Una contienda desigual

En pocas áreas de la administración de la demagogia activa que le caracteriza, es más hábil el populismo chavista que en la de legitimar mediante la apariencia democrática y electoral el eventual respaldo a sus acciones. Es evidente que a casi cuatro años de gobierno, la popularidad individual de Evo Morales se mantiene robusta, y que el resultado de los últimos comicios es, en gran medida, reflejo de ello. Pero ambos hechos son ante todo la consecuencia de una administración del poder estatal, comunicacional y prebendal que, desde un comienzo, a violado los mas elementales parámetros de lo aceptable en democracia así como de una economía relativamente firme, una herencia del modelo inaugurado en 1985 y potenciado mediante la capitalización, que se mantiene a pesar de los esfuerzos retóricos por destruirla, así como del exponencial crecimiento del narcotráfico.

Morales no ha dejado de estar en campaña electoral desde su inauguración como presidente y a substituido la ausencia de políticas de su gobierno en casi todas las áreas y su total desinterés por la administración estatal mediante el recurso de eludir el examen periodístico, durante más de un año ni siquiera respondía a los periodistas bolivianos, y a través del inmisericorde bombardeo mediático de consignas falaces y las puestas en escena de toda índole.

No solo se negó a debatir con nadie, sino que amenazó con meter preso al principal candidato opositor y a su acompañante vicepresidencial, encarcelado arbitrariamente hace más de un año, no se le permitió ni siquiera comunicarse con la prensa, adicionalmente al hecho de que las relaciones presidenciales con los medios consistieron en insultos recurrentes y en amedrentamientos terroristas, incluyendo casos en que estuvieron implicados miembros de la propia guardia presidencial, y otros donde periodistas linchados como Carlos Quispe o amenazados ni siquiera fueron investigados.

La relación de gastos de campaña, solo en el periodo propiamente eleccionario, con todos sus oponentes sumados debe haber sido, fácilmente, de 100 a 1 empezando por el uso y abuso de bienes estatales y el cohecho activo mediante la prebenda abierta financiada con recursos no presupuestados, así como la distribución de bonos a los funcionarios públicos y la utilización de un estándar politizado en el tratamiento de los casos de corrupción, para lo cual sin rubor se sustituyó en la contraloría a un funcionario elegido por diez años por dos tercios del congreso por un diputado oficialista.

Luego de casi 50 millones de dólares gastados en un padrón biométrico supuestamente para asegurar la transparencia electoral, la Corte Nacional amenazada de juicio por los ministros de defensa y gobierno y de acciones violentas por los paramilitares que el gobierno denomina “movimientos sociales” acabó otorgando en cuestión de horas, el derecho al voto de casi medio millón de ciudadanos que había observado como irregularmente inscritos, en un proceso en el que se involucraron a funcionarios venezolanos y en el que no se cumplió como manda la ley, con la distribución del padrón a los partidos políticos. Este panorama no estaría completo sin la mención a los ataques al tribunal constitucional y a la corte suprema que descabezaron ambas instancias hechos que viabilizaron la total impunidad oficialista. Es en esas condiciones que se llevo a cabo la campaña electoral y en las que votaron los ciudadanos en muchos casos obligados bajo la consigna del voto “comunitario”.