El Fin del Bonosol ?

 

El anuncio del gobierno de reducir el número de beneficiarios del Bono Dignidad —hijo putativo del Bonosol— ha generado preocupación entre la población de la tercera edad. Este beneficio universal, establecido para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, representa un apoyo esencial en un país donde las políticas sociales hacia este sector han sido casi inexistentes.

El Bonosol, aprobado en 1996 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y el MNR, fue concebido como un modelo de redistribución que vinculaba los ingresos de las empresas capitalizadas con el bienestar de los adultos mayores. Este programa sentó las bases para el Bono Dignidad, implementado por el MAS en 2007. Sin embargo, el mismo partido que lo reforzó ahora parece querer destruirlo, utilizando como excusa la disminución de recursos, aunque el verdadero problema es la mala gestión, el despilfarro de ingresos públicos y la desinversión en el sector hidrocarburífero.

En muchas partes del país, la realidad de los adultos mayores es desgarradora. Miles viven solos, abandonados por hijos que emigraron a las ciudades o al extranjero. Con problemas de salud y sin ingresos constantes, muchos enfrentan inviernos envueltos en harapos y sobreviven con una dieta básica, esperando el Bono Dignidad como su único ingreso. En Bolivia, más del 40% de los adultos mayores vive en situación de pobreza, y el bono de 350 bolivianos mensuales (aproximadamente 50 dólares) es muchas veces lo único que les separa del hambre. Además, solo el 27% de los adultos mayores cuenta con acceso a un seguro de salud.

El Bono Dignidad, creado mediante la Ley N· 3791 en 2007, se financia con recursos provenientes de las empresas capitalizadas y las regalías hidrocarburíferas. Ha sido un alivio significativo para los adultos mayores, que en su mayoría no tienen acceso a una jubilación digna ni a servicios sociales adecuados.

Casos como el de los mineros retirados reflejan esta situación crítica. Tras dedicar sus vidas a la minería, muchos sufren de silicosis y dependen de tanques de oxígeno alquilados. Sus pensiones, que en promedio no superan los 1.500 bolivianos mensuales, apenas alcanzan para cubrir medicamentos, y el Bono Dignidad representa una pequeña pero vital ayuda.

Esta situación se agrava bajo un gobierno que ha demostrado poca sensibilidad hacia las necesidades reales de la gente. El MAS ha priorizado proyectos macroeconómicos y programas populistas que no benefician a todos los sectores. Las reservas internacionales han caído a niveles críticos, pasando de 15.000 millones de dólares en 2014 a menos de 2.000 millones en 2024. Este despilfarro financiero deja al Estado sin capacidad para sostener programas sociales clave.

La tercera edad ha contribuido al desarrollo del país a lo largo de sus vidas y merece, al menos, un trato digno en su etapa de mayor vulnerabilidad. Reducir el alcance del bono no solo pone en riesgo su estabilidad económica, sino también sus vidas mismas.

Si el gobierno busca ahorrar en tiempos de crisis, el recorte no debe empezar con los más vulnerables. Es necesario reducir el tamaño de la burocracia estatal, que en Bolivia supera los 600.000 empleados, muchos de ellos designados por afinidad política. Además, los sueldos del presidente, ministros y altos funcionarios —que oscilan entre 15.000 y 25.000 bolivianos mensuales— deberían ser reducidos significativamente. Este ajuste no solo aliviaría las finanzas públicas, sino que demostraría un compromiso real con la austeridad y la equidad.

Hay que exigir una política pública seria y coherente que priorice a los adultos mayores. Esto implica proteger y ampliar el Bono Dignidad, pero también implementar reformas estructurales que aseguren su bienestar. Es necesario un enfoque más amplio que garantice derechos básicos para los adultos mayores, como sistemas de pensiones sostenibles, acceso gratuito a medicamentos y programas de apoyo social. Si el MAS no cumple con este mandato básico de justicia social, su discurso de inclusión y progreso se consolidará como una fachada vacía, sostenida por un gobierno que, cada vez más, se asemeja a una camarilla de delincuentes insensibles al sufrimiento ajeno.

Chapare, un reino de sangre y cocaina

 

Bolivia contempló una vez más horrorizada una tragedia que evidencia la podredumbre moral y social que ha arraigado en el corazón del Chapare, un territorio que, bajo la sombra de Evo Morales, ha mutado de cuna sindical a capital del narcotráfico y la barbarie. Cinco vidas apagadas, cinco historias truncadas por un crimen que no solo refleja el salvajismo de sus autores, sino el estado de impunidad y anomia en el que el cocalero ha sumido a esta región.

El secuestro y asesinato de Cristian Serna, Tadhashy Loroña, Trinidad Muñoz, Liza Loroña y Juan Carlos Román en Pucamayu, cerca de Villa Tunari, no son actos aislados de violencia; son el resultado directo de un sistema que se alimenta de la ilegalidad, la corrupción y la indiferencia estatal. Según las declaraciones de Ernesto Almaraz Chura, el principal acusado, la madrugada del 13 de noviembre tres de las víctimas llegaron al Chapare para intentar rescatar a Tadhashy, un joven atrapado en un conflicto con comunarios sobre el pago de unas armas encargadas por los bloqueadores. Lo que siguió fue un descenso al infierno: amarrados, encapuchados y juzgados fueron sometidos a un “tribunal” que decidió su destino sin piedad ni remordimiento.

Almaraz describe con psicopático detalle el orden de los asesinatos. Uno a uno, sacó a las víctimas del vehículo. Tadhashy fue el primero, ejecutado de un disparo. Luego, Juan Carlos, un militar jubilado, corrió la misma suerte. Las dos mujeres no tuvieron un destino distinto: un tiro a quemarropa terminó con sus vidas. Pero fue Cristian Serna quien sufrió el castigo más atroz. Intentó huir, pero fue encontrado entre platanales, obligado a arrodillarse en un agujero cavado a toda prisa y enterrado vivo. Su agonía quedó como testimonio del salvajismo que reina en una zona donde la justicia es dictada por el miedo y la cocaína. Eso si, declara el monstruo : el dinero qué llevaron las victimas para rescatar a Tadhasy “ está en manos de la comunidad “

Estas muertes y la bárbara crueldad son la consecuencia lógica de un sistema que Evo Morales ayudó a construir y fortalecer. El Chapare, donde el 94% de la producción de coca no pasa por mercados legales, es el epicentro del narcotráfico en Bolivia. Morales, lejos de combatir esta realidad, la institucionalizó y legitimó. Bajo su gobierno, la superficie de cultivo de coca legal se expandió a niveles históricos, apenas disfrazada de defensa cultural. Sin embargo, gran parte de esa coca no está destinada al acullico o a otras actividades licitas, sino a los laboratorios clandestinos que inundan de cocaína los mercados internacionales.

El Chapare es hoy un feudo donde la ley del Estado ha sido reemplazada por la de las mafias. Los comunarios, supuestos guardianes de una causa indígena y popular, se han convertido en los ejecutores de una violencia tan visceral como organizada. La región, que alguna vez fue el emblema del sindicalismo campesino, es ahora un lugar donde el narcotráfico campea y no solo controla la economía, sino también la vida y la muerte de quienes se atreven a desafiar su autoridad.

Evo Morales es, sin duda, el responsable de este caos. Durante su mandato, no solo expulsó a la DEA y debilitó las instituciones anti narcotráfico, sino que también consolidó una cultura de impunidad que ha permeado todos los niveles de la sociedad. Bajo su egida, el Chapare dejó de ser un territorio boliviano para convertirse en una república independiente de la cocaína, donde las armas, las venganzas y la barbarie son moneda corriente.

La inmoralidad de Morales no tiene límites. Mientras los cadáveres de estas cinco personas eran sepultados en fosas comunes y sus restos quemados, el líder cocalero continuaba proclamándose defensor del pueblo. Pero, ¿qué pueblo defiende? ¿El que siembra coca para los narcos? ¿El que entierra vivo a un hombre sin juicio ni ley? Morales y su legado representan la peor traición a Bolivia: una nación que alguna vez soñó con justicia y progreso, pero que ahora se ve atrapada en una espiral de corrupción, narcotráfico y violencia.

Es hora de mirar de frente esta realidad, agarrar el demonio por las astas  y exigir un cambio radical. Bolivia merece un futuro donde la legalidad no sea un concepto vacío, donde las vidas no sean sacrificadas en nombre de una economía del crimen. Pero ese futuro solo será posible si se desmantela el sistema que Morales dejó atrás, un sistema que no solo permitió el narcotráfico, sino que lo convirtió en el motor de una región y la síntesis de una era de decadencia y sangre.

El problema no es la unidad, es el liderazgo

 

La política no es una suma aritmética. La idea de un candidato “único” asume que los votos de otros candidatos se transferirán automáticamente a este. Sin embargo, en la política no funciona así: cada persona vota según sus propias razones y convicciones. Si el candidato no convence, su condición de “único” no abastecerá, no votaran por él, y en otros casos, los masistas desencantados, por ejemplo, podrían no dar el paso si ven que lo único que une a los que propusieron al “único” es su antimasismo.

Los intentos de unidad en México y Venezuela fueron exitosos a nivel de la formulación, pero un fracaso a nivel del resultado final. En Venezuela, María Corina Machado no pudo ser candidata y el elegido por ella esta hoy en el exilio, aunque podría ser que el triunfo de Donald Trump y el nombramiento de Marco Rubio como secretario de estado cambie las cosas.  En México la unidad opositora distrajo la contienda a tal punto que recién hoy se empiezan a dar cuenta de la magnitud del fraude que les hicieron.

Al revés, los casos de Argentina, Paraguay y Ecuador evidencia que no es necesario un candidato artificialmente “único” si el candidato es verdaderamente único y genuino en su personalidad y propuestas. Ni Javier Milei ni Daniel Noboa ni Santiago Peña invitaron a que los otros opositores se plegaran, los derrotaron en 1era vuelta por la claridad de sus convicciones e ideas.

La imposición de un solo candidato elimina la diversidad ideológica y el debate interno a nivel de la sociedad, los medios y de cada partido. Al concentrar la representación en una sola persona, las demás posturas se ven relegadas, y el debate sobre temas fundamentales como la economía y la institucionalidad queda subordinado a la agenda de un solo actor.

Por último está el complicadísimo y existencial problema de determinar quienes tienen derecho a participar en el proceso de escogencia del candidato único y si algunos por funcionales al MAS deben ser excluidos. Dependiendo donde se coloque la vara para discriminar entre unos y otros se puede d conformar una coalición cuyo candidato único sea de los mas funcionales e inútiles. Es asi como por ejemplo e La Paz acabó eligiendo como Alcalde a Iván Arias Duran.

En lugar de un candidato único, se debería permitir que el proceso democrático se desarrolle en dos vueltas, donde los ciudadanos decidan quién representa mejor sus intereses. La unidad, si ha de lograrse, debe ser una decisión de la ciudadanía, no de un pequeño grupo de candidatos, y la ciudadanía siempre escogerá el liderazgo.

El único argumento en contra de lo que precede es que el MAS podría obtener 40 % de los votos en 1 era vuelta algo que desde el punto de vista lógico y refrendado por las encuestas es absolutamente imposible sin un fraude grosero al estilo de Maduro. El principal objetivo opositor pasa entonces no por elegir a un Dios del olimpo “único” sino por evitar el fraude para lo cual existen tres condiciones esenciales y una absolutamente imprescindible.

Para asegurar un proceso justo, es crucial: Un Tribunal Supremo Electoral imparcial, Un padrón electoral nuevo y confiable y una ley que asegure el control sobre la propaganda estatal que beneficia al oficialismo.

Si se logra un escenario electoral justo, los partidos de oposición deben coordinar para defender el voto en las mesas electorales. Esto implica contar con delegados capacitados de todos los candidatos opositores en cada una de las 30 000 mesas, trabajando en equipo y solidariamente para garantizar la transparencia del proceso. La unidad aquí debe ser en defensa del voto, la condición sine qua non para lograr librar a Bolivia de la oscuridad masista.

Un 21060 de la etica

 

Las casi dos décadas de la trágica experiencia del Movimiento al Socialismo han impuesto una necesidad ineludible en Bolivia: debemos emprender un proceso profundo de purificación que redima la mediocridad exaltada, la moralidad mezquina y la bajeza que se han instalado como normas de nuestra vida pública. Necesitamos hoy una genuina revolución: un renacimiento ético tan decisivo como lo fue el Decreto 21060 en términos económicos y financieros. Esta tarea es ardua, pues el deterioro moral no solo ha desgastado la capa superficial de nuestra sociedad, sino que ha corroído sus estratos más profundos, afectando a todas las regiones, las clases sociales, todas las edades y todo ámbito público.

El MAS ha consolidado la creencia de que la ley es un adorno conceptual, algo a respetarse solo cuando conviene. Han creado, además, una burocracia monstruosa y reglamentaria, una telaraña en la que la normativa carece de espíritu ético, de fundamento moral o, incluso peor, de sentido práctico, hecha solo para cobrar y perjudicar

 En esta Bolivia convertida en parodia, lo esencial ya no es el conocimiento, sino el “papelito” que lo pruebe. No importa si alguien está enfermo o moribundo; lo esencial es la fotocopia que certifica la vacuna para poder ingresar a un hospital. No importa si alguien es culpable o inocente; lo que cuenta es que haya cumplido con los trámites burocráticos, cargados de una miseria ética que empequeñece el espíritu. En esta estructura sin alma, se sacrifica el mérito y se apadrina la mediocridad en nombre de la paridad de género o, simplemente, por la bendición de quienes detentan el poder político.

Este deterioro ha alcanzado tal magnitud que se defendió, sin rubor, que la reelección indefinida era un “derecho humano”, solo porque unos adefesios de tribunos así lo sostuvieron, una aberración que hiere la dignidad de todas las verdaderas víctimas de violaciones de derechos humanos y contamina las funciones más sagradas del Estado.

Una revolución ética y moral debe comenzar estableciendo, con fuerza y claridad, que una sociedad civilizada no puede sobrevivir sin valores. No hay salvación fuera de ellos, aunque sea que los comportamientos los asuman inicialmente con hipocresía y que la educación y la coerción los transformen luego en costumbres. Se puede concebir no enseñarles a los niños la disciplina, honradez y la decencia, la necesidad de no faltar a la verdad, ¿la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Es posible hacer empresa, educar, sanar, competir o definir políticas públicas sin valores?

Hoy nuestra democracia se ha convertido en un cascarón vacío, carente de contenido, pues ha sido despojada de principios básicos como la división de poderes, un mínimo de buena fe, el respeto por el otro y el mínimo sentido genuinamente democrático. Esta erosión no puede ser ignorada pues aceptarla es renunciar a valores y principios.

En la historia universal encontramos episodios en los que la voluntad política logró desencadenar revoluciones éticas y morales con efectos duraderos para sus pueblos y para la humanidad. Desde la Revolución Francesa, cuyos ideales de libertad, igualdad y fraternidad sentaron una base ética para la política occidental, hasta el movimiento abolicionista que confrontó la inmoralidad de la esclavitud y los derechos fundamentales de los seres humanos; pasando por el movimiento kemalista de Atatürk en Turquía, que refundó la república bajo ideales de secularidad, racionalidad y modernización. De manera comparable, la transición democrática en España, que impulsó una ética de reconciliación, el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y la Revolución Meiji en Japón, que promovió el deber, el honor y el servicio a la nación, son ejemplos de que el cambio moral y ético colectivo. es posible.

Hoy, Bolivia necesita una transformación semejante, una enérgica revalorización de los principios y valores esenciales. Esta es una propuesta, un 21060 ético y moral, un renacimiento de la ética pública que restituya la dignidad y los valores de nuestra sociedad, convencidos de que solo con una base ética renovada podremos reconstruir la cohesión y el respeto que nuestra nación necesita para avanzar hacia el futuro. Las líneas de trabajo de un verdadero cambio del estado y de la sociedad a ese nivel son:  La generalización fundamentalista de la transparencia., la  educación y la concientización, un sistema sancionatorio, uno de estímulos y premios, la puesta en valor de la rendición de cuentas, de la fraternidad y la espiritualidad en libertad.