificada con las siglas R.Y fue rapada y se encontraba totalmente desnuda cuando fue rescatada por la policía. [32]

- El 30 de marzo de 2007 en Tarabuco, Chuquisaca, 4 agricultores habrían enterrado vivo a un joven de 25 años, Javier Roque Choque. Este supuesto hecho a su vez estuvo a punto de derivar en el linchamiento de los presuntos autores por parte de una turba de 150 personas que se aglomeró ante las celdas policiales con el objeto de aplicar “justicia comunitaria” a los presuntos homicidas. Ese mismo día, la prensa refiere de otro caso de linchamiento ocurrido en Potosí en enero de 2007[33]

- En una fecha no precisada en la comunidad de Chojñacawa, provincia Omasuyos, cercana al Illampu, mataron a seis supuestos delincuentes involucrados en el robo de ganado e incluso asesinatos, informó el diputado del MAS y dirigente campesino Hilario Callisaya.[34]

- El 12 de abril de 2007 la policía informó que realizó el levantamiento del cadáver de una presunta victima de linchamiento en Achocalla, La Paz y evitó tres intentos de linchamiento en la ciudad del Alto en las últimas 24 horas. Una mujer de 49 años se libró de ser linchada por mas de cien personas en villa cooperativa, ciudad del Alto, por haber entregado un falso billete de 20 bolivianos (2.5 Dólares). Un hombre de 55 fue agredido por el supuesto robo de dos garrafas y un ladrón sorprendido in fraganti casi fue linchado.[35]

- El 19 de abril de 2007, en Senkata, El Alto, Eliseo Felipe Cáceres (40) presumiblemente un ladrón reincidente fue quemado vivo y colgado. La policía lo rescató aun con vida pero falleció camino al hospital[36]

- El 28 de abril de 2007, en El Alto, La Paz, el concejal municipal de la ciudad del Alto Roberto de la cruz es filmado por la red de televisión de alcance nacional "UNITEL" participando en un linchamiento. La victima se encontraba semi desnuda al lado de una fogata, implorando por su vida y el concejal municipal consultaba sobre su destino con los vecinos. Cuando la policía llego fue recibida con piedras pero finalmente rescató al linchado. [37] De la cruz ha sido reiteradamente denunciado por extorsionar a dueños de locales públicos del Alto y por diferentes actos de corrupción pero no ha sido procesado por este intento de linchamiento.

- El 25 de mayo de 2007, en Incahuasi, Chuquisaca, una mujer fue linchada.[38]

- El 7 de junio de 2007, en Tarapacá, ciudad del Alto, un hombre de 26 años se salvó de ser linchado gracias a la oportuna labor de la policía que logro rescatarlo. Fue sindicado de robar medidores de luz acusaciones que el negó. [39]

- El 11 de Junio de 2007 en Azidumarca, Cochabamba dos jóvenes estudiantes de secundaria fueron confundidos por delincuentes y salvajemente golpeados. Luís Choque Quisbert (16) murió en el acto y Moisés Cachi Tenorio (17) sobrevivió con quemaduras de primer y segundo grado y murió días después. [40] [41]

- El 20 de junio de 2007, en nuevos horizontes, El Alto, un hombre fue torturado durante dos horas y luego linchado tras ser atrapado intentando robar una casa. La policía intentó rescatarlo pero la turba les impidió el paso.[42]

- El 2 de julio de 2007. en La Maica, Cochabamba se produjo un intento de linchamiento de dos jóvenes acusados de robo de ganado .La intervención de la policía evitó que ambos fueran quemados vivos luego de haber sido golpeados. La policía arrestó luego a los linchados [43][44]

- El 19 de agosto de 2007, en villa Yunguyo, El Alto, un hombre fue linchado luego de ser descubierto asaltando a un taxi. Fue maniatado y golpeado a puños y palos durante horas por una furiosa turba. Sus cómplices escaparon. Se desconoce el paradero de Sofía Aduviri Quispe, la mujer cómplice del fallido atraco, que durante el linchamiento del presunto atracador fue golpeada por la turba enardecida, que pedía que ella también fuera quemada [45]

- El 20 de Agosto de 2007, en Capinota, Cochabamba, Miguel Romero y Guillermo Sanja, además de dos menores de edad se salvaron de ser linchados gracias a la intervención de la Policía. [46]

- En fecha no precisada, en el ayllu Chullpa, en el norte de Potosí, se registró un asesinato donde intervino la Fiscalía. El supuesto asesino, fue llevado ante la justicia y, una vez anoticiada la población, tomó la oficina de la Policía de Llallagua. El fiscal Tifón Romero informó que la comunidad, logró atrapar al supuesto asesino a pesar de los intentos por impedirlo. Lo sacaron de la Policía y le aplicaron “justicia comunitaria” y le prendieron fuego. Trató de huir como una antorcha humana. Llegó hasta la tranca y lo volvieron a agarrar y le ahorcaron según testigos.[47]

- Fue reportado que en la comunidad de Humanata un hombre fue sorprendido robando como consecuencia de lo cual los campesinos decidieron aplicar la “justicia comunitaria” y, luego de arrastrarlo por lo menos unos 500 metros, lo colgaron en un puente, informó el fiscal de El Alto, Gregorio Blanco. El cuerpo del hombre fue enterrado en los propios terrenos de su madre. Los familiares denunciaron al caso ante las autoridades y se inició una investigación que tropezó con un hermético silencio de los comunarios. El hecho sucedió el 2004 y hasta el momento el caso prosigue en etapa de investigación, explicó el fiscal.[48]

- El 4 de septiembre de 2007 en Challapata, Oruro, 5 presuntos ladrones fueron rescatados por la policía y el ejército luego de ser golpeados por una turba que intentó quemarlos. [49]

- El 23 de septiembre de 2007 en el barrio Los Ángeles de la Villa Primero de Mayo en Santa cruz de la Sierra, Alfredo Villarroel Soruco (18) fue acusado de robar gallinas y golpeado hasta quedar malherido. El joven falleció tres días después en el hospital Japonés.[50]

- El 29 de septiembre de 2007 en ciudad del Alto, una pareja de jóvenes y un ciudadano peruano, acusados de atraco, fueron golpeados y casi quemados por vecinos en la zona Senkata 69 y en la carretera a Viacha, respectivamente. [51][52]

- En día no precisado del mes de septiembre de 2007, David Coronado Loayza (23) fue linchado en Santa Cruz de la Sierra. José Luís Villagomez fue dejado en estado de coma por la misma turba.[53]

- El Primero de Octubre de 2007, en San Miguel, Oruro Jorge Sandoval Andia, 50, fue quemado vivo por los vecinos de la urbanización San Miguel de Oruro porque presuntamente fue encontrado robando en un domicilio particular.[54] [55]

- El 2 de Octubre de 2007 fue reportado que los comunarios de Charazani, en el Departamento de la Paz, detuvieron a cuatro presuntos ladrones y amenazaban con aplicarles “Justicia Comunitaria”, ante la ausencia del fiscal que se encontraba enfermo habiendo uno de ellos desaparecido. [56]

- El 11 de Octubre de 2007 El policía Luís Nina, de 20 años, murió en la zona de Villa Tunari de El Alto cuando los vecinos lo confundieron con un delincuente.[57] [58]

- El 19 de Octubre de 2007 una familia compuesta de David Padilla, Omar Padilla, Rolando Padilla y Jorge Rocha fue golpeada por pobladores de Melga, Cochabamba al ser confundida con ladrones. La turba quemó el automóvil y los cuatro lograron ser rescatados por la Policía. Ningún poblador levantó cargos contra la familia, según el reporte policial.[59][60]

- El 28 de Octubre de 2007 en Villa San Andrés, Cochabamba y en la zona Atahuallpa, Cochabamba se produjeron dos intentos de linchamiento que fueron evitados por la intervención de la Policía. [61]

- El 2 de Diciembre de 2007, en la zona de Catachila Baja de Sacaba (Cochabamba), Jesús Elmer López,19, murió linchado luego de que los vecinos lo confundieron con un ladrón.[62] Antes de ser colgado de un poste el joven fue torturado por una turba de 200 personas. Cuando la policía llegó al lugar fue obligada a pedir refuerzos por que los comunarios amenazaron con lincharlos a ellos también. [63]

- El 2 de Diciembre de 2007, en la zona de San Silvestre, Ciudad del Alto tres ciudadanos cuya vehiculo se había descompuesto, se salvaron de ser linchados gracias a la oportuna intervención de la Policía. [64]

- El 5 de Diciembre de 2007, en Villa Adriani, Ciudad de El Alto, 4 presuntos ladrones fueron linchados y quemados dentro del vehiculo en el que intentaban fugar luego de presuntamente protagonizar un asalto. Una turba de aproximadamente cien individuos los golpeó y luego prendió fuego al vehiculo. [65]

- El 7 de diciembre de 2007 la policía de la ciudad del Alto reportó que tuvo conocimiento oficial de que este año se registraron 30 intentos de linchamiento en diferentes zonas de esa ciudad, en los que 11 personas murieron.[66]

- El 11 de Enero de 2008, en Ivirgarzama, Chapare, dos presuntos ladrones fueron capturados por una turba de cocaleros. Tras golpearlos fueron quemados, provocando la muerte de Reynaldo Castro Salvatierra, 23, y causando serias lesiones en la segunda persona, Jesús Mendoza, que fue evacuada al hospital Viedma de la ciudad de Cochabamba por la policía falleciendo posteriormente. El vice ministro de justicia Wilfredo Chávez, justificó las acciones de la turba, debido a las “falencias del sistema penal”.[67] [68]

- Entre el 13 y 14 de Enero de 2008, en Senda 6, Chapare, Rolando Gira, 40, fue acusado de robar una vivienda, flagelado durante varias horas con las manos atadas y finalmente asfixiado presumiblemente con una bolsa. La policía intentó intervenir pero desistió al ser rebasada por la turba. Los reportes dan cuenta que la victima intentó pedir misericordia hasta el ultimo momento. [69] [70] El Periódico Los Tiempos menciona otro ajusticiamiento similar ocurrido “a principios de enero” de 2008, en Entre Ríos, Chapare. [71]

- Entre el 20 y el 21 de Febrero de 2008 dos personas fueron linchadas en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. Mauricio Salvatierra Arredondo (21) murió a consecuencia de los golpes de la turba , mientras que Bergman Arturo Bravo Barbery (20) fue rescatado en estado gravísimo.[72]

- El 20 de Febrero de 2008 en Arani, Cochabamba, una turba cercó el juzgado de ese municipio para impedir la liberación de dos sospechosos de perpetrar robos en domicilios. La muchedumbre que se concentró fuera de la oficina de justicia se exaltó al caer la noche, debido a que un grupo radical pretendía lincharlos. La policía intervino y rescató a los presos.[73]

- El 21 de febrero de 2008 en Yapacaní, Santa Cruz unas 70 personas lincharon a Guido Enríquez Vargas (28) quien salvó la vida gracias a la intervención del corregidor de Yapacaní, Héctor Mena, quien logró convencerlos para que entreguen al sujeto a la Policía.[74]

- El 26 de Febrero de 2008, En Epizana, Cochabamba, una turba linchó a los policías sargento segundo Willy Álvarez Cuevas ( 34 ), el cabo Wálter Ávila Fernández (edad no precisada) y el policía Eloy Vidal Yupanqui Flores ( 29), al grito de “Justicia comunitaria” y ”somos del MAS “, según varios testigos.[75] Antes de ahorcarlos las victimas fueron sometidas a brutales torturas incluyendo que se les sopó en agua hirviente y que se les arrojó de un segundo piso. Periodistas que llegaron al lugar también fueron salvajemente golpeados.[76]

- El 28 de febrero de 2008, en la puerta del Congreso de la Nación y en presencia de la policía dos parlamentarias opositoras Ninoska lazarte y Marisol Aban, fueron brutalmente agredidas y golpeadas por turbas de campesinos promovidos por el gobierno. [77]

- El 5 de marzo de 2008, en Pasankeri, La Paz, dos presuntos ladrones estuvieron a punto de ser linchados. [78]

- El 11 de marzo de 2008, en Sipe Sipe, Cochabamba, un presunto ladrón de 15 años de edad se salvó de ser linchado. [79]

- En San Julián, Santa Cruz de la Sierra, el 8 de Marzo de 2008 se produjo el linchamiento de un hombre de aproximadamente 25 años. Fue torturado en la plazo principal de la localidad. En esa misma edición el diario La Razón cita al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Adolfo Espinoza quien señala que “entre enero y febrero del 2008 se registraron 40 casos, 29 fueron intentos de linchamiento y 11 se consumaron. De esas muertes, nueve se produjeron en Cochabamba y dos en Santa Cruz. Sumado el deceso de ayer serían 41 linchamientos. El año pasado, en todo el país, la FELCC atendió 57 casos, entre intentos de linchamiento y ajusticiamientos consumados.[80]

- El 25 de marzo de 2008 en la ciudad de Cochabamba una pareja de presuntos ladrones, Celso Terrazas (40) y Luz Andrea Cruz (30), fueron golpeados por vecinos de la zona de Ushpa Ushpa, al sur de la urbe, cuando pretendían ingresar a una vivienda presuntamente para robar. La Policía rescató a los linchados.[81]

- El 29 de marzo de 2008, el periodista Carlos Quispe Quispe de la radio municipal de Pucarani, la Paz, murió de las secuelas de una feroz golpiza propinada por una turba que atacó el medio de comunicación el 27 de marzo de 2008.[82] [83]

- El 1 ero de mayo de 2008, se produjeron dos intentos de linchamiento en nuevos horizontes y huayana potosí, ciudad del alto. En uno de los casos los linchados fueron quemados sufriendo heridas de consideración hasta que fueron rescatados por la policía.[84]

- El 7 de mayo de 2008, en Villa Fátima, ciudad de La Paz, el comandante departamental de la policía Víctor Hugo Escobar en persona tuvo que negociar parea evitar que dos mujeres acusadas de robar coca sean linchadas por una turba de cocaleros quienes las golpearon salvajemente, luego de lo cual les cortaron el pelo y procedieron a quemarlas. El hecho ocurrió en la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en La Paz[85]

- El 16 de mayo de 2008, en el barrio Kanata, ciudad de Cochabamba, un joven fue lapidado a muerte por una turba luego de haberse visto implicado en un asalto a un residente de la zona.[86]

- En mayo de 2008 fueron reportadas 25 agresiones significativas a medios de comunicación y periodistas ocurridas en seis meses en todo el país por grupos ligados al gobierno del MAS incluyendo varios intentos de linchamiento.[87]

- El 2 de junio de 2008, el gobierno secuestró en Sucre sin acusación ni proceso al dirigente opositor Roberto Sandoval y lo trasladó ilegalmente a la ciudad de el alto, La Paz. Luego convocó a una turba que amedrentó al detenido exigiendo su linchamiento, en un caso de explicita utilización de la turba como instrumento de amedrentamiento y amenaza política. Cuando un juez lo liberó por falta de pruebas tuvo que escapar disfrazado por la puerta trasera[88]

- El 19 de junio de 2008, efectivos de la Patrulla Caminera evitaron el linchamiento de tres personas en Bombeo, Cochabamba.[89]

- El 30 de junio de 2008, en Bulo Bulo, Cochabamba, un presunto ladrón fue maniatado por una turba que luego de golpearlo salvajemente procedió a rociarlo con gasolina y quemarlo vivo. Trasladado aun con vida por la policía murió en el camino con 80% de su cuerpo quemado.[90]

- El 21 de julio de 2008, en el sindicato Ingavi, Chimoré, Cochabamba, una turba golpeó, ahogó y enterró a Édgar Vargas (23), Fernando Vargas (28) y Carlos Salvatierra López (41) luego de someterlos a una bestial golpiza.[91]

- El 20 de agosto de 2008, en Sacabamba, Cochabamba, una feroz turba de aproximadamente 600 personas, armados de palos, piedras y machetes lincharon a tres jóvenes acusados de robo, asesinando a Jorge Flores Velarde (23) David Alanez Franciscano (16) y Daniel Quispe (25). [92] Los comunarios se negaron a entregar un cadáver a la policía, exigiendo la firma de un convenio en el que los familiares de las víctimas se comprometan a desistir de cualquier apertura de proceso[93], objetivo que fue logrado en el caso de dos de las tres familias.[94]

- El 20 de agosto de 2008, en la zona de Villa Urkupiña, al suroeste de la ciudad de Cochabamba, la policía rescató a tres mujeres acusadas de robar obvejas. Cuando el esposo de una de ellas intentó recatarla en su vehiculo, el mismo fue destrozado por la turba. [95]




“JUSTICIA” O REFLEJO POLÍTICO?


Algunas autoridades del gobierno, aunque no todas, niegan que estos casos sean atribuibles a la “justicia comunitaria”, con la misma lógica según la cual repiten que “coca no es cocaína” o asumen posiciones radicales y anómalas en una variedad de temas. Sin embargo los perpetradores de los hechos son a menudo explícitos sobre la base “comunitaria” de sus acciones.

En la perspectiva oficial, no obstante, “la justicia comunitaria es mucho mas transparente que la ordinaria”[96] como lo declaraba la ex ministra de justicia de Evo Morales, Casimira Rodríguez. En muchos casos, las justificaciones y métodos se asemejan a los que ocurren en lugares gobernados por el fundamentalismo islámico, alegándose con frecuencia que se ejecutan por la falta de acceso a la justicia convencional.

La recurrencia de los casos revela que en Bolivia rige la pena de muerte, sin ley ni proceso, y al amparo de la denominada “justicia comunitaria”. Los chicotazos,[97] el destierro y la humillación pública como pedir perdón de rodillas ante cada miembro de una comunidad junto con otras prácticas violatorias de los derechos humanos también son frecuentes.

A pesar de que la constitución proscribe la pena de muerte dirigentes opositores como Felipe Quispe y del partido de gobierno como el diputado Hilario Callisaya admiten su practica en el contexto de la “justicia comunitaria” e incluso la justifican como el Vice ministro de “justicia comunitaria” Valentín Ticona,[98] explicando en detalle procedimientos tales como la existencia de “dos perdones antes que se aplique la pena de muerte,” [99] [100]y admitiendo que “hay algunos comunarios que a título de Justicia Comunitaria hacen cosas que no deben hacer “, y que “es evidente que se dan casos de castigos exagerados en la Justicia Comunitaria, pero esto sucede porque algunos comunarios no respetan las normas “[101]

Incluso en estudios académicos, con numerosas referencias bibliográficas e investigaciones densas, que pretenden hacer una cuasi una apología de la “justicia comunitaria” se describe muy claramente la vigencia de de la pena de muerte y tratos degradantes y crueles.

En la Ley del Ayllu[102], por ejemplo, un extenso trabajo producido y editado por el PIEB[103] el investigador Marcelo Fernández describe: “Es casi una constante escuchar sobre la aplicación de la pena de muerte en el contexto indígena. Generalmente, estos sucesos han sido leídos desde el mundo no indígena como “linchamiento”, cuando en realidad se trata de la aplicación de la pena máxima frente a acciones como el robo, la mentira política (SIC), el asesinato, el adulterio etc.”[104]

Otros se empeñan en sostener rotundamente que los casos de linchamiento no son justicia comunitaria, pero la realidad se encarga de demostrar lo contrario.[105]Las autoridades policiales afirman que es muy difícil iniciar procedimientos judiciales en contra de los linchadores, porque entre la población se ha impuesto la “ley del silencio” y, por lo tanto, nadie ha visto nada, nadie ha oído nada y, nadie dice nada a pesar de que en no pocos casos los hechos han ocurrido frente a las cámaras de televisión. Por otro lado, no se conoce de ningún caso de linchamiento que haya sido procesado, o siquiera investigado menos sancionado por la supuesta “Justicia Comunitaria”.

Estos hechos son una de las múltiples consecuencias de la lógica de odio racial y de supuesta “democracia étnica” que pretende enraizar un sistema primitivo, esencialmente tribal, que el señor Morales busca imponer en Bolivia, gracias a la masiva inyección de recursos por parte del estado venezolano mediante la sistemática y abierta intromisión de Hugo Chávez, y el apoyo y asesoramiento político y de inteligencia por parte del régimen cubano. La logística técnica, comunicacional y el apoyo financiero de los movimientos antiglobalizacion y ONG s de Europa y Estados Unidos es también un pilar fundamental para su gobierno, quedando abierta la pregunta sobre si los donantes de estas organizaciones conocen de la magnitud de los hechos que promueve Morales en Bolivia.

Contrariamente a lo que el repite incansablemente, Morales Ayma fue expulsado del parlamento boliviano en enero de 2000, no por encabezar protestas de campesinos pobres, ni siquiera por bloquear caminos lanzando dinamitas, mucho menos por una supuesta discriminación étnica ni nada que se le parezca.

Fue expulsado por haber sido implicado por testigos en el asesinato del Teniente David Andrade López y de su esposa Graciela Alfaro Rada, secuestrados, torturados y asesinados por una turba cocalera el 25 de septiembre de 2000, [106] [107]en condiciones muy similares a los otros casos de “justicia comunitaria” así como las desapariciones y muerte de los militares Juan Lazarte Alvarado, Julio Veramendi Torrico y de los policías Silvano Arroyo y Gabriel Chambi crímenes que, como todos los cometidos por sospechosos cocaleros, Morales nunca condenó, ni criticó.[108].[109]

En esos crímenes fueron pública y reiteradamente implicadas por varios testigos, el propio Evo Morales, la actual senadora del MAS Leonilda Zurita, a quien los Estados Unidos le negó la visa de ingreso[110] supuestamente por esta razón, y la asambleísta Margarita Terán[111] [112] [113].En los enfrentamientos de Cochabamba en enero de 2006 Zurita fue filmada repartiendo alimentos de donación a los cocaleros que incendiaron la prefectura, eventos en los que hubo dos muertos y decenas de heridos.

Durante la campaña electoral de 2005, que precedió a las elecciones en las que Morales obtuvo un contundente triunfo, todos los representantes de los otros partidos políticos fueron sencillamente vetados de hacer proselitismo en casi todas la áreas rurales del altiplano boliviano bajo amenaza de que si se hacían presentes, se les aplicaría “justicia comunitaria”[114]en otras palabras serian linchados.

El uso de la”justicia comunitaria” ha sido la base de amenazas[115] y acciones de hecho como el incendio de la Prefectura de Cochabamba en enero de 2006, y los bloqueos de marzo del mismo año, lo que generó enfrentamientos que causaron dos muertos y decenas de heridos y ha sido incluso utilizada como argumento para amedrentar a medios de comunicación importantes como el matutino La Razón.[116], y a los ejecutivos de Línea Aérea nacional (LAB)[117]

En la perspectiva del MAS, el objetivo es reemplazar la justicia ordinaria por la comunitaria, luego de una etapa en la que ambas estén en el mismo nivel constitucional jerárquico.[118] Esto ha generado un debate de posiciones encontradas entre los partidarios de esta visión a todas luces radical y los que propician una conciliación entre las dos formas de justicias, aun si, dada la visión del MAS según la cual hay 36 “naciones” dentro de Bolivia, tengan que constitucionalizarse 36 formas de justicia.[119]

Para los defensores de la justicia comunitaria, las iniciativas como las presentadas por el tribunal constitucional a la asamblea constituyente y según las cuales la justicia comunitaria podría coexistir con la ordinaria “siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales del ser humano” no son aceptables ya que, entre otras supuestas ventajas, la justicia comunitaria es una forma “rápida de encontrar soluciones, de juzgamiento inmediato”[120] Ello no es de extrañarse si el acusado no tiene ni siquiera derecho a la defensa.

A principios de año 2007 el ejecutivo envió, de hecho, un proyecto de ley para evitar que las acciones de la justicia comunitaria puedan ser objeto de procesamiento en la justicia ordinaria y que la justicia comunitaria sea aplicable en “todos los delitos”, planteamiento que generó duras críticas.[121] [122] En el mismo se sostiene que las decisiones asumidas por las autoridades indígenas serán "de orden público y cumplimiento obligatorio, (...) y no podrán ser sometidas posteriormente ni siquiera a "conocimiento" de ninguna autoridad judicial ni administrativa".[123]


DETERMINANDO QUIEN VIVE MEDIANTE LA HOJA DE COCA

El propio Evo Morales ha recalcado en reiteras oportunidades su preferencia por la justicia comunitaria [124] [125]entre cuyas características “procedimentales” esta la “consulta a la hoja de coca” y otros rituales para determinar responsabilidades, la no existencia del derecho a la defensa o a la apelación, y el hecho de que las autoridades asumen simultáneamente el rol de fiscales, jueces, policías y verdugos, [126] [127] así como la inusitada crueldad sicológica y física en los castigos.

En algunos casos, el “proceso” concluye en la victimacion del acusado y en otros como este clásico caso descrito en el periódico La Prensa un supuesto homicidio es resuelto con una multa pecuniaria luego de una inusual “investigación” [128] :

“En febrero del año pasado, un hombre murió con un cuchillo en la espalda cerca del lago Titicaca. El principal sospechoso fue a parar ante la autoridad de su ayllu. Se organizó una asamblea comunitaria, donde negó haber cometido tal crimen. Lo llevaron al camposanto del poblado. Encendieron un brasero, echaron allá incienso, mascaron coca y rociaron con alcohol. Se encomendaron a las deidades cósmicas. El acusado insistió en que era inocente. Le pusieron una cruz delante y un manto negro con sal que le hicieron pisar.. Le dieron al acusado seis chicotazos y le insistieron en que dijera la verdad. Al final, lo enterraron hasta la cintura y lo dejaron en el cementerio hasta el día siguiente. Entonces, admitió haber matado y acabó pagando a la viuda.”.

En otros casos, la pena es de una inusual casi inverosímil, crueldad tanto para los acusados como para sus padres, y el castigo es máximo por tratarse de un robo, muy a menudo considerado mas grave que un homicidio

“En la comunidad Chiyaraki, dos hermanos que se dedicaban al robo de ganado mayor y otros bienes fueron sometidos a la pena máxima por la justicia mayor del juntu jaqi, después de una prolija averiguación y proceso judicial. Fueron obligados a ingerir “folidol” (insecticida) servido por su propia madre. Una norma casi generalizada en la aplicación de este tipo de sanciones es la participación de los padres , en la ejecución de la sanción, constituyéndose ello en su castigo por haber fallado (SIC) en su mas importante misión : la educación de los hijos en las normas de la comunidad” [129]

Otro relatos sobre los mecanismos de investigación y sanción de de la administración de “justicia comunitaria” a la que sus defensores el atribuyen los rasgos de “oral, plural, gratuita, pública, preventiva y reparadora “[130]:

“Anacleto Aranda, fue expulsado de su comunidad, luego de haber vivido 40 años en ella y su tierra confiscada bajo la acusación de haber provocado un incendio. El caso fue atendido bajo “justicia comunitaria”. y el diputado del MAS, Filemón Aruni, defendió esta situación afirmando que “en los usos y costumbres de las comunidades está la expulsión si una persona no cumple con la función social”. El 17 de diciembre de 2006, Aranda fue atacado “Me han agarrado, incluso disparando armas, me patearon. Me llevaron a mi casa, me echaron con orina. Han destrozado mi casa y me bajaron a Caranavi a la oficina de Colonizadores. Estaban amarradas mis manos y con muchos golpes. Pude escapar de milagro. Mi esposa había ido a tocar la puerta de la Fiscalía, la Policía y nadie hizo nada. Harta gente es, nosotros no podemos, dijeron” [131] [132]Hoy deambula en la ciudad de la Paz, viviendo de la caridad.

La “tecnología de la lectura de la hoja de coca” es descrita aquí:

(Luego de una oleada de robos) “Los comunarios se ocuparon de las averiguaciones, recurriendo a sus propias tecnologías como la consulta a la hoja de coca, hasta dar con el autor del delito. Como parte del proceso se procedió al allanamiento de domicilio del sospechoso donde encontraron sinnúmero de objetos robados. El proceso estaba en marcha, hasta que el cuerpo deliberante de la asamblea general concluyó con el dictamen de la aplicación de la pena de muerte como sanción. (…) El condenado fue obligado a presentarse ante los comunarios, con el argumento de devolver lo robado y explicar su conducta. Durante su traslado a la comunidad, pasaron por caminos muy accidentados, barrancos y precipicios y el, conocedor de la suerte que iba a correr, prefirió arrojarse al precipicio, abreviando de este modo la aplicación de la pena capital y librar del enlodamiento al honor de su familia. Se dice que la parentela recibió la noticia con mucho regocijo, diciendo :; que suerte que haya muerto walixay kalltjchij pues la decisión, además de contribuir al cumplimiento de las normas en la región, pudo liberar a la comunidad de posibles estereotipos. Su cuerpo fue enterrado en el mismo lugar donde cayó, también a modo de castigo entendiéndose que aun muerto su espíritu debía recibir la sanción de la ley comunaria” [133]

En este otro caso, se vuelve a reconfirmar, por si existiese alguna duda sobre la evidencia escrita de la vigencia de la pena capital en la “justicia comunitaria”

“José M.L. fue expulsado de su comunidad por decisión del jilakata (autoridad indígena) y en castigo por haber peleado con otro poblador, ambos se causaron lesiones, pero su oponente tenía relación amistosa con la autoridad. Primero le cortaron el agua con que regaba sus sembradíos y luego lo expulsaron, sin un proceso ante la comunidad según relató el abogado Liborio Uño Acebo, de la Universidad Mayor de San Andrés. Según el especialista, se sabe de pocos casos en los que la justicia comunitaria sea imparcial, y no existe un ente que pueda revertir la situación. “En las sanciones para los delitos mayores están los azotes, aunque ésta es una herencia española, también había azotes en el sistema incaico; por robar, 100 azotes, que son un quintal, y 25 son una arroba. En el derecho comunal reaplica esa herencia”.La justicia indígena u originaria emite sanciones que van desde el reparo de un daño hasta el azote e incluso la muerte, según Uño y los representantes de comunidades indígenas de las tierras altas y bajas, quienes participan del foro Justicia Comunitaria en la nueva Constitución Política, impulsado por la Red Participación y Justicia.” [134]

En el Perú, en la frontera con Bolivia, este caso ocurrido a mediados del mes de agosto de 2007, reproducido en el Diario el Deber de Santa cruz de la Sierra que cita al Comercio de Lima y que ilustra como pocos, las características de la “ justicia comunitaria”, sus monstruosas vicisitudes, y lo propiamente diabólico de la turba haciendo “justicia” y la incorporación del padre del acusado confirmando lo citado por otras fuentes :

“Miembros de doce comunidades campesinas de la provincia de Huancané, próxima al lago Titicaca, juzgaron sumariamente y condenaron a muerte a Gary Parisuaña, de 17 años, por asesinar a golpes junto a otro menor de 15 años, a los hermanos Benigno y Remigio Yucra y robarles dos toros el pasado miércoles. Los presuntos asesinos fueron reconocidos y capturados el jueves pasado por un grupo de pobladores de la comunidad de Patascachi, en Huancané, cuando pretendían vender el ganado robado en un mercado de la zona, según El Comercio. Tras ser torturados por una multitud de campesinos, los dos adolescentes reconocieron formar parte de una banda de cuatreros dirigida por Parisuaña y admitieron haber asesinado a siete personas para robar su ganado y otros objetos de valor, en diversos incidentes cuyas fechas no fueron precisadas. La muerte de Parisuaña fue ejecutada el domingo por su padre, forzado por los cerca de 3.000 pobladores de la región que se acercaron a Patascachi para participar en el linchamiento. El otro joven capturado fue salvado de la muerte por algunos dirigentes comunales, que sin embargo no pudieron evitar que fuera azotado en público como castigo. Versiones de los lugareños indican que Parisuaña había sido detenido con anterioridad y entregado a la policía de la región, pero un fiscal ordenó su liberación, lo que ocasionó descontento y amenazas de ajusticiamiento popular. Pese a que desde primera hora de la mañana del jueves se sabía que el joven había sido retenido por la población de Patascachi, ni la policía ni el gobernador del distrito se presentaron en la zona para evitar el linchamiento, de acuerdo con El Comercio.” [135]

Sin duda que la larga y traumática historia de los pueblos de Bolivia explica en mucho los intrincados mecanismos de percepciones superpuestas sobre la justicia ordinaria y la exigencia para que hayan cambios que permitan encontrar soluciones que la vuelvan mas eficiente, pero nada justifica los hechos de salvajismo que a titulo de “justicia comunitaria” se están dando hoy en Bolivia, sin que merezcan investigaciones ni sanciones sino aprobación por parte del gobierno de Evo Morales y su Partido.

En la perspectiva de quienes se oponen a esta modalidad de “justicia” su revalorizacion en la nueva constitución significaría entre otras cosas, violar principios jurídicos universalmente aceptados - que cuesta creer que estén siendo cuestionados- como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, así como acuerdos internacionales suscritos por el estado boliviano como el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. [136]

En un informe especifico sobre esta tematica, la Human Rights Foundation, con sede en Nueva York


CONCLUSIÓN

Luego de los linchamientos de Epizana, departamento de Cochabamba, ocurridos en febrero de 2008, donde tres policías fueron alevosamente torturados durantes horas y asesinados por una feroz turba, los medios de comunicación de Bolivia y del extranjero así como la opinión publica boliviana y sectores de la Iglesia Católica, Iglesias evangélicas, y Organismos Internacionales de derechos humanos empezaron a sensibilizarse sobre esta temática y a intentar promover acciones destinadas a frenar los linchamientos.

No deja de ser extraordinariamente preocupante, no obstante, que el gobierno de Bolivia no haya tomado ninguna acción real destinada a intentar frenar estos hechos, amen de hacer reiteradas declaraciones por parte de algunos ministros, desmintiendo que estos hechos entren en la categoría de “justicia comunitaria”, debate que, si no insulso puede ser postergado hasta el momento en que se definan políticas publicas que impidan estos hechos. Lo urgente desde el punto de vista humano, lo jurídicamente obvio y lo moralmente urgente no es debatir la tipología socio antropológica de estos hechos, es hacer algo al respecto.

El Presidente de Bolivia que realiza largas y frecuentes, prácticamente cotidianas apariciones publicas sobre una infinidad de temas podía, por ejemplo, perfectamente haber hecho una exhortación a que los campesinos y habitantes de las áreas donde los linchamientos so frecuentes, para que dejen de hacerlo, o sean sometidos a proceso por estos crímenes, pero sencillamente optó por el mas estridente silencio, a pesar de que medios de comunicación pidieron que lo hiciera.[137] Varios de sus voceros, se dedicaron en vez de ello a descalificar[138] a las organizaciones que llamaron la atención sobre el tema.

Ello no de extrañarse puesto que, en base a la evidencia descrita se puede sostener la hipótesis de que el aumento en la frecuencia del fenómeno de los linchamientos es, por lo menos en parte, consecuencia del discurso, la práctica y la lógica política del gobierno actual para quien la exacerbación de las tensiones, económicas, culturales, étnicas y regionales parece ser una irresponsable prioridad. Hasta hace poco, el vicepresidente García Linera, un obsesionado con la segmentación racial y la exaltación de la diferencia, propugnaba la teoría de la “forma muchedumbre “[139] como estado paralelo y la turba como administradora de justicia parece haber asimilado los dislates seudo teóricos de esta índole, ejemplificando lo asombrosamente peligroso que puede ser diseminar ideas disparatadas en situaciones de tensión e incertidumbre.

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REFERENCIAS



[1] http://www.youtube.com/watch?v=3St-K9KdN90
[2] Agencia boliviana de Información /22 noviembre/2007
[3] Infobae.com/ Radio 10
[4] El Diario exterior. com. 17 de abril de 2007
[5] Los Tiempos 6 de noviembre 2006
[6] La Razón 23 de noviembre de 2005
[7] La Razón, 14 de marzo de 2006
[8] La Razón 24 de marzo 2006
[9] http://www.payer.de/bolivien2/bolivien0229.htm
[10] Los Tiempos 26 de julio 2006
[11] La Razón 29 de junio de 2006
[12] El Deber 17 de septiembre 2006
[13] La Razón 13 de Octubre de 2006
[14] EL Deber, 3 de noviembre 2006
[15] Los Tiempos, 6 de Diciembre de 2006
[16] La Razón, 19 de marzo de 2007
[17] La Razón 27 de diciembre de 2005
[18] Los Tiempos 24 de enero 2007
[19] Los tiempos 15 de agosto 2007
[20] Los Tiempos 12 de enero 2007
[21] Los Tiempos 5 de marzo 2007
[22] La Razón, 6 de Enero de 2007
[23] El Deber 5 de Enero 2007
[24] La Razón 17 de enero de 2007
[25] La Prensa 27 de enero 2007
[26] Los Tiempos 16 de junio 2004
[27] La Razón 24 de Enero de 2007
[28] La Razón, 6 de marzo de 2007
[29] La Razón 10 de marzo de 2007
[30] La Razón, 3 de marzo de 2007.
[31] Los Tiempos 7 de marzo 2007
[32] La Prensa 13 de marzo de 2007
[33] La Razón, 30 de marzo de 2007
[34] La Razón 19 de marzo de 2006
[35] La Razón, 12 de abril de 2007
[36] La Razón, 19 de abril de 2007
[37] La Razón, 18 de abril de 2007
[38] La Razón 25 de mayo de 2007.
[39] La Prensa, 8 de junio de 2007
[40] El Deber, 12 de junio 2007
[41] Los Tiempos 28 de julio 2007
[42] La Razón 20 de junio de 2007
[43] Opinión 3 de Julio de 2007
[44] Los Tiempos 4 de Julio 2007
[45] El deber, 19 de agosto 2007
[46] Los Tiempos 21 de Agosto 2007
[47] La Razón, 19 de marzo de 2007
[48] La Razón, 19 de marzo de 2007
[49] Correo del Sur, 6 de septiembre 2007
[50] El Deber, 29 de septiembre 2007
[51] La Prensa 2 de Octubre 2007
[52] La Prensa 30 de Septiembre 2007
[53] El Deber 29 de septiembre 2007/http://www.eldeber.com.bo/rblog/enternauta/
[54] Correo del Sur, 2 de Octubre 2007
[55] Correo del Sur 3 de Octubre 2007
[56] El Potosí 2 de Octubre 2007
[57] La Razón 6 de Diciembre 2007
[58] El Deber 14 de Octubre 2007
[59] Los Tiempos, 29 de Octubre 2007
[60] Los Tiempos 20 de Octubre 2007
[61] Los Tiempos 29 de octubre 2007
[62] La Razón 6 de diciembre 2007
[63] Los Tiempos 6 de Diciembre 2007
[64] La Razón 2 de Diciembre 2007
[65] La Razón 6 de Diciembre de 2007
[66] La Razón 7 de diciembre 2007
[67] La Razón, 11 de Enero de 2008
[68] Los Tiempos, 11 de Enero de 2008
[69] Los Tiempos 16 de Enero de 2008
[70] Cf Articulo de Ricardo Paz La Razón, 21 de Enero 2008
[71] Los Tiempos, 16 de Enero de 2008
[72] La Prensa, El Deber, 22 de Febrero 2008
[73] La Prensa, El Deber, 22 de Febrero 2008
[74] La Prensa, El Deber, 22 de Febrero 2008
[75] La Razón, 28 de febrero 2008
[76] La Prensa, 27 de febrero 2008
[77] La Razón, 29 de febrero 2008
[78] La Razón/Red Uno 7 de marzo 2008
[79] FIDES/La Razón 12 de marzo 2008
[80] La Razón, 8 de marzo 2008
[81] La Razón, 25 de marzo 2008
[82] La Razón 21 de junio 2008
[83] La Razón 21 de abril 2008
[84] La Razón 1 ero de mayo 2008
[85] La Razón 7 de mayo 2008
[86] La Razón, 16 de mayo 2008
[87] La Razón, 6 de mayo 2008
[88] La Razón, junio 4 de 2008
[89] La Razón, 20 de junio de 2008
[90] La Prensa, 1 ero de julio 2008
[91] La Razón, 24 de julio de 2008
[92] La Razón 21 de agosto 2008
[93] La Razón 27 de agosto 2008
[94] La Razón 29 de agosto 2008
[95] La Razón 21 de agosto 2008
[96] http://argentina.indymedia.org/news/2006/07/422470.php
[97] La Razón 24 de mayo 2006
[98] La Razón 19 de marzo de 2007
[99] La Razón 7 de marzo 2007
[100] La Prensa, 14 de marzo 2007
[101] El Diario 18 de febrero 2007 Entrevista al Vice Ministro de “Justicia comunitaria”
[102] La Ley del Ayllu, Practica de jacha justicia (mayor) y jiska justicia (menor) menor en comunidades aymaras Marcelo Fernández Osco, colab. Guido Lozano Apaza, Oscar Rojas Buscó, Adrian Quispe Jarro, PIEB Imprenta Editorial offset Boliviana Ltda. La Paz 2000. 364 paginas.
[103] Programa de investigación estratégica en Bolivia
[104] La Ley del Ayllu, Practica de jacha justicia (mayor) y jiska justicia (menor) menor en comunidades aymaras Marcelo Fernández Osco, colab. Guido Lozano Apaza, Oscar Rojas Buscó, Adrian Quispe Jarro, PIEB Imprenta Editorial offset Boliviana Ltda.La Paz 2000. Pág.221
[105] La Razón 19 de enero de 2007
[106] Los tiempos 26 de febrero 2005
[107] Los tiempos 23 agosto 2003
[108] El nuevo DIA 29 de septiembre 2007/
[109] Para mayor detalles de la brutalidad cocalera cuando Morales era diputado Cf. http://www.payer.de/bolivien2/bolivien0229.htm
[110] La razón 24 de febrero 2006
[111] La Razón 25 de octubre 2000
[112] Comisión Andina de juristas http://www.cajpe.org.pe/cronolog/novbo4.htm
[113] Bolivia. com. http://www.bolivia.com/Sociedad/Sociedad_copia(10).htm
[114] Cipca Notas 153 Felipe Imaña Romero y Pascuala Villca 16 de mayo 2006.
[115] La Razón 20 de marzo 2007
[116] La Razón 8 de diciembre 2006
[117] Los Tiempos 26 de marzo 2006
[118] La Razón, 28 de junio de 2007
[119] La Prensa, 13 de marzo 2007
[120] La Razón, 10 de marzo 2007
[121] La Razón 2 de enero 2007
[122] La Razón 9 de enero de 2007
[123] Los Tiempos 7 de enero 2007
[124] La Razón, 23 de enero 2007
[125] Los Tiempos 8 de abril 2006
[126] La Razón 23 de enero 2007
[127] Cf. el artículo del prestigioso autor boliviano Pedro Shimoshe intitulado “Bolivia País de locos” en La Prensa 30 septiembre 2007
[128] La Prensa 26 de Febrer 2007
[129] La Ley del Ayllu, Practica de jacha justicia (mayor) y jiska justicia (menor) menor en comunidades aymaras Marcelo Fernández Osco, colab. Guido Lozano Apaza, Oscar Rojas Buscó, Adrian Quispe Jarro, PIEB Imprenta Editorial offset Boliviana Ltda.La Paz 2000. Pagina 222.
[130] El Diario 18 de febrero 2007
[131] La Razón 18 de febrero 2007
[132] El Deber 22 de febrero 2007
[133] La Ley del Ayllu, Practica de jacha justicia (mayor) y jiska justicia (menor) menor en comunidades aymaras Marcelo Fernández Osco, colab. Guido Lozano Apaza, Oscar Rojas Buscó, Adrian Quispe Jarro, PIEB Imprenta Editorial offset Boliviana Ltda.La Paz 2000 Pagina 223
[134] La Prensa 14 de marzo 2007
[135] El Deber, 27 de agosto de 2007
[136] La Razón 9 de enero de 2007
[137] Por ejemplo La Razón editorial del 28 de febrero 2008
[138] La Razón 7 de febrero 2008 cf. “ Izquierdos Humanos”
[139]http://www.diariocritico.com/bolivia/2008/Marzo/opinion/puka-reyesvilla/65804/puka-reyesvilla.html


* Luís Eduardo Siles es diplomado del Instituto de Ciencias Políticas de Burdeos y Magíster en Gestión y Políticas Publicas de la Universidad Católica Boliviana/Harvard Institute for Internacional Development. Fue miembro de la Comisión de derechos Humanos de la Cámara de diputados de Bolivia (1993-1997).