La muerte en usufructo

No se habían ni siquiera acabado de contar los muertos de Pando, que casi en el estilo de un relator deportivo, el solícito vocero Sacha Llorenti se apresuraba en repetir la línea gubernamental definida por García Linera, a quien sólo le falta una lira como acompañamiento: Lanzar terribles acusaciones sin pruebas, calificar a una autoridad elegida y reelegida varias veces en diferentes cargos, recientemente ratificada, de asesina, dar de alaridos de certezas, difamar sin clemencia por la objetividad ni indicios de dignidad por las familias de los fallecidos.

Sin que medie ni un atisbo de investigación, ni haya habido tiempo ni de instruir un peritaje, sin que nadie externo haya podido siquiera acercarse a Pando, mucho menos a la remota localidad en cuestión, sin ni siquiera registros periodísticos, con sola base en una parcialización descaradamente prejuiciosa, Llorenti sindicó con una brutalidad desconcertante.

Ni los normalmente locuaces ministros de Defensa o Gobierno se atrevieron a semejante despliegue de temeridad e insolencia, prefiriendo seguramente dejar esta innoble tarea al viceministro de “coordinación con los movimientos sociales” es decir quien, según denuncias, tendría a su cargo el reclutamiento de ciudadanos para cercar ciudades, bloquear caminos y desatar violencias.

Es la forma en que el populismo cocalero ha ido construyendo su anómala interpretación de la historia lejana y reciente de Bolivia. Generalizaciones abusivas, maniqueísmos burdos, letanías de bribonadas conceptuales que no resisten el menor análisis y sólo sirven a propósitos de propaganda y a la generación de odio. Así se construyeron los mitos que hoy envenenan el alma nacional, las mentiras que se toman como dogmas, así se ha llegado incluso a desatar una efervescencia de racismo que en Bolivia era marginal. Así, durante los dos años del gobierno de Evo Morales Ayma, ha muerto medio centenar de bolivianos, campesinos y citadinos, en enfrentamientos en todos los departamentos del país con la excepción de La Paz, donde el MAS tiene un holgado apoyo, en base a los muertos que, con las mismas tácticas y discursos, generó en febrero y octubre de 2003.

Los procesos judiciales nunca concluyeron o, como en Cochabamba, se llegó al extremo de que las investigaciones han condenado a los responsables de los asesinatos sólo de un lado y archivado el caso de los otros. A pesar de ello, lo que correspondería en Pando como en todos los casos, es que instancias internacionales serias investiguen en profundidad los hechos acaecidos para en base a sus conclusiones abrir procesos. Quedará para la historia la tarea de determinar la responsabilidad que en esta trágica espiral de muerte tiene el discurso descontrolado de desequilibrados en función de presidentes como Hugo Chávez.

Las acusaciones sin que medie una investigación sólo pueden provenir de quienes antes que funcionarios públicos actúan como irresponsables y criminales agitadores, pasibles a ese titulo también de ser enjuiciados. Quienes politizaron sin escrúpulos los derechos humanos e hicieron una carrera alrededor de la desgracia ajena, generando muertos para después poder desenterrarlos y acusar con vileza. Quienes nunca dejan pasar una oportunidad de sacarle provecho político al dolor y la sangre