viernes, 28 de noviembre de 2008

Justificando la barbarie

Al analizar lo sucedido en Achacachi, resulta difícil determinar si los hechos en sí entran en la categoría de bestialidad incomparable ya que existen abundantes antecedentes en la región que incluyen la antropofagia colectiva, o si en realidad las reacciones son las que merecen un prioritario análisis sicosocial, y siquiátrico.

En cualquier sociedad contemporánea, incluyendo las dominadas por radicalismos islámicos, estos hechos hubiesen merecido un rechazo unánime, total, sin discusión ni matiz. En cualquier sociedad civilizada, hasta el más elemental de los ciudadanos sabe que el trato cruel no sólo está prohibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos sino que los acusados tienen derecho a la defensa y a un proceso.

La visualización de actos de esta índole hace en teoría sufrir a seres no esquizofrénicos, siendo la característica de estos últimos cabalmente la inhabilidad de distinguir entre el bien y el mal, no por razones éticas sino físico cognitivas. Esto nos distingue de los animales porque, gobernados por el instinto de creación y la facultad de raciocinio y emoción, los seres humanos pueden percibir el dolor ajeno, cosa que no está probado que los animales puedan experimentar, dominados como están por el instinto de repetición. Esta facultad de sensibilidad racional es, además culturalmente, un espacio en el que teóricamente se juntan desde izquierdistas hasta católicos, pasando por liberales, humanistas y evangélicos, hombres y mujeres todos de acuerdo en la necesidad de censurar la crueldad.

Pero luego del apocalíptico espectáculo realizado delante de todos los niños de un pueblo y la pasividad del ejército allí acantonado, presumiblemente instruida desde el Ejecutivo, y ante la abrumadora evidencia, la “Ministra de Justicia” ofrecía “investigar a los ladrones”, la señora A. Pando se refería a las víctimas como “ningunos angelitos”, el señor Gamarra calificaba como “compañeros” a los cobardes asesinos, el Viceministro de Justicia Comunitaria aclaraba que no es la justicia de su despacho pese a que investigaciones sugieren lo contrario, y el abogado Rogelio Mayta justificaba muy orondo los alevosos crímenes opinando que “la justicia no hace justicia” por lo que se entienden estos casos.

Estas justificaciones, y el infinito silencio del Presidente y del Vicepresidente, ni siquiera un esbozo vago de política pública, amén de deshonrosas para la condición de autoridades y de bolivianos, constituyen objetivamente actos de autoincriminación culposa, de alevosía y complicidad en relación con eventuales futuros linchamientos. Desafiando las reglas médicas, éticas, culturales y la ya anotada distinción, estos casos deben ser, presumiblemente, las excepciones que confirman la regla.

En todas estas tomas de posición culposas, moral, política y jurídicamente, ni una palabra de conmiseración ante el medieval sufrimiento. Sólo una sistemática reiteración de los antecedentes y supuestos delitos, lo que a efectos penales y morales es absoluta y totalmente irrelevante. Las víctimas pueden haber sido la reencarnación de Herodes o unos ladrones consuetudinarios; es cabalmente la forma en que lidiamos con ellos lo que nos distingue como humanos y civilizados de los delincuentes, de las bestias y de los pueblos enfermos.

domingo, 2 de noviembre de 2008

Crimen y castigo

El rol del poder ejecutivo boliviano en los luctuosos hechos de Pando fue a todas luces, vil e indigno y pasará a lahistoria como un hito en la historia universal de la infamia. No hubiese habido ningún muerto ni herido, no hubiesen habido siquiera enfrentamientos si es que el Señor Ramón Quintana ministro de la presidencia, es decir el más cercano al Evo Morales, no contratara y organizara, presumiblemente con dinero venezolano, a cientos de campesinos en la localidad de Riberalta cuyos líderes fueron armados y preparados para enfrentarse militarmente, mientras el grueso era cínicamente utilizado como carne de cañón.

El señor Quintana ha sido filmado en un video ampliamente difundido anunciando prácticamente en detalle sus intenciones y amenazando al prefecto Leopoldo Fernández, recientemente ratificado en las urnas por el voto popular. Es un acto de desvergüenza y cinismo descarado que a pesar de estos antecedentes se siga insistiendo en el linchamiento de Fernández y que se pretenda que un proceso sobre los hechos pueda prescindir del protagonista principal, el señor Quintana. El video en cuestión seria evidencia suficiente en cualquier parte del mundo para someterlo a proceso e incluso a una diagnostico siquiátrico.

El Hecho de que el prefecto pandino, un hombre con decenas de elecciones ganadas con el apoyo de su pueblo, haya sido secuestrado y tomado de rehén por parte del gobierno constituye una violación a sus derechos legales y humanos y a los principios más básicos del debido proceso. Pretender que luego de haber permanecido ilegalmente secuestrado en la Paz, incomunicado, sometido al incesante desfile de grupos irregulares contratados para amedrentarlo, Leopoldo Fernández no pueda ser ahora conducido a Sucre de acuerdo a un fallo judicial, solo revela el alma de linchadores de quienes, empezando por el presidente Evo Morales y el Vicepresidente García Linera. sustentan semejante despropósito. Ello no es de extrañarse puesto que Morales ha señalado en reiteradas oportunidades que se ríe en la ley y Linera a estado en la cárcel por actos terroristas en los que murió gente. En cuanto a la acusación que los jueces recibieron dinero para el fallo obviamente Morales no aportará jamás nada que se parezca a un prueba de semejante difamación.

La actitud de los líderes políticos de la oposición, de su colegas diputados y senadores, así como de los prefectos de la denominada media luna de no mover ni un dedo para representar los derechos del prefecto secuestrado es no solo un error político de gran envergadura sino la prueba de que la indecencia, y la falta de hombría de bien no son monopolio del oficialismo en Bolivia. El estridente silencio de los prefectos así como de Jorge Quiroga y Doria Medina, dice muy poco de su verdadera catadura moral y de la talla de su eventual liderazgo. Este mutismo no solo concierne el caso de Fernández como tal sino tiene relación con la situación de decenas de detenidos, varios de los cuales fueron torturados, centenares de refugiados políticos, un numero solo comparable a la cantidad de exiliados durante los 7 años de dictadura de Banzer y es cómplice de la ocupación militar de Pando, donde el masismo se aboca a la tarea de destruir a la institucionalidad y a la sociedad pandina.